La macroeconomía argentina es lo más parecido a un campo minado. El Gobierno no sólo debe atender el problema de la falta de dólares y de un gasto público desbordado, dos cuestiones que de por sí exigen una gran pericia, sino que ya hay otra bomba que empieza a activarse, y que podría resultar letal en caso de que la actividad ensaye cualquier tipo de recuperación: es la energética.

Para los especialistas de la industria, la decisión del Banco Central (BCRA) de empujar a las grandes empresas a una reestructuración forzosa de sus deudas en dólares sólo contribuirá a acelerar la debacle, que comenzó a gestarse a mediados de 2019, y que tiene en vilo tanto a las empresas del sector, como a los gobernadores patagónicos, que están viendo sus finanzas arrasadas.

Y es que las características de los yacimientos argentinos obligan a la industria a mantener un continuo flujo de inversiones solo para sostener los niveles de producción, ni hablar para incrementarlos. Con un mercado de capitales ínfimo, en las compañías estiman que apenas un 20% de esas inversiones pueden fondearse localmente. Y, aun llevándose gran parte del dinero disponible para préstamos del sistema financiero argentino -YPF, Pan American Energy, Vista Oil, Pampa Energía, Total Austral están entre los 10 principales deudores del sistema-, el aporte que pueden recibir de los bancos locales es insignificante.

La inversión de las empresas energéticas depende sobre todo del fondeo internacional. «Cada año -ilustra el director financiero de una petrolera-, nosotros refinanciamos deuda por unos US$1500 millones e invertimos unos 1800 millones». ¿Cómo harán esas empresas ahora para conseguir dinero para mantener su actividad estable si a los acreedores les dicen que por dos años no podrán pagarles lo que les habían prometido? El desafío es todavía mayor para las empresas que tienen emitidos bonos. No es lo mismo sentarse a negociar con un banco que con miles de acreedores minoristas, que podrían exigir que las empresas les paguen con el flujo que tienen en alguna cuenta en el exterior -todas las petroleras manejan dinero afuera- o ejecutando alguna garantía.

Las empresas no cuentan con los beneficios de un país: no hay inmunidad ni cláusulas de acción colectiva. No hay margen para hacerse el guapo en una negociación corporativa. En la industria de petróleo y gas, que requiere de constantes inversiones, a baja tasa y de largo plazo, no hay demasiados antecedentes de empresas que hayan defaulteado y después seguido en actividad.

En algunas compañías albergan todavía la esperanza de que el BCRA haga cambios a la norma en los próximos días. Hoy la empresa de bandera, YPF, tiene previsto plantearle el tema en una reunión al presidente del Central, Miguel Pesce. La petrolera estatal cerró a fin de julio un canje de deuda por US$1000 millones, que solo un mes y medio más tarde podría tener que revisar. En la semana, Pesce también recibirá a la AmCham, la cámara de comercio norteamericana, que incluye a empresas como Exxon Mobil, Vista Oil & Gas, AES y PAE, entre otras. Si hay algo que le reconocen al Gobierno en el sector privado, es que hay capacidad de escucha. Capacidad de reacción o de comprensión de los temas, ese es otro asunto.

Botón rojo

La medida del Central, no obstante, es el botón rojo que terminaría de activar una bomba que viene gestándose desde hace tiempo. Hace un mes, el consultor Daniel Gerold, tal vez una de las personas más respetadas en la industria, hizo una cruda descripción del sector en una presentación ante el Club del Petróleo. Según dijo, las inversiones estimadas no superarían los US$2660 millones este año, cuando la industria necesita al menos unos US$7500 millones anuales para mantenerse en forma. «O va a haber pérdidas enormes o una cadena de defaults», advirtió entonces.

Porque empresa que no produce difícilmente genere ingresos para pagar sus deudas. La industria petrolera y gasífera argentina, dice Gerold, está fuertemente endeudada: se estima que debe unos US$17.000 millones, de los cuales solo YPF debería responder por US$7800 millones. A esto se suman otros US$8000 millones del sector eléctrico. Simplificado al extremo, según su diagnóstico, el problema solo se solucionaría con un esquema transparente de reglas, precios de mercado y una apertura de las exportaciones.

La industria está virtualmente trabajando al mínimo, cuando no paralizada. En la cuenca neuquina, por caso, hay solo siete equipos en perforación activos, contra 50 de agosto de 2019. En gas, en tanto, se pasó de un récord de 350 pozos terminados en 2018 a cero este año. Lejos quedaron los sueños de que Vaca Muerta reemplace al complejo agroexportador. Y no solo porque, con la pandemia, el precio del crudo a nivel internacional se desplomó de US$58 por barril a poco menos de US$25 -fue el caso del crudo Brent, el de referencia en el país-, lo que hizo que algunos proyectos no convencionales se volvieran financieramente inviables. Porque, pese a que la demanda global se recupera y también los precios -el viernes ya se ubicaban en US$43 el barril-, la industria sigue sin certezas de largo plazo para avanzar. Y, ahora, ya sabe además que probablemente tampoco tendrán financiamiento.

Toda la cadena energética está crujiendo. No solo la parte del upstream (o producción). También en el último eslabón, el de la distribución, se evidencian serios problemas. Metrogas, compañía de la cual YPF tiene el 70%, anunció hace días que no podrá pagarles a los productores por el gas contratado en junio, julio y agosto, estacionalmente los de mayor consumo, lo que equivale a unos $7500 millones.

Hasta los más pequeños de la industria, las distribuidoras de garrafas, nucleadas en Cadigas, alertaron la semana pasada que podría haber faltantes en las próximas semanas. Los números, dicen, ya no les cierran. Por cada garrafa de 10 kilos, que en el mercado deben vender a $350, pierden 110 pesos.

Existe un consenso a esta altura de que, salvo que el Gobierno tome cartas en el asunto en forma urgente, lo más probable es que el invierno que viene la Argentina tenga que volver a importar gas. Cómo hará para pagarlo a precio de mercado (más alto que el local) y en efectivo, como suele exigirse, cuando no cuenta con un colchón de dólares en el BCRA, será una incógnita. Para la política argentina, 2021 equivale al futuro lejano.

¿Habrá alguien en el Gobierno tomando nota del problema que se avecina? El energético es un sector clave de la economía; no hay actividad económica si no hay energía. Sin embargo, hace 10 meses que prácticamente no hay quien mande en el sector. Primero, fue designado Sergio Lanziani como secretario de Energía, alguien que no era del palo y al que enseguida se lo vació de poder, y ahora se lo reemplazó por Daniel Martínez, un contador que no termina de asumir.

Entre tanto, los planes que se habían planteado para resolver el problema, como el Gas IV, se paralizaron. En el presupuesto 2021 que presentó la semana pasada el ministro Martín Guzmán -ahora responsable de la Secretaría de Energía- está previsto destinar US$200 millones a la producción de gas, apenas 18% de lo que se estima que requiere el sector. ¿Significa eso que subirán entonces las tarifas en al menos un 100%, en un año electoral, para que cierren las cuentas? Ingenuo plantearlo, por más que el ministro ya anticipó que no deseaba un crecimiento real de los subsidios.

Bancos nerviosos

En el cortísimo plazo, está claro que la mirada del equipo económico está en contener la sangría de reservas, que no aflojó la semana pasada aun después del endurecimiento del cepo. En los bancos hay gran nerviosismo. Hasta el viernes no habían logrado ajustar sus sistemas a la nueva operatoria. Es prácticamente imposible cumplir con todo el cotejo de datos que ahora les exige el BCRA para liberar la compra de US$200 por home banking. Algunos temen que el fragor de la crisis cambiaria lleve a sus clientes a ponerse nerviosos y buscar retirar los dólares que tienen depositados en el sistema. Hay depósitos en moneda extranjera por US$19.712 millones.

Guerreros ya de varias batallas -todas recientes-, los bancos comenzaron la semana pasada los trámites para importar de la Reserva Federal unos US$500 millones en billetes, que estarán llegando en estos días. El sistema solo tiene prestados el 30% de sus dólares, el resto los tiene líquidos. Después de la corrida de agosto de 2019, ninguno quiere asumir riesgos. De hecho, para evitar dolores de cabeza ya en los últimos días varios bancos grandes dieron la orden en sus sucursales de no tomar nuevas colocaciones en dólares de sus clientes.

También entre las provincias que en los últimos años emitieron bonos hay gran incertidumbre. Economía fijó estrictas pautas para la renegociación de las deudas provinciales. Córdoba, Mendoza, Entre Ríos, Salta, Buenos Aires son solo algunas de las que están en tratativas para avanzar en canjes, siempre acordes con los lineamientos de Guzmán.

Al igual que la Nación, que hasta febrero pasado siguió pagando los cupones para evitar caer en default, algunas buscan mantener sus pagos al día mientras negocian. Pero en estos casos ahora no está claro si el BCRA les dará los dólares para cubrir los vencimientos que vienen. El primer test le corresponderá a Santa Fe, que tiene que pagar US$8,75 millones pasado mañana, y luego Córdoba, el 12 de octubre, US$26 millones. ¿Habrá cadena de defaults corporativos y además subsoberanos? Falta poco para saberlo.

Cualquier negocio en la Argentina con este nivel de cepo parece inviable.

Difícil plantear un negocio de largo plazo en la Argentina cuando la dirigencia está enfrascada en el cortísimo día a día, no ofrece la más mínima perspectiva de largo plazo y desatiende cuestiones que al fin y al cabo son fundamentales para poder sortear los problemas de hoy.

Fuente: La Nación.