La pandemia del Covid expone en forma aguda los problemas estructurales crónicos que el sector energético tiene desde hace al menos 4 lustros. En el comienzo de la primavera 2020 todas las cadenas de valor de la industria energética muestran su inviabilidad y su falta de competitividad.

El Informe de Tendencias del IAE Mosconi, con datos oficiales de julio de 2020 informa que los subsidios energéticos se incrementaron en 100 % en los 7 primeros meses respecto a 2019, valor muy superior a la inflación. Proyectado al año los subsidios llegarán a unos 5700 millones de US$ (aprox. 1,4 % del PBI) La demanda de subsidios energéticos no se agota en esa cifra: todavía está pendiente la aprobación del Plan Gas IV y a ello habría que adicionar el 25% del Impuesto a la Riqueza (¿por única vez?) cuyo destino sería recomponer las finanzas de YPF, lo que agregaría en conjunto otro punto de PBI como mínimo El descalabro sectorial es indisimulable y estos son sus síntomas: La situación económico financiera de YPF es sumamente delicada. El proyecto oficial de Impuesto a la Riqueza propone destinar un 25% de la recaudación del mismo a esta empresa con que pone de manifiesto la magnitud del problema.

La empresa Metrogas – propiedad de YPF- líder de las distribuidoras de gas natural que opera en el AMBA dejó de pagar el gas a los productores. La compañía alega como causas del no pago la caída de la demanda, incremento de la morosidad de la clientela y el congelamiento tarifario impuesto por el Gobierno nacional; todo lo que hace inviable el funcionamiento empresario. Si esta situación se extendiera al resto de las 9 Distribuidoras, hecho probable, estaríamos frente a un gran problema social en el caso que ello derivara a interrupciones del servicio.

Por idénticas causas las Distribuidoras eléctricas han dejado de pagar la electricidad que distribuyen, lo que también pone en peligro el suministro eléctrico que es esencial.

Una solicitada de la Cámara de Empresas Pyme de Biocombustibles de principios de septiembre le reclama al Poder Ejecutivo regular el precio del biocombustible congelado desde diciembre de 2019, lo que en caso de no hacerse llevaría al cierre de dichas plantas.

La caída de la producción de gas natural en los últimos meses fue mayor que la caída de la demanda, lo que indicaría que las productoras no están en condiciones de abastecer la baja demanda con los precios actuales, ni tampoco exportar excedentes al mercado internacional.

La realidad es que la Energía se ha convertido en los últimos años en un voraz demandante de Subsidios del Tesoro Nacional; y éste no está en condiciones de satisfacer ese requerimiento creciente y los consumidores tampoco. Es probable que en ausencia de estos subsidios las empresas se servicios públicos energéticos se encaminen a la cesación de pagos y luego a la quiebra y eso debería ser evitado. Esto es la síntesis del problema y obliga a buscar soluciones distintas a la habitual del “toma y daca”.

Es interesante detenerse en esos subsidios que cada vez más son gestionados en forma corporativa, coordinada y unificada. Una organización conformada por gobernadores provinciales; sindicatos y empresas del rubro afectado presionan a un conjunto débil e inexperto de funcionarios públicos que no conocen ni auditan costos eficientes. Esa solución no es sostenible en el tiempo; y tampoco nos hará más competitivos como país.

La vigencia del mecanismo corporativo de gestión de subsidios explica por qué, más allá de la grieta política que divide al país, hubo consenso entre quienes demandan subsidios y el propio Gobierno nacional de turno que los otorgó muchas veces a contramano de lo establecido en la legislación. El Estado argentino del Siglo 21 está atrapado en una lógica perversa: otorgar subsidios que al vencimiento se renuevan en forma automática con cualquier pretexto.

Solucionar ese problema requiere del Gobierno nacional una respuesta gradual y sistémica que vuelva el sistema energético al equilibrio económico y financiero que asegure en forma sostenible la producción de productos y servicios públicos energéticos de calidad. Y ello implica reformas estructurales. El problema permanece irresuelto desde la salida de la convertibilidad y ahora se agudizó. El precio de transacción del gas natural en boca de pozo es el punto nodal.

En este contexto es positivo el reciente traspaso de la Secretaria de Energía a la órbita del Ministerio de Economía lo cual en los hechos es reconocer que el mayor problema energético irresuelto son los subsidios y que el verdadero “Ministro de Energía” será quien asigne con pericia los mismos. La restricción es que esos subsidios deberán quedar plasmados en un Presupuesto Nacional aprobado por el Congreso; para ello debería funcionar el Parlamento y también la política.

Fuente: Noti AR.