Por Esteban Rafele escritor y periodista político

El Presidente confirmó que no habrá más incrementos este año. La cuenta de subsidios, por ahora, se compensa con ajustes en salarios y jubilaciones.

“Si hubiera seguido lo que indicaba la normativa en materia de regulación tarifaria que dejó vigente el gobierno anterior, tendríamos que haber aumentado 180% la tarifa de electricidad y 160% la de gas. Y ese 160% de gas se convirtió en 6% y ese 180% se convirtió en 9%. Lo hicimos porque sabemos que han hecho un enorme esfuerzo y no podemos pedirles más”. Este martes a mediodía, el presidente Alberto Fernández puso punto final a la discusión en el Frente de Todos sobre las tarifas, si faltaba algún indicio para saber que estos incrementos de un dígito serán los únicos del año. La postura de los funcionarios que responden a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner se impuso sin dobleces sobre la del ministro de Economía, Martín Guzmán.

Lo que, desde el aspecto macroeconómico, significa una nueva enmienda a un Presupuesto que era la «hoja de ruta» de Guzmán, desde el plano político es una derrota para el funcionario que había blanqueado la interna al intentar despedir al subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo, e imponer un aumento en la factura de electricidad del 15% en dos veces. El interventor del Enargas, Federico Bernal, el otro vocero del ala cristinista, celebró esta mañana en radio Con Vos: «La pesadilla tarifaria se terminó». Y consideró que «el subsidio sí o no, su análisis puramente economicista, no está contemplando que esto es un servicio público». Ese análisis economicista tampoco contempla que, en un año de elecciones, un aumento mayor implicaría un nuevo deterioro en los bolsillos de sectores duramente castigados por la pandemia.

Con la suba de tarifas ya lanzada y la confirmación, por parte del Gobierno, de que no habrá aumentos en los impuestos a los combustibles hasta diciembre -YPF había supeditado el precio de la nafta desde mayo en adelante a esa variable-, el episodio energético se pone en modo electoral. Detrás quedaron, episodios como la doble audiencia pública para definir la tarifa de gas. Mientras Bernal avanzó y concretó el incremento de la tarifa para transporte y distribución (donde no hay subsidios), el secretario de Energía, Darío Martínez, buscó definir el nivel de subsidios que el Gobierno destinaría a la energía. En ese evento, la subsecretaria de Hidrocarburos, Maggie Luz Videla, había dicho que para que los subsidios no aumentaran, las tarifas de gas debían subir de 17 y 35%. No hubo novedades al respecto.

Según las proyecciones de Guzmán, un congelamiento total de las tarifas hubiera sumado medio punto de déficit sobre el PBI a la proyección presupuestaria. El ministro estaba más pendiente de la energía eléctrica que del gas, en donde los subsidios, por debajo de la línea del gasto corriente, se concentran en la extracción. El debate, desde su óptica, es tan político como fiscal: preferiría poner esa montaña de dinero en gasto de capital, por el efecto multiplicador de la obra pública, antes que en abaratar facturas de luz y de gas de muchos sectores que no lo necesitan. La segmentación llegará más adelante, pero mientras tanto el Presupuesto paga la cuenta.

El episodio tarifario es el tercer golpe que recibe esa «hoja de ruta» en menos de un semestre. Las proyecciones de inflación del 29% quedaron truncas. La expectativa de crecimiento (5,5%) aún es factible, pero las consultoras empiezan a rever estimaciones de rebote que el propio Guzmán pensaba conservadoras, del 7%, que hubieran agregado también más recursos desde el lado de la recaudación. La meta de déficit primario, del 4,5%, es factible, pero la expectativa de reducir ese objetivo que había dejado trascender el propio ministro en tiempos de alta brecha cambiaria se diluye.

El Gobierno usó el primer cuatrimestre para hacerse de una suerte de «colchón de gasto». El costo fue un duro ajuste en salarios y jubilaciones. Según la Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP), el gasto en remuneraciones y prestaciones de la seguridad social subía 30% anual, 16 puntos por debajo de la inflación anual. También disminuyeron las transferencias a provincias, para compensar aumentos en los subsidios. Las transferencias corrientes al sector energético treparon en abril 128,4% anual, a $152.856,6 millones.

Matías Carugati, director de la consultora Seido, estimó que «el déficit primario será en torno al 4,5 o 4,7% del PBI». Y agregó: «La dinámica fiscal viene algo mejor de lo esperado en lo que va del año, aunque se anticipaba que lo más difícil iba a ser a partir de mayo». El «gasto covid», por ahora, es moderado. Matías Rajnerman, de Ecolatina, agregó: «El Presupuesto quedó viejo, lamentablemente, por la ausencia del gasto covid y la aceleración inflacionaria». En su visión, «es probable que el rojo fiscal primario termine por debajo del 4,5% del PBI, pero la configuración interna será distinta a la del Presupuesto, por más recaudación y más subsidios».