Si realidad es la existencia efectiva de cualquier bien, ficción es lo opuesto, es decir una invención, la idealización de lo que no es —pero que puede ser— o la imaginación de lo que no hay —pero que puede haber. En el ámbito petrolífero del país, creo que la amplitud del espectro de posibilidades se ha establecido perfectamente y la gama de posiciones que dentro del mismo puedan definirse para las acciones que se pretendan efectuar en la industria petrolera boliviana se extiende desde los hechos concretos para materializar cosas, hasta soñar con algo cuya concreción puede resultar improbable o imposible, por lo menos en el presente.

El tiempo es, generalmente, el elemento que posibilita que la ficción se convierta en realidad, pero no es lo único: muchas veces, el sólo transcurrir de las horas, días y años no es suficiente. Se requiere, además, adoptar decisiones, expresar voluntades, tener condiciones físicas, capacidad operativa, recursos técnicos y financieros y, fundamentalmente, consenso.

El modelo extractivista de explotación de nuestros recursos naturales ha estado acompañado, hasta hoy, por un modelo de gobernanza preponderantemente cortoplacista, incluso, y con mayor énfasis, en el último período de mayor bonanza relacionado con el auge de precios de las materias primas. El uso tradicional de las rentas, orientado al corto plazo, resulta contradictorio con la propia naturaleza de los recursos en que se basan las actividades extractivas, ya que se trata por definición de dotaciones no renovables.

Por el contrario, las rentas originadas por dichos recursos se las dilapidó en vez de contribuir efectivamente —a través de la inversión pública en proyectos de largo plazo con alto retorno social— a generar condiciones más sostenibles para el desarrollo y para el bienestar de las generaciones futuras. Esto demanda para el actual Gobierno, una gobernanza que tienda a reproducir el capital natural no renovable para convertirlo en un acervo de capital renovado, sostenible y de largo plazo, a través de la acumulación de capacidades productivas, tecnológicas y de innovación, basada en mejoras constantes de una educación pública de calidad, de la infraestructura y de los sistemas nacionales de promoción de la productividad en todos los segmentos industriales (microempresas, pymes y grandes empresas).

Para el sector energético —que genera grandes rentas, pero muy volátiles—, cada vez que se produce un ciclo de subida de precios, surgen incentivos para renegociar los contratos o nacionalizarlos. Además, los gobiernos son impacientes y quieren recibir la renta petrolera inmediatamente, conociendo perfectamente que el sector se caracteriza por una inversión inicial en activos inmovilizados que no tienen otro uso y que maduran en el largo plazo, una vez que se termina el ciclo de inversión y se aumenta la producción y las reservas.

En el mundo económico, la seguridad jurídica se vincula con los incentivos para invertir y reinvertir. Si las inversiones requieren lapsos prolongados para ser viables, como ocurre en materia de hidrocarburos, la necesidad de reglas de juego estables y fiables es aún mayor, por lo que los sistemas jurídicos y el régimen fiscal petrolero tienen una incidencia directa en los volúmenes de inversión y, en consecuencia, en la producción de hidrocarburos.

La época dorada de los esquemas fiscales rígidos, basados en elevadas regalías o cargas económicas fijas, sin considerar la rentabilidad de los proyectos hidrocarburíferos, tiende a acabarse y, por el imperativo de una nueva realidad energética, debemos optar por conformar un marco jurídico adecuado para la inversión y reinversión privadas que compiten con la empresa pública, cuyo manejo debe ser más transparente.

Fuente: Jorgue Marquez Ostria para Los Tiempos