La Unión Industrial Argentina (UIA) intensificó su presión sobre el Congreso para modificar el esquema de integración local previsto en el Súper RIGI. Tras la firma del dictamen de mayoría en el plenario de comisiones, la entidad advirtió que el requisito de destinar al menos el 20% de las compras a proveedores locales puede diluirse si no se especifica que ese porcentaje debe aplicarse exclusivamente a bienes con valor agregado nacional.
El proyecto establece que los megaproyectos que ingresen al régimen deberán contratar al menos un 20% de sus adquisiciones a empresas radicadas en el país, sin diferenciar entre bienes y servicios.
La UIA planteó que, con esa redacción, una parte significativa del cupo podría cumplirse mediante contrataciones de obras, servicios logísticos o tareas que de todos modos se realizan localmente, sin generar demanda adicional para la producción manufacturera.
La directora ejecutiva de la entidad, Laura Bermúdez, señaló que la versión original del proyecto no contemplaba ningún porcentaje mínimo destinado a la industria nacional y que la incorporación del 20% en el dictamen fue un avance parcial.
La central fabril busca ahora que el texto acote ese cupo a bienes industriales y que el porcentaje aumente gradualmente a medida que los proyectos avanzan en sus etapas de inversión y operación.
La UIA advirtió que la experiencia del RIGI mostró limitaciones para promover la integración de proveedores locales. Según la entidad, una parte relevante de las inversiones se canalizó a través de obras y servicios, mientras que la participación de bienes producidos por la industria argentina fue menor a la esperada.
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También cuestionó mecanismos que permiten reemplazar compras orientadas a proveedores nacionales por insumos o bienes finales importados, reduciendo el impacto sobre el entramado productivo.
El caso del proyecto minero Vicuña fue utilizado como ejemplo durante el debate. La decisión de importar campamentos modulares desde China para alojar trabajadores, pese a la existencia de fabricantes locales con capacidad para abastecer ese tipo de estructuras, fue señalada como una muestra de los desafíos que enfrenta la industria para participar en grandes emprendimientos.
La UIA sostuvo que existen empresas argentinas con experiencia en módulos habitacionales y que algunas ya abastecen proyectos energéticos, con ventajas en tiempos de respuesta y servicio posventa.
La entidad planteó que la autoridad de aplicación debe establecer reglas claras para verificar la disponibilidad de oferta local y determinar si las empresas nacionales pueden competir en precio y calidad.
También remarcó que muchas actividades vinculadas con minería, energía e infraestructura son relativamente nuevas en el país y que una mayor participación de proveedores argentinos podría favorecer el desarrollo de capacidades industriales a medida que crece la demanda.
Para la UIA, el debate sobre el Súper RIGI es crítico porque gran parte de los proyectos aún se encuentra en etapas preliminares y las principales contrataciones no comenzaron.
La definición del alcance del 20% obligatorio determinará qué proporción de las compras millonarias asociadas a minería, hidrocarburos, energías limpias, infraestructura y data centers se canaliza a través de la industria local durante las próximas décadas.
