Los afectados son Andrés Chambouleyron, Marta Roscardi y Carlos Bastos, aunque ninguno ocupaba el cargo actualmente. La resolución oficial, por lo tanto, no apunta a desplazaran a los funcionarios sino a declarar nulas las decisiones que hayan tomado, entre ellas la Revisión Tarifaria Integral.

La interventora del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), Soledad Manín, anuló los nombramientos de los directores del organismo designados por concurso durante la gestión del ex presidente Mauricio Macri. Según una auditoría que inició en marzo del año pasado la intervención, “se pudo verificar que los concursos por los cuales se designaron directores y directoras durante la gestión de la alianza Cambiemos adolecieron de graves irregularidades que requieren su anulación”. Los afectados son Andrés Chambouleyron, Marta Roscardi y Carlos Bastos, aunque ninguno ocupaba el cargo actualmente.

Cuando Federico Basualdo desembarcó como interventor en marzo del año pasado, el único de los directores que permanecía en el organismo era Marta Roscardi, pues Bastos y Chambouleyron habían renunciado y a los dos representantes nombrados por las provincias se les había vencido el mandado y no habían sido reemplazados. Por su parte, Roscardi, que se había quedado para garantizar la transición fue desplazada por la intervención. La resolución oficial, por lo tanto, no apunta a desplazar a los funcionarios sino a declarar nulas las decisiones que hayan tomado, entre ellas la Revisión Tarifaria Integral. Consultados por EconoJournal, fuentes de Cambiemos cuestionaron que una intervención avance sobre funcionarios elegidos por concurso público sin siquiera haber ido a la Justicia a impugnar el procedimiento.

Auditoría

La revisión de los concursos que encaró el ENRE comandado hasta diciembre de 2020 por Federico Basualdo, hoy en la Subsecretaría de Energía Eléctrica, arrojó como resultado que “incurrieron en vicios graves que convirtieron esos actos en nulos de nulidad absoluta. Una de las irregularidades observadas es la falta de publicidad plena y una cuestionable transparencia durante los procedimientos, particularmente en la integración de los órganos de selección y la arbitraria modificación de criterios de elegibilidad”.

Según el ENRE, “la falta de vinculación con empresas del sector eléctrico resulta fundamental para la selección de directores y directoras”. En concreto, el organismo que conduce Soledad Manín le apunta a la conformación del comité de selección del Consejo Consultivo de Políticas Energéticas, que “resulta sumamente cuestionable, debido a que se encontraba integrado por el denominado Grupo de Ex-Secretarios de Energía que formaron parte de la declaración de compromiso asumida por la alianza Cambiemos en agosto del 2014”.

Conflicto de interés

La revisión de los concursos también determinó “conflictos de interés y ética en el ejercicio de la función pública en las designaciones”. En este caso, los cañones apuntan a Andrés Chambouleyron, ex presidente del directorio del ENRE durante la gestión de Macri, que participó “en arbitrajes internacionales en calidad de experto por diferentes demandantes contra la Argentina, en la causa Azurix Corp. C. República Argentina (CIADI N° ARB/03/30) y Daimler Chrysler Financial Services AG c/República Argentina (CIADI N° ARB/05/1)”, detalla el comunicado del ENRE.

También es señalado Carlos Manuel Bastos, que fue vocal interino durante el desarrollo de los concursos, “quien participó y participa en arbitrajes internacionales en calidad de experto y testigo de demandantes contra la Argentina, en la causa AES Corporation c. República Argentina, Caso CIADI Nº ARB/02/17., la cual se encuentra en trámite a la actualidad y además intervino por la parte actora en varios precedentes en los que la Nación fuera demandada”.

En el caso de la ex vicepresidenta del directorio del ENRE, Marta Irene Roscardi, su designación se originó a partir de la recomendación efectuada por el entonces Ministerio de Energía. La auditoría del ENRE subraya: “mediante la convocatoria abierta propiciada para integrar el cargo que ostentaba Roscardi, ésta se presentó y resultó ternada para cubrirlo, siendo designada mediante el Decreto N° 84/18. Entre los fundamentos elaborados por el Comité de Selección, se destacó que ésta ya se encontraba en ejercicio del cargo, situación inadmisible para ser tenida en cuenta como sustento para su designación por resultar violatoria del principio de igualdad para con el resto de quienes integraron la terna”.

Además, el ENRE remarca que el proceso de los concursos para elegir directores del ENRE debe pasar por una comisión de 116 miembros del Congreso de la Nación, “lo que no fue debidamente cumplimentado por el ex presidente Macri”, señaló el ente regulador en un comunicado. “No existe constancia alguna respecto a la conformación de la Comisión en ninguno de los procedimientos de selección convocados para la cobertura de cargos; el P.E.N. sólo se limitó a informar las designaciones a los Presidentes de ambas Cámaras del Congreso”, agregaron desde el ENRE.

“La intervención sostiene que los procedimientos de selección de candidatos y la posterior elevación de las ternas pertinentes, la falta de publicidad en la convocatoria del primer concurso, la arbitrariedad manifiesta llevada a cabo por la administración en la integración de los comités de selección, la direccionalidad en los nombramientos y los arbitrarios cambios de criterio respecto de las aptitudes para el cargo de quienes luego fueron designados, permite sostener que existieron manifiestas irregularidades en el procedimiento que tornan nulos dichos nombramientos”, concluye el ENRE.

Conclusiones

La intervención del Entre presentó una serie de conclusiones de su auditoría, entre las que se destacan:

1. La publicidad del concurso establece: “…el procedimiento de selección (…) se iniciará mediante una convocatoria abierta que deberá difundirse en diarios de circulación masiva…”. Se violó un elemento esencial del procedimiento, lo que causa su nulidad.

2. La integración del Comité de Selección resultó arbitraria e infundada, existiendo un proyecto emanado de la Cámara de Diputados que cuestionó la idoneidad de parte de sus integrantes, advirtiendo su falta de independencia y objetividad debido a sus actividades profesionales y al peligro de que acontezca la situación en la que el regulador sea capturado por el regulado.

3. La tendencia política del grupo que actuó como “Consejo Consultivo de Políticas Energéticas”, evidenciada en documentos de acceso público, altera la objetividad e imparcialidad con las que debe contar.

4. No existieron parámetros objetivos para llevar a cabo las puntuaciones de los candidatos, quedando ello evidenciado en las actas que fueron elevadas. Tampoco se fijaron criterios previos para la confección de las ternas.

5. En la convocatoria destinada a cubrir la presidencia del Directorio, el comité dispuso que se redujera el término previsto de tres a dos años para las incompatibilidades y conflicto de intereses regulado por la Ley 25.188, resultando tal disposición contraria a la ley.

Fuente: Econojournal.