La minera chilena Los Pelambres, controlada por Antofagasta Minerals del Grupo Luksic, consiguió mantener una medida cautelar que frena el avance de ARCA (ex AFIP) en su intento de cobrar impuestos por las actividades vinculadas a la escombrera Cerro Amarillo, ubicada en el departamento Calingasta, provincia de San Juan.
La resolución fue dictada por la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza, que rechazó el pedido del organismo recaudador para dejar sin efecto la cautelar vigente.
El conflicto tributario se originó en 2024, cuando la entonces AFIP inscribió de oficio a Minera Los Pelambres como contribuyente del Impuesto a las Ganancias en Argentina. El organismo asignó un CUIT, un domicilio fiscal y determinó que la compañía había operado un establecimiento permanente en el país desde 2012, a partir de las tareas de construcción y remoción de la escombrera. Bajo esa interpretación, ARCA sostiene que la empresa debe tributar por las actividades desarrolladas en territorio argentino, con un reclamo estimado en $6.000 millones.
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La defensa de Los Pelambres rechaza esa postura y argumenta que las acciones realizadas en San Juan no constituyeron una actividad económica permanente, sino el cumplimiento de resoluciones judiciales y compromisos bilaterales entre Argentina y Chile para resolver el conflicto ambiental por el depósito de material estéril. Con ese planteo, la compañía solicitó la nulidad de las resoluciones emitidas por la ex AFIP y obtuvo una medida cautelar que suspende cualquier intento de cobro hasta que exista sentencia definitiva.
La Cámara Federal mendocina consideró que el caso aún no reúne las condiciones para ser revisado mediante recurso extraordinario, dado que no existe resolución sobre el fondo de la cuestión. En consecuencia, la cautelar permanece vigente y la minera mantiene los plazos abiertos mientras continúa la discusión judicial sobre si corresponde o no tributar en Argentina por las tareas vinculadas al retiro de la escombrera.
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El antecedente de Cerro Amarillo es uno de los más relevantes en la historia minera de San Juan. Durante años, la mina chilena depositó material estéril en territorio argentino, situación que derivó en causas judiciales y en una orden inédita para remover completamente los residuos acumulados. El proceso de retiro concluyó en agosto de 2023, tras la remoción de aproximadamente 40 millones de toneladas de material. La Justicia Federal dio por cerrada la causa penal al verificar la reparación del daño y la ausencia de afectaciones ambientales derivadas de las tareas de remediación.
El caso abre un debate jurídico sobre la jurisdicción tributaria en operaciones transfronterizas y sobre la definición de establecimiento permanente en proyectos mineros binacionales. Si la Justicia confirma la interpretación de ARCA, Argentina podría aplicar impuestos a empresas extranjeras por actividades de remediación o servicios ejecutados en su territorio. Si prevalece la posición de Los Pelambres, se consolidará el criterio de que las tareas derivadas de acuerdos judiciales o diplomáticos no constituyen actividad económica gravada.
La resolución de fondo será determinante para futuros proyectos en zonas limítrofes y para la delimitación de la potestad fiscal argentina en operaciones mineras compartidas con Chile.
