Desde el sindicato de petroleros aseguran que El Trébol «presiona» para que realicen las gestiones con el Gobierno nacional, ya que YPF no les está comprando petróleo.

El 19 de mayo el Gobierno nacional oficializó la puesta en marcha del barril “criollo” a 45 dólares para salvaguardar la industria y así evitar que las petroleras despidan personal en medio de la crisis generada por la fuerte caída de la demanda. Entretanto la empresa El Trébol, una subsidiaria de Phoenix Global Resources (PGR), propiedad del grupo suizo Mercuria y del grupo Vila-Manzano, fue habilitada por la Provincia para realizar extracciones mediante la técnica del fracking en Malargüe, está ofreciendo retiros voluntarios a sus empleados.

La medida afectaría a unos 75 empleados directos de la petrolera, pero también involucra al personal externo, donde de igual manera se busca una reducción.

En un primer momento se enviaron telegramas de despidos pero la medida quedó en la nada, ya que hay un decreto nacional que los prohíbe. Sin embargo, dentro de su plan de ajuste, la firma estaría presionando para que los trabajadores acepten los retiros ofrecidos.

Desde el Sindicato de Petróleo y Gas Privado, David Castro, desentrañó la situación que atraviesa el sector y que afecta particularmente a El Trebol. Según explicó, uno de los problemas que enfrentan las contratistas es que YPF no está comprando petróleo, como consecuencia de la crisis que se generó por la cuarentena obligatoria, que llevó a un desplome de la demanda de nafta.

“Esta es una picardía de El Trébol que presiona para que nosotros hagamos todas las gestiones. El Gobierno tiene que tomar cartas en el asunto para que YPF reciba el petróleo”, manifestó el sindicalista.

Con respecto a los retiros voluntarios, el gremialista indicó que han solicitado a los trabajadores que no los acepten y por ese motivo realizaron una denuncia el Ministerio de Trabajo de la Nación. Además están reclamando por el pago de los sueldos. Se espera que el próximo viernes se realice una nueva audiencia entre las partes para acercar posiciones.

“El Gobierno subsidia con el compromiso de que las empresas den trabajo. Necesitamos que la gente vuelva a trabajar. Actualmente los yacimientos se están manejando con un 25% de trabajadores”, indicó Castro.

Este medio intentó comunicarse sin éxito con la empresa para conocer los motivos de su decisión.

Qué dice el Gobierno

El subsecretario de Energía y Minería, Emilio Guiñazú, indicó que la provincia hizo una solicitud a YPF para que considere su postura de no comprar crudo a terceros.

“La producción de YPF no cayó durante la pandemia, ha sido la menos afectada del país. Hemos solicitado que revea porque genera una crisis grande a las operadoras más chicas que producen el 15% del crudo de Mendoza”, explicó el funcionario.

De todos modos, fuentes del sector aseguraron que la petrolera de bandera nacional tiene los “depósitos llenos” de crudo, razón por la cual está priorizando su producción.

Con respecto a las acciones respecto del personal que viene realizando la compañía de Vila-Manzano, Guiñazú aseguró que “son decisiones propias de cada empresa”.

“Lo que pretendemos es que nadie tome decisiones de acuerdo a la coyuntura. Estamos haciendo un esfuerzo para que todo el mundo sobreviva. Si El Trébol está anticipando una situación pospandemia, es una decisión de ellos”, indicó.

La petrolera del fracking

Durante la gestión de Alfredo Cornejo, El Trébol obtuvo la concesión del área Puesto Rojas en Malargüe donde se aprobó un Plan Piloto que incluía 11 perforaciones que atraviesan la formación Vaca Muerta y además se autorizó una rebaja de las regalías del 12% al 9% para la empresa que realiza fracking.

De hecho, se generó una gran polémica con los ambientalistas cuando Cornejo firmó el decreto Nº 248 donde se reglamentaron las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos no convencionales que se hacen a través de estimulación hidráulica.

A raíz de eso, la red ambiental Oikos presentó una denuncia por inconstitucionalidad en la Suprema Corte, que todavía no fue resuelta y la fecha límite para dar un veredicto es el 31 de diciembre de este año.

Fuente: El Sol.