La suba de las regalías complicaría el escenario para competir por inversiones y vuelve a golpear la confianza de los inversores en el país.

En el marco de las negociaciones por la Ley de Bases, frente a la propuesta difundida de modificar la Ley 24.196 de Inversiones Mineras, desde la Cámara Argentina de Empresas Mineras advierten que una suba en el porcentaje de las regalías es un contrasentido y supone un retroceso en el camino hasta aquí transitado con el propósito de generar condiciones de mayor competitividad para el país.

La Ley de Inversiones Mineras busca ser un paraguas que brinde certezas a las empresas con voluntad de aportar para la Argentina inversiones de gran volumen, de carácter productivo y con largo plazo de recupero. La modificación de esta herramienta clave tendrá consecuencias en la confianza en nuestro país como destino de inversiones y tendrá los efectos contrarios a los que se busca propiciar con el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI).

Nuestro país ya posee una carga tributaria mayor a la de aquellas naciones con las que competimos por las inversiones. La presión impositiva argentina es alta y sumamente regresiva. Nuestro país está ante una oportunidad inigualable para desarrollar un sector estratégico, pero el aumento de las regalías lejos de transformarse en la solución inmediata que algunos imaginan para afrontar los problemas del actual contexto económico, podría generar el efecto contrario. Más impuestos, menos competitividad, menos inversiones.

Una modificación de este tipo impactaría negativamente en los proyectos productivos de oro y plata, que hoy representan el 70% de las exportaciones del país. En este segmento, dada la falta de nuevas inversiones, contamos mayormente con yacimientos maduros, cuyos costos de producción se van incrementando. Subir la presión impositiva sobre los mismos impactará acortando su vida útil, y en consecuencia, habrá menor recaudación, alcanzando un resultado opuesto al buscado. Se trata, además, de un sector donde no se generará un recambio, ya que no hay en cartera proyectos nuevos que estén iniciando su producción en los próximos años.

También afectará a los proyectos de litio, tanto los que están en construcción como los que están en producción. La ventana de oportunidad con la que cuenta la industria no acepta alteraciones en la seguridad jurídica. Siendo un sector en pleno desarrollo y el país con la mayor cantidad de proyectos a nivel global, el impacto en el cambio de las reglas de juego significaría un desaliento para nuevas inversiones.

Por otra parte, perjudicará también a los nuevos proyectos y ampliaciones que se esperaba propiciar con el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

Este es un tema sensible, prueba de ello es la escasa cantidad de grandes proyectos que se han puesto en marcha en las últimas décadas. Haciendo un ejercicio teórico, si tomamos solo los principales proyectos mineros en condiciones de avanzar en los últimos diez años, y que – mayormente – por cuestiones de contexto país han sufrido dilaciones en su puesta en marcha, veremos que Argentina, al día de hoy, ha perdido exportaciones anuales por USD 8.000 millones (actualmente el sector exporta USD 4.000 millones, cuando se podrían estar exportando USD 12.000 millones).

Esa pérdida no solo se mide en dinero: se traduce también en casi 100.000 puestos de trabajo que ya deberían estar activos y sumados a los que hoy reportamos, y en miles de pymes que ya deberían estar produciendo. Debe entenderse claramente: perjudicar la confianza y la competitividad del país tiene un costo que pagamos a diario todos los argentinos.

La inversión en minería en la Argentina no ha crecido por dos motivos fundamentales: falta de confianza y de competitividad. Frente a esto, el RIGI se muestra como una opción clave para motorizar la industria minera, especialmente los grandes proyectos de cobre. Entendemos que el RIGI apunta en el sentido correcto, y por ello nos preocupa que una medida tan largamente esperada quede diluida al ser acompañada de un proyecto que avanza en sentido contrario.

Debe entenderse que, aún con los beneficios del RIGI, apenas se lograría equiparar las condiciones que ofrecen nuestros países vecinos, en condiciones de mayor estabilidad. Confiamos en que el Poder Legislativo podrá analizar el escenario completo y las decisiones se tomen con miras al futuro.

La minería sólo genera riqueza para el país cuando hay empresas trabajando. En promedio, una empresa minera deja en el país 80% de lo que genera (entre impuestos, pago de salarios, compras a proveedores nacionales, etc.) Por el contrario, cuando los proyectos no avanzan, entre los principales perjudicados están las provincias que se ven privadas de una fuente de ingresos y de mejora económica, con claro impacto en el desarrollo social.

Hoy tenemos una valiosa posibilidad de convertirnos en un país que genere riqueza y desarrollo a partir de un aprovechamiento inteligente de sus recursos. Pero, si en lugar de una estrategia racional, se prioriza una salida fácil que castiga a un sector productivo con gran potencial de crecer, seguiremos siendo un país rico que condena a su población a la falta de oportunidades, y que genera, en cambio, cada vez más pobreza.

Desde CAEM enfatizan el importante rol que puede jugar la industria minera en la transformación de las economías regionales y por ello confiamos en que se tomen decisiones trascendentes, con visión estratégica, de largo plazo, y en beneficio de todos los argentinos.