Con los precios finales congelados desde el año pasado y los valores mayoristas que siguieron en aumento, la brecha entre ambos se agigantó.

El precio que pagan los hogares, los comercios y las pequeñas industrias por la electricidad que consumen no llegó el año pasado a cubrir ni la mitad de los costos de la generación y el transporte. La diferencia se cubre con subsidios del Estado nacional o en el peor de los casos queda sin liquidar.

Para colmo, buena parte de lo que las distribuidoras le cobran a este tipo de clientes, que son el 77% de la demanda, no la trasladan aguas arriba hacia sus proveedores, vía Cammesa, sino que se endeudan para financiar sus costos.

La pandemia y las medidas económicas tomadas aun antes de la cuarentena agrandaron la brecha entre el costo del sistema y la tarifa que se cobra, que a diciembre de 2019 era del 41% y hoy es del 51%.

Las tarifas finales de los servicios públicos están congeladas desde hace un año en nuestro país. Se habla se iniciar y proceso de recomposición de ingresos para los distribuidores de electricidad y gas, pero hasta ahora no hay señales en ese sentido.

El gerente de la Cooperativa de Electricidad Bariloche (CEB), Federico Lutz, advierte que “lo que se ve lamentablemente es siempre la autopsia de un sistema económico que no responde a la realidad de su concepción” (ver aparte).

Se refería al modelo que se creó a inicios de la década del 90 para poner en manos privadas la distribución y el transporte de electricidad que estaban en territorios estatales, y buena parte de la generación que también era de dominio público.

El famoso marco regulatorio eléctrico estaba diseñado para un país estable en lo económico, más allá de las desigualdades:

• La oferta de generación era suficiente y el precio del megavatio hora (MWh) dependía de los costos que declaraba cada productor para entrar en una subasta horaria.

• El transporte tenía un precio regulador por el ente nacional ENRE.

• Con ambos indicadores, la Compañía Administradora del Mercado Mayorisrta Eléctrico SA (Cammesa), que es un ente mixto manejado por la secretaría de Energía de la Nación, establecía un valor trimestral del MWh para que los distribuidores lo trasladaran a sus clientes.

• Se creaba un fondo de estabilización en Cammesa: si el valor trimestral provocaba excedentes, se le descontaba al trimestre siguiente. O al revés, si era insuficiente se compensaba con una tarifa final mayor.

• Una parte de los usuarios, los que tienen grandes demandas industriales o comerciales, podían pactar sus precios libremente con los productores, aun estando a muchos kilómetros de distancia. Los concesionarios de las líneas (por caso, para una juguera de Villa Regina el tendido lo maneja Edersa) cobraban simplemente un peaje.

Fueron años de sobreoferta y demanda deprimida.

Los precios mayoristas cayeron a niveles que, incluso en dólares, eran menores que los actuales.

Llegó la eclosión de 2001-2002 y para cuando la demanda comenzó a recuperarse no había oferta a disposición y se puso en funcionamiento cualquier máquina generadora disponible.

Las tarifas bajas hicieron además que el consumo creciera mucho más allá de una simple mejora económica.

El mercado del gas venía de una caída en la demanda de la misma proporción (la actividad industrial era muy baja) y cuando se le metió la presión de abastecer las centrales térmicas, el combustible no alcanzó y se echó mano a otro fósil, el fueloil, que es caro y contaminante.

Tarifas finales congeladas y costos en alza: pronto apareció la brecha, que desde hace más de 15 años se cubre con subsidios.

Encausar

En el gobierno de Mauricio Macri hubo un intento por reducir la brecha. Las tarifas se multiplicaron por 15 pero los costos siguieron aumentando de modo que la meta siempre estaba más lejos, como el caballo que corre detrás de la zanahoria.

Se puso en marcha una política de fomento de energías alternativas con el atractivo de contratos con precios fijos en dólares. La devaluación hizo lo suyo para que el peso de ese costo fuera más alto en el conjunto.

Hacia finales del gobierno de Macri, el precio estacional medio para los usuarios pequeños (casas, comercios, industrias pequeñas) era de 2.278 pesos en MWh y el costo, de 3.833. Con lo que se trasladaba a la tarifa se cubría el 59%.

A finales del año pasado, el precio estacional había bajado un 1%, 2.257 pesos, pero el costo era de 4.585, un 20% más.

Así fue que se redujo la cobertura de los costos mediante la tarifa.
En parte se compensó este desfasaje con la demanda con la tarifa industrial (grandes usuarios), que representan el 15% del mercado y cuya tarifa fue de 4.177 pesos el MWh.

El 8% restante fue exportación, a razón de 15.870 pesos en MWh.

Para Zambón, hay que revisar las normas

Francisco Zambón, presidente del directorio del EPEN neuquino, opinó que el marco regulatorio de los 90 quedó obsoleto.

P: ¿Se pueden mantener tarifas congeladas con costos que no paran de crecer? –le preguntó Río Negro.

R: A mediano y largo plazo, la divergencia del sendero de crecimiento de los costos con el de las tarifas, genera perjuicios en el servicio. Los costos están influenciados por la variación de costos locales (inflación) y fuertemente por el tipo de cambio, por los insumos y materiales de origen importado, o con alto porcentaje de componentes importados. Otra herramienta de política energética y económica, sería la de subsidiar el servicio. El Estado nacional, a pesar de los ajustes de las últimos cuatro años, viene subsidiando el precio mayorista, al no trasladar a tarifa el costo real de generación. Si no hay tarifa puede haber subsidio al segmento de la distribución, pero sin recursos, el servicio se resiente.

P:¿Hay que revisar el marco regulatorio de los 90?

R: El marco regulatorio funcionó en algunos aspectos, en otros como la expansión del sistema de transporte no fue efectivo. Después de tantos años, se han dictado una infinidad de resoluciones y normas administrativas que hacen que haya quedado obsoleto. Si se pretende un ordenamiento serio y duradero del sector, es necesario reformar o rehacer la legislación de fondo. Por otro lado, los avances tecnológicos (generación distribuida, la electromovilidad, la digitalización de los servicios) también hacen que sea necesario una modificación y actualización de la legislación.

Federico Lutz advierte sobre las consecuencias de “subsidiar de forma permanente e indefinida”

“El proceso de determinación tarifaria está signado por el deber de mantener un delicado equilibrio económico social, no solo para los agentes del mercado eléctrico mayoristas (generadores, transportistas y distribuidores), sino también para los usuarios en general, sean estos residenciales, comerciales y/o industriales”, consideró el gerente de la Cooperativa de Electricidad Bariloche (CEB), Federico Lutz.

“En esa concepción política de la tarifa se explica la representación del aporte de usuarios a los costos”, añadió.

“También juegan variables macroeconómicas como son el precio de los combustible fósiles” que, como commodities, se rigen por valores de referencia en dólares.

“Lamentablemente lo que veo es siempre la autopsia de un sistema económico que no responde a la realidad de su concepción”, opinó respecto del marco regulatorio vigente.

Para Lutz hay dos opciones: “o se asume el error o se cambian las variables indicativas del mercado eléctrico”.

Advirtió que si el costo de apegarse al marco actual “es subsidiar en forma permanente e indefinida el sistema hay que rever concepto”.

Fuente: Río Negro.