Quitarle al país esta pesada mochila torna más desafiante la necesidad de acordar políticas de Estado con reglas estables para nuevas inversiones, que permitan aprovechar todo el potencial que existe.

Casi 20 años después de la asunción presidencial de Néstor Kirchner, cada novedad en el sector energético tiene un deja vú de aquel mandato y los dos de Cristina Kirchner. Durante ese lapso “se pasó de un ciclo de dos décadas de energía abundante, barata y exportada, a otro de energía escasa, cara, subsidiada e importada”, como en 2010 lo definió acertadamente el ex secretario de Energía Alieto Guadagni.

Quitarle al país esta pesada mochila torna más desafiante la necesidad de acordar políticas de Estado con reglas estables para nuevas inversiones, que permitan superar el déficit de infraestructura y aprovechar a mediano y largo plazo todo su potencial energético. Sobre todo ahora, cuando tras cuatro años virtualmente desperdiciados, el pragmatismo de urgencia aplicado por Sergio Massa para dejar atrás la ideologizada política energética K choca contra la dramática escasez de reservas en el Banco Central, el endurecimiento del cepo importador y la inflación anual de tres dígitos.

Los resabios de esa política siguen presentes. Por caso, el 1° de mayo próximo volverá a operar en el puerto de Bahía Blanca el buque regasificador “Excelsior”, que hasta el 31 de agosto inyectará en la red de gasoductos una decena de cargamentos de gas natural licuado (GNL) importados por la estatal Enarsa para cubrir la demanda invernal. Se trata del mismo barco, perteneciente a la compañía estadounidense Excelerate, que arribó por primera vez al país hace 15 años con idéntica función y se repitió con otros similares en todos los inviernos, excepto los de 2019 y 2020. En 2011 sumó un segundo buque en Escobar que opera ininterrumpidamente los 12 meses. El regreso del “Excelsior” será posible ahora por un acuerdo entre el gobierno argentino y el alemán, que permitió a la empresa recontratarlo por estos cuatro meses para luego volver a Alemania, donde cumple un contrato de largo plazo ante la alta demanda europea por este tipo de buques desde la invasión de Rusia a Ucrania.

Cuando este barco había llegado en 2008 no hubo inicialmente un anuncio oficial, para disimular que la Argentina había comenzado a importar GNL, porque la declinante producción local de gas con precios regulados no alcanzaba a atender el mayor consumo invernal, catapultado por tarifas congeladas y crecientemente subsidiadas. Por entonces, la española Repsol –propietaria del 51% de YPF- fue forzada por el kirchnerismo a ceder 25% y el management al Grupo Petersen (de la familia Eskenazi), sin que éste desembolsara un dólar, ya que recibió un préstamo a pagar con utilidades que se restaron de las inversiones de la petrolera, hasta que CFK y Axel Kicillof dispusieron la expropiación accionariaen 2012. El resto es historia conocida, pero reactualizada por el juicio en el tribunal de Nueva York, que hace menos de un mes falló a favor del fondo Burford (adquirente de la quiebra de Petersen) y podría costarle al Estado argentino entre US$12.000 y 17.000 millones.

Otro tanto ocurre con la exportación de petróleo a Chile, interrumpida hace 16 años de un día para otro por Néstor Kirchner para preservar el abastecimiento interno. En mayo también se prevé reanudar las ventas de crudo tras la rehabilitación del Oleoducto Trasandino (Otasa), inactivo desde entonces y la reversión de una planta de bombeo que enviará unos 30.000/40.000 metros cúbicos diarios a la refinería chilena de Bio Bio. Las exportaciones que planea YPF junto con Chevron alcanzarían a US$1000 millones anuales. Aquí no hubo un juicio, pero sí una autocrítica pública de Alberto Fernández, que en 2007 era jefe de Gabinete cuando NK dispuso incumplir ese contrato en firme y el corte total de suministros de gas natural a Chile. “Nos portamos mal con nuestros hermanos chilenos”, admitió esta semana.

El actual Presidente carga por su parte con la responsabilidad de haber anulado en 2020 –a instancias del Instituto Patria–, la licitación para construir y operar con inversión privada el gasoducto troncal desde Vaca Muerta, convocada por el gobierno de Mauricio Macri en 2019 y que, tras el resultado de las PASO, fue declarada desierta. En cambio, aceptó otorgar la concesión de esta obra clave a la estatal Enarsa, financiarla con el impuesto a las grandes fortunas y, paradójicamente, rebautizarla como Gasoducto Presidente Néstor Kirchner.

Massa confirmó anteayer, en su exposición virtual ante empresarios petroleros convocados por IDEA en la capital neuquina, que la primera etapa del GPNK será inaugurada el 20 de junio como estaba anunciado. Los 563 kilómetros tendidos contrarreloj entre Tratayén (Neuquén) y Salliqueló (Buenos Aires), agregarán una capacidad inicial de transporte de 11 millones de metros cúbicos diarios que permitirá reducir en US$2000 millones las importaciones (de GNL y combustibles líquidos). En 2022 habían disparado el déficit comercial energético a casi US$5000 millones debido a la escalada de precios internacionales provocada por Rusia, pese a las mayores exportaciones de petróleo y derivados.

Sin embargo, aunque en el verano de 2024 se completarían dos componentes claves (como la instalación de dos plantas compresoras para duplicar la capacidad a 22 millones de m3 diarios y la construcción del ducto entre Mercedes y Cardales para conectar las redes de TGS y TGN en un anillo que abastecerá de gas a Rosario y las centrales termoeléctricas del Litoral), el anuncio de mayor relevancia del ministro fue otro.

El 20 de junio no sólo se licitará la segunda etapa del GPNK, sino que prevé el financiamiento privado en un esquema de articulación con el sector público. O sea, una modalidad emparentada con la que el kirchnerismo desechó en 2020.

Massa convirtió esa necesidad en virtud, porque no tenía otras opciones para dar el puntapié inicial al segundo tramo de 521 kilómetros entre Salliqueló y San Jerónimo (Santa Fe), que elevará la capacidad del gasoducto a 44 millones de m3/diarios, podría concluir durante 2024 y permitir mayores exportaciones de gas a países vecinos.

Hace cuatro meses había anunciado un crédito brasileño del BNDES por US$690 millones, que el gobierno de Lula luego desinfló al sostener que podía construirse con financiamiento público- privado. Y una semana atrás anunció en Washington otro por US$500 millones del Fondo Saudí de Inversiones, que no aplicaría a proyectos productivos sino de carácter social. En cambio, obtuvo un préstamo de la CAF por US$540 millones con destino específico: la construcción del ducto de 122 kilómetros entre La Carlota y Tio Pujio (Córdoba) para transportar gas neuquino a las provincias del NOA, revertir el sentido del Gasoducto del Norte de TGN y exportar dentro de dos años excedentes a Bolivia y a Brasil a través de ese país.

Sólo cuando se completen el GPNK II y estas obras, la Argentina podrá convertirse en exportador a gran escala de gas y de GNL a mercados de ultramar, que llevará tiempo y millonarias inversiones privadas hasta que se concrete alguno de los proyectos para instalar plantas de licuefacción de gas, fijas o flotantes.

Por eso el ministro habló en Neuquén de un Plan 2030 de exportación energética como política de Estado, aunque incluyó solamente una ley de promoción del GNL que prometió enviar al Congreso en los próximos días.

El proyecto prevé que las compañías que inviertan al menos US$1000 millones tendrán acceso hasta el 50% de las divisas obtenidas por sus exportaciones de GNL, estabilidad en la regulación cambiaria y beneficios fiscales. También el suministro y transporte de gas natural asegurado y autorización de exportaciones en firme, aunque sólo a través de gasoductos que lleguen a las plantas de licuefacción. Aun así, hay dudas de que vaya a ser aprobado por la oposición de Juntos por el Cambio mientras se mantenga en pie el proyecto K de juicio político a la Corte Suprema de Justicia.

Fuente: Néstor O. Scibona para Jujuy al día