Las distribuidoras deben casi $120.000 M y le plantean el primer desafío a la nueva gestión en Energía. Pandemia, tarifa congelada y presión empresaria.

Con Edenor y Edesur a la cabeza, las distribuidoras de electricidad triplicaron su deuda con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) durante 2020. El pasivo ya araña los 120.000 millones de pesos y hace crujir la cadena de pagos del sector. Ese frente es uno de los desafíos más pesados que debe afrontar en lo inmediato el flamante secretario de Energía, Darío Martínez, a lo que se suman el demorado Plan Gas y el precio de los combustibles.

El escenario es complejo. La pandemia redujo la facturación de las empresas a partir de abril por el parate de la cuarentena y el aumento de la morosidad que provocó la depresión económica.

Además, el sector privado apunta al Estado por el congelamiento de tarifas dispuesto por el gobierno de Mauricio Macri en abril de 2019 y extendido por Alberto Fernández, en principio, hasta diciembre próximo. Sin embargo, en el Gobierno desconfían de ese mantra y buscan separar la paja del trigo.

“No son todas lo mismo”, señalan, para diferenciar la situación de cooperativas, prestadoras provinciales y privadas. Entre las últimas, se recortan Edenor y Edesur, que deben más de $30.000 millones a Cammesa y, junto con Edersa, de Río Negro (del grupo Neuss), y Edemsa, de Mendoza (Manzano), explican ocho de cada diez pesos de la deuda de las privadas.

Los distribuidoras provinciales que acumulan el peor índice de cobrabilidad y conforman el 80% del pasivo del segmento son las de Santa Fe, Chaco, Córdoba y Misiones, tierra natal de Sergio Lanziani, el fallido titular del área hasta el 21 de agosto pasado.

Por eso, en los despachos oficiales subrayan que el proceso de endeudamiento no es uniforme y apuestan a una estrategia de negociación bilateral, analizando caso por caso. Por un lado, irán aquellas firmas con un pasivo estructural. Por el otro, las que resultaron afectadas por las consecuencias del aislamiento por la Covid-19.

La diferenciación busca desacoplar la discusión con las compañías que, sospechan, quieren compensar los fondos que no perciben por una tarifa congelada con la suspensión de los pagos a Cammesa.

“Dan por sentado que, a la larga, el Estado bobo se pone y condona la deuda”, analiza un conocedor del sector que pone como ejemplo el acuerdo rubricado por la gestión Cambiemos en mayo de 2019, a raíz del traspaso de jurisdicción de Edenor y Edesur.

Por esa condonación de deuda, que rozó los 35.000 millones de pesos, el entonces titular de Energía, Gustavo Lopetegui, fue denunciado ante la justicia.

ÚLTIMO ROUND. La guerra por quién financia al sector tuvo otro episodio de tensión alrededor de la Ley de Presupuesto. Durante la última revisión, el Presidente vetó dos artículos de la Ley 27.561 de ampliación del Presupuesto 2020 y sumó más tensión a la negociación por la deuda con Cammesa.

El texto aprobado por el Congreso el 13 de agosto y observado por Fernández pocos días después del anuncio de la llegada de Martínez a Energía abría un plan de financiamiento a través de créditos que las empresas podrían utilizar para equiparar los ingresos no percibidos por el freno a la Revisión Tarifaria Integral (RTI) parida por el ex ministro Juan José Aranguren.

El Presidente lo objetó, fundamentalmente, porque el plan repartía beneficios sin discriminar las “diferentes trayectorias de endeudamiento” de las prestadoras ni contemplaba el impacto fiscal ni “criterios de sostenibilidad, justicia y equidad”. Como si fuera poco, reconocía créditos sin asegurar “ningún compromiso de inversión”.

En silencio, la decisión presidencial fue festejada por las distribuidoras provinciales, que consideraban que “legalizaba el pedal de las grandes”. Según los cálculos de las principales consultoras del sector, las cifras de la deuda de Edenor y Edesur superan la proyección de ingresos que hubieran percibido con el tarifario macrista.

Por eso, cuando se conoció el veto, Carlos Ciapponi, titular de la cooperativa neuquina CALF, la más grande de la Patagonia, señaló que las distribuidoras de la Ciudad y la provincia de Buenos Aires reúnen “el 60% del pasivo de Cammesa” .“Han sido beneficiadas anteriormente”, disparó.

La incógnita que quedó en el aire es cuáles fueron las palancas parlamentarias que permitieron la redacción de los artículos polémicos. Algunas fuentes gubernamentales la atribuyen al vacío de la gestión Lanziani, pero los más suspicaces ven, en cambio, la mano de Rodrigo Alcorta, el especialista en regulación legal energética que, en su rol de director general de Coordinación Legal Eléctrica durante la era Cambiemos, redactó el acuerdo de 2019 que le ahorró decenas de millones de pesos a Edesur y Edenor.

Tras su salida de la función pública, Alcorta se recicló, con el empuje de las grandes empresas del sector, como gerente de Asuntos Legales de Cammesa.

La enmienda del Ejecutivo a su propio proyecto de presupuesto evidencia los barquinazos de una gestión que ahora tiene a Martínez al timón, bajo la órbita de la cartera económica que conduce Martín Guzmán.

Al frente de un sector vital para el desarrollo de la economía en la pospandemia, Martínez asume el desafío de encaminar el sistema eléctrico a menos de 90 días del inicio del verano tratando de evitar que la tensión con las empresas y con los usuarios suba al mismo ritmo que la temperatura.

Fuente: LetraP.