Esto es debido a la resistencia de YPFB a un acuerdo que permita garantizar los volúmenes mínimos determinados por la Secretaría de Energía para el abastecimiento del mercado interno argentino.

«Esta situación conllevaría el volver a aplicar los términos y condiciones establecidos en la primer adenda suscripta entre ambas partes para dicho contrato, representando para YPFB entregas aproximadas de 23 millones m3/día, lo que le genera incumplimientos muy por encima de los volúmenes que se estaban negociando para una nueva adenda que rondan los 7 millones de m3/día para el verano y 14 millones de m3/día para invierno», dijeron fuentes al tanto de la negociación.

La adenda anterior al contrato de suministro de gas de Bolivia tenía cláusulas de Take or Pay (TOP), que establecen la cantidad mínima de gas que el comprador se obliga a tomar o pagar aún cuando no la consuma, y de Delivery or Pay (DOP), el compromiso del vendedor de entregar el volumen de gas natural contratado o pagar el valor del mismo, así como los daños y perjuicios ocasionados por no haber entregado el gas natural.

El Gobierno argentino importa GNL para reemplazar lo que Bolivia no le entrega, esta situación requiere divisas adicionales. La Secretaría de Energía calcula para 2022 un costo de u$s 7,46 por millón de BTU para el gas que se importe desde Bolivia este año, mientras que el GNL importado puede rondar los u$s 23,72 por millón de BTU entre mayo a septiembre de 2022 y a eso aún hay que sumarle los costos de regasificación.

Adicionalmente Energía estima que la producción nacional abastecerá el 84% de la demanda de gas natural; otro 7% llegaría de Bolivia y el 9% que queda sería cubierto con GNL importado. En verano, cuando la demanda baja, se cubriría el total con la producción local (94%) y la importación de Bolivia (6%) mientras que en invierno el gas nacional sólo cubriría el 73%, el de Bolivia, un 9% y el 18% de la demanda debería cubrirse con GNL importado.