La Cámara Argentina de Biocombustibles (Carbio) desmintió en un comunicado las afirmaciones que sostenían que las plantas recibieron subsidios. Al mismo tiempo, comunicaron su adhesión al pedido de restablecer los cortes de naftas y gasoil con biocombustibles.

La Cámara Argentina de Biocombustibles (Carbio) desmintió en un comunicado las versiones de que las plantas industriales de biodiésel se construyeron con subsidios. “Nunca accedieron a ellos», dijo Luis Zubizarreta, presidente de la Cámara.

 Por otro lado, adhirió al pedido de las entidades sectoriales para que se restablezca prontamente el corte con biocombustibles en el mercado interno, y que las petroleras deben cumplir para la elaboración de naftas y gasoil.

Las entidades empresariales aseguran que no se cumple desde hace más de ocho meses con los porcentajes legales de corte obligatorio; siendo, por otra parte, importador de más del 30% del gas oil que se consume, y existiendo capacidad ociosa de combustibles renovables y alternativos de producción.

 Carbio reiteró la «urgencia de avanzar en un nuevo proyecto de ley en sinfonía con el formulado en el ámbito de la Liga de Provincias Bioenergéticas, que permita abastecer el mercado en un marco de libre competencia y contribuya con los beneficios medio ambientales y en la salud humana».

Para la entidad, la mayor demanda por los biocombustibles a nivel mundial se debe a que reduce las emisiones de dióxido de carbono y humo (particulado), que provoca enfermedades respiratorias, en comparación con los hidrocarburos que reemplazan.

Por  otro lado, las empresas exportadoras, nucleadas en Carbio, aclararon que no participan del sistema de cupos de ventas al mercado doméstico, regulado por la ley 26.093.

Hace una semana, las principales entidades que representan a las empresas elaboradoras de biodiésel con destino al corte obligatorio en combustibles también volvieron a reclamar al Gobierno nacional una actualización acorde a los costos en el precio de venta que regula la Secretaría de Energía.

Según las entidades, «las empresas elaboradoras de biodiesel continúan paralizadas porque no es posible producir con el precio fijado por el Gobierno nacional, ya que el mismo resulta insuficiente para cubrir la compra de la materia prima y los demás costos de producción».

A mediados de octubre el Gobierno actualizó el precio de los biocombustibles al otorgar un incremento de 10% y, a mediados de noviembre, el secretario de Energía, Darío Martínez, adelantó que se analiza «otra actualización» como parte de las «señales claras» que el Gobierno está dando al sector para otorgarle un horizonte de mediano y largo plazo a esas inversiones.

Asimismo, a fines de octubre obtuvo dictamen un proyecto de ley presentado por la legisladora santafesina del Frente de Todos María de los Ángeles Sacnun que apunta a prorrogar hasta 2024 el actual régimen de promoción para biocombustibles, cuya vigencia se extiende hasta mayo de 2021.

Fuente: Campo Litoral.