El gobierno de Alberto Fernández explicitó en la última quincena de marzo su política tarifaria para el sector energético. La misma se articula con dos componentes: 1) la materia prima más importante -el gas natural- tiene un precio fijado por el Plan Gas 4 (y su duración es de 4 años); y 2) la implementación de un Régimen Tarifario de Transición para los servicios públicos de transporte y distribución de gas natural y electricidad en un lapso de dos años. Importante: estas tarifas están congeladas desde marzo de 2019 o sea 24 meses.

El precio del gas natural es el que determina el 40% del total de las facturas de gas y de electricidad del consumidor promedio. Ese precio, validado por el Gobierno a principios de año, es muy alto; duplica el precio del mercado mundial y no surgió de costos auditados ni de un proceso de subastas competitivo.

El anuncio de la política fue atípico; se hizo en cuatro Audiencias Públicas realizadas entre el 15 y el 30 de marzo. Los interventores de los Entes Reguladores de la Electricidad y del Gas, y la Subsecretaria de Hidrocarburos fueron las autoridades convocantes y fijaron en sus discursos la política oficial hasta 2023.

La interventora del ENRE, por ejemplo, lejos de ceñirse a su función específica, realizó un discurso donde definió criterios de fijación de tarifas reguladas no previstas en la legislación vigente –art. 56 de la ley 24065- y además opinó que la parte de los gastos de las empresas no cubierta por las tarifas debería ser cubiertas por subsidios del Tesoro Nacional, siendo que ello no es resorte del ENRE ya que están fijados en el Presupuesto 2021.

En esa Audiencia ningún funcionario del ENRE hizo mención a los efectos del congelamiento de tarifas de Transporte y Distribución de jurisdicción nacional que lleva 24 meses, siendo que durante ese lapso las empresas tuvieron que soportar incrementos de precios mayoristas del 130%, y una inflación a precios del consumidor que superó el 100%.

No solo eso: el ENRE ignoró que el incremento de la canasta de costos internos de las Distribuidoras de la Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires que abarcan al 30% de los consumidores argentinos en ese periodo de congelamiento tarifario estuvo comprendido entre en un valor muy cercano al 150% y que la nómina salarial de Edenor y Edesur en el lapso de congelamiento tuvo un incremento del orden de 65%. Haber omitido esa información que estaba en poder de la interventora fue un fraude y desnaturalizaron la audiencia.

Hay que asumir que un congelamiento de 24 meses con una inflación que en dos años es cercana al 100% constituye una mala praxis política y económica y eso no debería ser ignorado ni por el oficialismo ni por la oposición.

Es necesario asumir que la política tarifaria es equivocada y debe cambiarse. Los ciclos de congelamiento se repiten y abarcan a casi todos los gobiernos. A causa de ello, el funcionamiento del sector energético genera una situación de déficit crónico. El Estado ha tenido en lo que va del siglo 21, y particularmente en la última década, un comportamiento dual: por un lado, validó precios exorbitantes para la producción doméstica de gas natural muy por encima de los precios internacionales.

Pero, por otro lado, el mismo Estado congeló tarifas reguladas lo que es insostenible en un sistema de alta inflación.

La fórmula aplicada tiene una falla conceptual que se repite en el tiempo pero que se agudizó en los últimos diez años. Liberar precios del gas natural no existiendo un mercado abierto y competitivo genera precios del gas altos, e impagables, para la mitad de la población en el actual contexto socioeconómico.

Al mismo tiempo, al congelar tarifas para que el usuario no note el problema, el Estado forzó el incremento de los subsidios energéticos tornándolos insostenibles para la Economía nacional. Para sostener la actividad, el Tesoro Nacional aportó en forma de Subsidios Energéticos, a la demanda y a la oferta, 129.000 millones de US$ en el lapso de la década que finalizó en 2020.

En la resolución de este problema nadie en su sano juicio debería ignorar que el sector energético realiza la prestación de servicios públicos en un contexto general de alta pobreza que según las últimas mediciones asciende por ingresos al 42% de la población y en donde la inflación anual se ubica entre las más altas del mundo en el orden de un 45% anual.

Es claro entonces que el mecanismo es insostenible, y corregirlo es un desafío que requiere acuerdos políticos de largo plazo, pero también un manejo centralizado y coordinado desde el gobierno con una centralidad en el Ministerio de Economía que hoy parece no existir.

Para finalizar, se necesitan ideas claras y funcionarios capaces de implementarlas. En este contexto y en estas circunstancias es muy preocupante que los interventores de los Entes Reguladores -con mandatos originales vencidos y prorrogados por DNU- en sus discursos hayan dejado bien en claro que existe una gran confusión conceptual en el gobierno entre los roles propios de los Entes que básicamente consisten en son la aprobación técnica de las tarifas, y el diseño de la política tarifaria y de subsidios que son funciones propias de la Secretaría de Energía y del Ministerio de Economía.