José Martínez De Hoz, socio de MHR Abogados; Francisco Romano, Socio, EstudioPérez Alati Grondona Benites & Arntsen, y Pablo J. Alliani, socio de BOMCHIL, dieron su parecer respecto de la norma propuesta por el gobierno

Las implicancias de la futura nueva Ley de Hidrocarburos, fue el tema principal que reunió a tres especialistas durante el panel moderado por Juan Compte, editor de Negocios de El Cronista, en el 4to. Energy Summit.

El presidente Alberto Fernández anunció a senadores y diputados nacionales la decisión del Poder Ejecutivo de enviar en los próximos meses al Congreso un proyecto para una nueva Ley de Hidrocarburos procurando alentar inversiones y producción en el rubro, en el contexto de la política energética del gobierno asumida como una cuestión «clave para asegurar el desarrollo del país».

Al respecto, José Martínez de Hoz, socio de MHR Abogados, comentó que la actividad del sector energético ligado al petróleo está regulada por una ley que data de 1967 y que se actualizó la actividad para la extracción no convencional con otra normativa más contemporánea. «Mientras tengamos un estado insolvente, va a estar siempre la tentación de romper las reglas de juego. Hoy hay tres niveles de condiciones: una macro sana, con baja inflación, libertad cambiaria y solvencia fiscal», explicó.

Inestabilidad política, economía errática, presión tributaria e inseguridad jurídica son causas apuntadas por empresarios y economistas como las principales causas que desalientan las inversiones en la Argentina. El proyecto de Ley destina un capítulo a un régimen de promoción con beneficios impositivos y regulatorios para incentivar la llegada de inversiones extranjeras Francisco Romano, socio del Estudio Pérez, Alati, Grondona, Benites & Arntsen, sostuvo que para invertir hace falta confianza y eso «no se logra con una nueva ley sino cumpliendo las leyes vigentes».

Entre los principales puntos del proyectos sobresalen la fijación de un mecanismo que otorgue previsibilidad en torno a cómo responderá el precio local del petróleo frente a saltos en la cotización internacional; un esquema que promueva las exportaciones de gas; y un régimen promocional que prevea beneficios impositivos.

Pablo Alliani, socio en el estudio Bomchil, consideró que la ley debería «dar un marco nuevo para que las empresas vean estabilidad fiscal y regulatoria hacia adelante», en un negocio que requiere grandes inversiones.

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