Los inversores dispuestos a desembolsar un mínimo de US$1000 millones en una planta para licuar gas con miras a exportarlo, tendrán que construir su propio gasoducto desde Vaca Muerta para vender al mundo sin restricciones. Es una de las condiciones de un estratégico proyecto de ley que Economía planea enviar al Congreso y cuyo borrador abrió fuerte polémica con las empresas del rubro.

A fin de año la secretaria de Energía, Flavia Royón, anunció que el ministerio de Sergio Massa enviaría al Parlamento al menos dos propuestas que deberían servir para atraer inversiones de envergadura en el área energética. Una para diseñar un régimen para promover la producción y exportación de hidrógeno. Otra, para facilitar la producción de gas natural licuado (GNL).

Para que se consolide el boom exportador de hidrocarburos que avizoran tanto en el Gobierno como en las empresas privadas es necesario licuar el gas, lo que permite despacharlo por barco al mundo. De lo contrario, las expectativas se limitan a vender por caño algo a Chile y a Brasil, lo que frustra el anhelo de generar un ingreso masivo de divisas.

Pero las inestables condiciones macroeconómicas locales no le permiten a la Argentina competir con otros destinos de los grandes capitales, Estados Unidos entre ellos. Una planta de licuefacción vale varios miles de millones de dólares y tarda unos años en su ejecución, cuestiones que extreman los riesgos.

A fin de atenuarlos, el Gobierno bosquejó un proyecto que crea un régimen promocional a 30 años para proyectos de inversión, a los que, además de desgravaciones, se les promete expresamente estabilidad regulatoria y fiscal.

El texto empezó a circular en un testeo informal entre las productoras, varias de ellas con iniciativas de GNL en diferente grado de avance.

Exelerate y TGS tienen un proyecto en ejecución de pequeña envergadura pero escalable; YPF y Petronas volvieron a anunciar hace días una ambiciosa propuesta integral que concatena desde la desde la producción de gas a su licuefacción, pasando por un ducto que ligue los dos puntos. Iniciativa a la que el proyecto en ciernes daría gran respaldo.

Pero hay otras muchas ideas inversoras germinando, a la espera de que alumbre esta iniciativa. El circuito que se genera es similar al que se describió con la mega ley para promover hidrocarburos que Alberto Fernández anunció frente a los máximos ejecutivos empresarios en el Museo del Bicentenario y pero aún no vio la luz.

Para algunas empresas las ventajas promocionales eran insuficientes y la intervención estatal, excesiva. Pasa algo parecido ahora.

El proyecto para animar la construcción de plantas de GNL pone un tope a la alícuota de Ganancias que tributarán los concesionarios, libera de retenciones a las exportaciones si la unidad de gas licuado (millón de BTU) valiera hasta 15 dólares y prevé un derecho de exportación máximo de 8% cuando supere los 20 dólares (hoy el GNL está por encima de ese valor y se estima que en el invierno local rozaría los 40 dólares).

Los concesionarios de la planta podrán disponer hasta el 30% de las divisas “libremente” para repago de deuda y distribución de dividendos. Y accederán al permiso de exportar “en firme” durante todo el año, pero sólo si construyen su propio ducto desde el yacimiento a la nueva planta.

El transporte es un punto crítico en la actual coyuntura energética. A la Argentina le sobra petróleo y gas en el subsuelo, pero su producción tiene que tener cómo evacuarse. Para eso se está construyendo el Gasoducto Néstor Kirchner, cuyo fin prioritario es sustituir importaciones de gas que se destina a los usuarios domésticos y usinas eléctricas.

Un objetivo oficial irrenunciable es que las propuestas exportadoras no compitan con el abastecimiento del mercado interno. Más aún: la estatal Enarsa y la administradora Cammesa (de gestión estatal) tendrán prioridad de compra si algún concesionario de un megaproyecto para licuar gas ofreciera producto internamente.

No tener el propio caño y el propio gas obligaría al concesionario de una gran planta de GNL a negociaciones con productores y transportistas y a solicitar permisos de exportación ante cada operación proyectada. Dos incomodidades que añaden incertidumbre a cualquier iniciativa.

La escasez de transporte ya dispara competencias feroces para aprovechar la que existe o la que se esté por construir.

Un ejemplo es lo que ocurrió a fin de año cuando Oldeval licitó nuevo espacio para transportar petróleo. Las demandas que tuvo superaron con creces el espacio adicional ofrecido, desairando a varias productoras que objetaron la operación y hasta pidieron anularla.

Lo paradójico es que las “clientes” de la nueva capacidad del oleoducto son las propias accionistas: PAE, YPF, Chevron, Pampa, y Tecpetrol. La historia se zanjó con una obra adicional a la prevista, que aumentó el espacio en el caño y excluyó del segundo reparto a las más favorecidas en el primero.

La intrincada negociación es apenas un ejemplo de la sensibilidad que tiene un tema que promete modificar drásticamente el futuro económico de la Argentina. En lo inmediato, por el aumento dramático en las ventas de petróleo que, a diferencia del gas, no necesita tanta inversión para ser ofrecido al mundo.

Pronósticos oficiales y privados coindicen en que Argentina sustituirá en no más de tres años el actual déficit de su balanza comercial energética, superior a US$5.000 millones en 2022, por un superávit que tendría un piso de US$8.000 millones.

Según la visión de empresas que operan en el mercado local, las inversiones en una red exportadora requieren el apoyo explícito y conjunto de las fuerzas políticas mayoritarias del país. A ojos patronales, sólo ese aval haría creíble la promesa de estabilidad impositiva, regulatoria y el acceso al mercado de cambios.

El otro gran anhelo es aprovechar al máximo los precios aún altos de los hidrocarburos en el mundo con la menor interferencia estatal posible: ni en la asignación de permisos para exportar, ni en el precio a cobrar, ni en la disponibilidad de dólares a cobrar.

De hecho estas aspiraciones se van honrando paulatina y parcialmente, con normas que funcionan como parche. Días atrás se reactivaron beneficios para la industria, que fueron consignados en el decreto 929 diseñado en 2013 por el entonces ministro de Economía, Axel Kicillof, y que facilita parcialmente la disponibilidad de dólares para petroleras exportadoras.

En el empeño oficial por no ahuyentar inversores, la última versión del proyecto de GNL alistado para girarse el Congreso habilita tanto la jurisdicción local como la extranjera para dirimir eventuales conflictos. Un guiño a los que están evaluando osadas inversiones energéticas en Argentina, firmas europeas entre otras

Fuente: Clarín