El director ejecutivo de la Asociación Argentina de Biocombustibles e Hidrógeno (AAByH), Claudio Molina, describió cuál es la actual situación de la industria del biodiésel y bioetanol en medio de la pandemia, analizó la estructura de precios vigente y aseguró que este sector tiene un potencial para generar ingresos por u$s3.500 millones al año.

¿En qué estado se encuentra la industria de los biocombustibles?

Claudio Molina: La situación del segmento de la industria de biocombustibles que abastece al mercado interno, principalmente en el caso del biodiésel, es muy mala. Las ventas al mercado interno en 2020 fueron las más bajas de la historia, desde que comenzó el mandato de corte en 2010. Durante la pandemia la industria vio reducida su demanda no solo por la caída de la demanda de nafta y gasoil, sino por el incumplimiento de los mandatos por parte de los refinadores de petróleo, mientras la Secretaría de Energía no aplicó multas. En estos momentos existen 33 plantas productoras de biodiésel habilitadas, de las cuales, 28 son las que abastecen al mercado interno. En el caso del bioetanol, son 22 plantas las involucradas con el abastecimiento del mercado interno. En todos los casos, son varias las plantas que se encuentran paradas transitoriamente, dada la debilitada situación económica.

¿Cuántos trabajadores participan en la producción?

En biodiésel existen 2.000 empleos directos y 6.000 en total, con los indirectos. En bioetanol de maíz son unos 600 empleos directos y 6.000 con indirectos. En bioetanol de caña 14.000 directos y 56.000 con los indirectos, pero considerando que estos son los números para producir azúcar y alcohol, representando el alcohol un tercio del total. De esta forma, entre directos e indirectos, suman 68.000 empleos, magnitudes estimadas en todos los casos.

¿Cuál es la situación de los precios y el nivel de mezcla?

Desde que asumió este gobierno, el contenido promedio de biodiésel en el gasoil apenas supera un 4% y al mismo tiempo, entre diciembre de 2019 y octubre de 2020, no fueron publicados los precios vinculantes para la compraventa mandatoria, derivada de la aplicación de la Ley 26.093, representando este incumplimiento el mayor antecedente histórico de violación de las reglas de juego. Recién en octubre pasado se actualizó el precio en un 10%, magnitud que quedó muy lejos de cubrir los costos. A partir de enero de 2021, la Secretaría de Energía implementó un acuerdo con los productores, a través del cual se estableció un sendero de crecimiento del corte y precios crecientes hasta mayo de 2021, pero que solo fue cumplido parcialmente.

¿Cómo afecta la falta de una definición sobre el régimen de promoción?

Produce una gran incertidumbre que atenta contra el normal gerenciamiento del negocio. Esa incertidumbre aumenta el riesgo implícito de la industria y naturalmente, entre otros efectos colaterales negativos, eleva los costos financieros. Pero es tan grave como esa falta de definición, la mala praxis que se registra recurrentemente en la gestión de la Autoridad de Aplicación.

¿Qué perspectivas de inversiones tendrá el sector una vez que se normalice la situación?

La nueva ley de biocombustibles que entrará en vigencia próximamente, en reemplazo de la Ley 26.093, tiene una serie de defectos que representa un retroceso en materia ambiental, violatorio del Acuerdo de París y de la Ley Nacional Ambiental 25.675, y de industrialización de la ruralidad. Por ende, no es una buena herramienta para promover inversiones. El nuevo régimen dejará de ser promocional y pasará a ser solo regulatorio, como si la industria de biocombustibles en Argentina hubiera logrado su maduración en 15 años.

¿Cuánto puede aportar el sector de los biocombustibles al desarrollo productivo del país?

Su potencial a mediano plazo es de ingresos por más de u$s3.500 millones por año, profundizando el proceso de sustitución de importaciones.

Fuente: Ambito Financiero