Los aportes al sector energético se dispararon. La extensión del congelamiento de las tarifas se conjugó con la devaluación del peso. Desde el Tesoro se deberán destinar más recursos para cubrir el costo de la energía.

Al prolongarse el congelamiento de las tarifas hasta fin de año mientras sube de a poco y sin pausa el tipo de cambio, el Tesoro deberá destinar más recursos para cubrir el costo de la energía y no trasladárselo a los usuarios.

De acuerdo a lo que consta en los registros públicos, el Estado nacional llevaba devengados hasta principios de esta semana $ 152.453,11 millones en la Formulación y Ejecución de la Política de Energía Eléctrica y otros $ 32.089,02 en la Formulación y Ejecución de Política de Hidrocarburos. En conjunto suman $ 184.542,13 millones o unos USD 2650 millones aproximadamente para subsidiar la electricidad, el gas y otros combustibles.

El ritmo lleva a que al anualizar estos números se proyecte terminar 2020 con unos USD 5200 millones, aunque eso dependerá de cuánto suba el dólar en los próximos meses.

Vale destacar que con costos de producción de la energía dolarizados en el país (principalmente financiamiento e insumos para extraer gas o para mantener las centrales termoeléctricas), a medida que se registran alzas en el tipo de cambio los usuarios van pagando una menor porción.

Dos semanas atrás, YPF Luz destacó en su nota de resultados que el costo medio de la generación eléctrica en el país en el primer semestre fue de USD 58,1 por megavatio-hora (MWh) y lo que pagaron los usuarios en USD 26,6 /MWh.

La empresa que es parte de YPF y de General Electric informó a sus inversores que el nivel de subsidios entre enero-junio fue de 48%, mientras que en junio llegó a 55%.

En toda la segunda mitad de este año, se volverá a subsidiar más de la mitad del costo eléctrico, como sucedió hasta 2017.

Julián Rojo, economista que trabaja en el Instituto Argentino de la Energía (IAE) General Mosconi, calculó que el promedio mensual de los subsidios ronda los USD 450 millones.

Según el resultado fiscal de julio, que se informó el jueves, «en el marco de la emergencia económica y la contención de las tarifas de los servicios públicos», los subsidios a la energía alcanzaron en el séptimo mes de 2020 los $ 47.650 millones, con un incremento interanual de $ 12.002 millones (+33,7%, por debajo de la inflación).

«Esta dinámica estuvo explicada por mayores asistencias financieras a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA), la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) y a Integración Energética Argentina (IEASA, ex ENARSA), que fueron parcialmente compensadas por una disminución en las erogaciones del Plan Gas», aclaró el Ministerio de Economía.

En julio el gasto corriente primario fue de $ 564.698 millones, con lo que los subsidios a la energía representaron apenas el 8,5%. Es una proporción ínfima, si se tiene en cuenta que el rojo fiscal se disparó por el paquete de asistencia a empresas y familias para contener los efectos económicos adversos de la pandemia. Estas medidas costarían alrededor de 4 puntos porcentuales del Producto Bruto Interno (PBI) a lo largo del año.

Este año, además, hay que tener en cuenta que se desplomaron los precios del gas importado (de Bolivia y en estado líquido por barcos) y también bajó una parte de la demanda industrial y comercial, que se compensó con el mayor uso en los domicilios por la cuarentena y las bajas temperaturas, que provocaron que el pasado julio fuera uno de los meses más fríos de los últimos 40 años.

Sin todos los anteriores atenuantes, la cuenta de subsidios hubiera generado un problema aún mayor en las arcas públicas.

Es en este renglón, precisamente, en donde el Fondo Monetario Internacional (FMI) pedirá cierto retoque. Existía en el Gobierno la voluntad de avanzar en un descongelamiento segmentado a partir de junio, pero con la llegada de la pandemia, el cierre de industrias y comercios, la quiebra de pymes y los menores ingresos de las personas, ese plan era inaplicable.

Fuente: Río Negro.