La Secretaría de Malvinas de la Cancillería acaba de sancionar a una nueva petrolera por operar en las aguas lindantes a las islas sin autorización del Gobierno. Se endurece la política sobre las empresas

En una nueva estrategia tendiente a fijar soberanía de la Argentina en Malvinas, el Gobierno acaba de sancionar a una nueva empresa petrolera que opera en la cuenca de las islas y de esta manera ya son 10 las compañías emplazadas con multas e inhabilitaciones.

El secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, Guillermo Carmona junto con la Secretaría de Energía anunciaron el dictado de la resolución que inhabilita a la empresa Navitas Petroleum LP, empresa de origen israelí dedicada a la exploración y explotación de hidrocarburos.

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La medida se tomó por las actividades comerciales de la petrolera vinculadas a la exploración de hidrocarburos en la plataforma continental argentina, en la Cuenca de Malvinas Norte, encuadrado en el proyecto «Sea Lion» que se lleva adelante con licencias consideradas «ilegales de las autoridades ilegítimas de las Islas Malvinas».

Según un informe interno de la Secretaría de Malvinas que depende de la Cancillería, al que tuvo acceso El Cronista, desde 2013 hasta ahora las siguientes 10 empresas han sido objeto de sanciones administrativas por parte del Gobierno, debido a sus «actividades ilegales de exploración hidrocarburífera» en las inmediaciones de las Islas Malvinas:

La sanción que se les impuso a cada una de estas empresas es la inhabilitación a participar en la licitaciones de exploración en territorio continental u offshore de la Argentina.

«Todas las empresas que han sido detectadas con operaciones ilegales en las Malvinas ya han sido debidamente sancionadas», dijo a El Cronista Carmona.

AUTORIDAD DE APLICACION

Desde la Secretaría de Malvinas recordaron que el proceso de inhabilitación fue iniciado contra las empresas petroleras «Harbour Energy Plc.», con sede en Reino Unido, y «Navitas Petroleum LP», con sede en Israel.

La Secretaría de Energía fue la autoridad de aplicación de la ley 26.659 luego de tramitar el proceso administrativo correspondiente que determinó que las actividades desplegadas por Navitas eran «ilegales», por lo que tal empresa fue declarada «clandestina» y fue inhabilitada por 20 años para desarrollar actividades en el territorio de Argentina.

La ley 26.659 establece las condiciones para la exploración y explotación de hidrocarburos en la plataforma continental argentina, entre las cuales se encuentra la obligatoriedad de obtener permisos previos a la realización de dichas actividades, sancionándose su incumplimiento con la inhabilitación a realizar dichas actividades por un período que va desde los 5 a 20 años, entre otras penalidades.

Asimismo, esa ley prohíbe «tener participación directa o indirecta en personas jurídicas, nacionales o extranjeras, que desarrollen actividades hidrocarburíferas en la Plataforma Continental Argentina sin haber obtenido la habilitación pertinente emitida por autoridad competente argentina, o que presten servicios para dichos desarrollos».

Durante 2020 el gobierno nacional remitió varias notas de desaliento a las empresas involucradas, en las que se les recordaba, por una parte, que las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes forman «parte integrante del territorio nacional argentino».

Además, el Gobierno recordó las disposiciones establecidas en las leyes nacionales 26.659 y 26.915 respecto de la realización de actividades sin la correspondiente autorización de las autoridades competentes, invitándolas a abstenerse de financiar o participar de cualquier otra manera en las referidas actividades, haciéndose pasible, de lo contrario, de las acciones legales administrativas y judiciales correspondientes en virtud de la normativa argentina aplicable.

Por otra parte, la ley prohíbe «tener participación directa o indirecta en personas jurídicas, nacionales o extranjeras, que desarrollen actividades hidrocarburíferas en la Plataforma Continental Argentina sin haber obtenido la habilitación pertinente emitida por autoridad competente argentina, o que presten servicios para dichos desarrollos»

La mayoría de las sanciones a las empresas que operan en Malvinas se dio entre el 2012 y el 2013. Esto fue durante el último mandato de Cristina Kirchner. Luego hubo tres sanciones en 2015 y la última se acaba de dar este año.

Fuente: Cronista