La central sindical pidió que se levante la medida cautelar para que se inicien los trabajos en el Mar Argentino. Duras críticas al juez que lleva el expediente.

La CGT Mar del Plata, quien representa a 77 gremios de dicha localidad envio una carta que presentó a la Cámara de Apelaciones donde reclama que se inicien los trabajos previstos por las empresas adjudicatarias.

En la misiva aclaran que para ellos el juez que atiende el expediente, Santiago Martín, no es parcial. Para la CGT, Martín “tiene posición tomada en contra de la exploración offshore y va a proseguir con sus pedidos de estudios e información hasta el infinito”. Además los sindicalistas advirtieron que no hay motivos de preocupación y que realizará todo lo necesario para que siga en pie la industria del turismo en el municipio.

“Si la exploración offshore mar adentro tiene éxito, significará una enorme oportunidad de desarrollo económico, científico y social para Mar del plata, para la provincia y para el país”, añadieron. La central, en esa dirección, dijo se expresan “desde la vivencia de luchar por quienes no llegan a fin de mes con su sueldo y de quienes ni siquiera tienen un sueldo y sueñan con la esperanza de conseguir un trabajo”.

El colectivo social exigió que “así como el Juez Martin considera las opiniones de Greenpeace y de la Asociación de Surfers”, esperan que contemple los criterios de quienes representan “a 77 organizaciones y a más de 200 mil trabajadores afiliados”.

La Casa Rosada apeló la decisión de Martín de suspender el proyecto que planea llevar adelante el consorcio de empresas que encabeza Equinor en sociedad con la petrolera nacional YPF y la angloholandesa Shell. El motivo es que es una iniciativa beneficiosa y no perjudica al medio ambiente: “La exploración y la producción offshore es segura, no contamina, no perjudica la fauna marina”, mencionó el líder del área de Energía, Darío Martínez.

“Por el contrario, genera recursos para el país y trabajo genuino y actividad económica para las localidades desde donde se opere el desarrollo de esta actividad”, afirmó el ex funcionario en febrero último.

La resolución del Juzgado Federal 2 respondió a la medida cautelar impulsada por el intendente de General Pueyrredón (JxC), Guillermo Montenegro y organizaciones ambientalistas. Entre los motivos, que se desprenden del fallo, observó “el cumplimiento defectuoso de los estándares sobre información y participación que se desprenden de la legislación vigente y del Acuerdo de Escazú (Ley 27.566)”.