La industria energética es el sector económico con mayor emisión de gases de efecto invernadero (GEI), tanto a nivel mundial como en la Argentina. En el caso del petróleo y el gas de Vaca Muerta es igual, y la explotación de este tipo de recursos está directamente asociada al incremento en la emisión de GEI.

La energía es necesaria para todo lo que hacemos, pero la discusión debería darse en términos de cómo se obtiene o hasta cuándo seguiremos dependiendo de fuentes no renovables.

Vaca muerta es una formación geológica de unos 35 mil kilómetros cuadrados ubicada en Neuquén, Río Negro, Mendoza y La Pampa. Despertó gran interés por parte del gobierno y el sector privado por su increíble potencial a usufructuar. Lo malo es que solamente pueden ser extraídos mediante fractura hidráulica o fracking. Se trata de la reserva de hidrocarburos no convencionales más importante de Argentina y también es, a nivel mundial, la segunda reserva más grande de gas y la cuarta de petróleo no convencional.

Si le sumamos las facilidades fiscales e impositivas de invertir en el sector, pareciera ser que se trata de un negocio sumamente rentable. Sin embargo, todavía no se han visto los resultados proyectados. En este contexto, durante los primeros meses de la pandemia el proyecto pareció llegar a un punto crítico en el cual continuar con la inversión no sería viable. De hecho, analistas internacionales lo llamaron “una de las explotaciones fósiles económicamente más vulnerables del mundo”. Aún así, el apoyo hacia el mismo por parte del gobierno y el sector privado no desapareció, todo lo contrario.

Al respecto, la organización FARN (Fundación Ambiente y Recursos Naturales)  afirma que “En el negocio de los hidrocarburos, salimos siempre perdiendo. A las empresas corresponden los subsidios, al país los riesgos y el aumento de gases de efecto invernadero. Solo con apoyo del Gobierno se logra captar inversiones y mantener la extracción”.

Vaca Muerta se financia con subsidios estatales. En 2019, por ejemplo, los subsidios a los combustibles fósiles representaron el 5% del presupuesto nacional y las transferencias a empresas hidrocarburíferas fueron el equivalente a 15 millones de Asignaciones Universales por Hijo. Inclusive, en el impuesto a las grandes fortunas aprobado el año pasado para ayudar a financiar la emergencia sanitaria, uno de cada cuatro pesos recaudados iría a subsidios de combustibles fósiles.

Se destina más plata a la exploración gas que a la compra de insumos médicos para la gestión de la pandemia. Esto tendría lógica en todo caso si las regalías recibidas por el estado superaran los subsidios entregados, cosa que no sucedió. La conclusión es que se pierde plata.

Además si incluimos las variables socioambientales a parte de la mencionada emisión de GEI, podemos agregar que, en primer lugar, Vaca Muerta necesita de una gran cantidad de agua dulce para la extracción de los combustibles; sin embargo, está ubicada en una zona con problemas de sequía. En segundo lugar, los aditivos químicos que se utilizan en el fracking, como el metanol y el ácido clorhídrico, son nocivos para la salud humana y los ecosistemas; por eso, la normativa indica que el agua utilizada debe ser tratada, gestionada y dispuesta adecuadamente, cosa que no siempre sucede.