Contra el prejuicio de un progresismo desprevenido, no encarna el dogma de la ortodoxia liberal. Su gestión es hiperintervencionista y milita el capitalismo de amigos.

Sergio Massa incomoda a cierto progresismo desprevenido por las razones equivocadas. Lo consideran un emblema de la ortodoxia económica liberal. El prejuicio ideológico oscurece los rasgos más definitorios del ministro y su gestión.

Se aferra, sí, al cumplimiento del ajuste pactado con el FMI. Pero lo hace impulsado por el pragmatismo, no por convicción. Asume que sin el Fondo no hay paraíso para la supervivencia política. Sergio Massa es, ante todo, un constructor de poder y oportunidades de negocios.

Es hiper-intervencionista. Multiplicó los tipos de cambio. Ya hay 42, según el inventario del economista Damián Di Pace. Renovó cinco programas de controles de precios y creó dos nuevos: Precios Justos y el de los combustibles. Extremó la discrecionalidad en la asignación de los dólares escasos a los privados. Sumó regulaciones al comercio exterior de la agroindustria, las automotrices y los servicios de la economía del conocimiento. Y promete otras nuevas para los hidrocarburos, la minería y las economías regionales.

Detrás de cada prohibición, autorización, subsidio o beneficio fiscal crece un vergel de negocios. Por lo general, opacos. Es la sal del capitalismo de amigos que parasitan al Estado en provecho propio y de sus facilitadores en el gobierno.

José Luis Manzano –exministro de Menem– ya no roba para la corona, como lo acusaba Horacio Verbitsky en los 90. Dio rienda suelta a su espíritu emprendedor y se independizó. Hoy es un megaempresario que construyó su prosperidad al calor de los negocios con el Estado.

Junto a sus socios Daniel Vila y Mauricio Filiberti, se quedó con la distribuidora eléctrica Edenor y ahora van por Edesur. Por el monopolio de la distribución de electricidad en el Amba. Conforman el trío más mentado de sponsors de Massa. Filiberti es además el mayor proveedor de Aysa, la empresa nacional de agua y saneamiento que administra Malena Galmarini, esposa del ministro.

El negocio eléctrico se nutre de los subsidios y de una práctica irregular pero tolerada por el poder político: comprarle y no pagarle a Cammesa, bajo control estatal, la energía que entrega a sus clientes. Cada tanto, aparece una condonación. En el presupuesto 2023 se coló un plan zeta para la deuda acumulada, que la inflación irá devaluando.

El ajuste fiscal se sostiene, básicamente, en la licuación de jubilaciones y programas de asistencia social y en una poco ortodoxa suba de impuestos. Hoy la mitad del valor del dólar tarjeta son tributos. La carga impositiva disparó el costo de autos, electrónicos y electrodomésticos. El gasto público ligado a la política, incluido el déficit de las empresas públicas, no se toca. O, en todo caso, se expande.

El afán controlador del Estado excluye a sus propias empresas. Pierden 20 millones de dólares por día. Salvo YPF que cotiza en Bolsa, ninguna publica en tiempo y forma sus balances. Y once de las 34, ni siquiera cumplieron la obligación de dibujar un presupuesto para el año que viene.

Massa va por más. Ariel Sujarchuk, secretario de Economía del Conocimiento y colaborador íntimo del ministro, anunció ayer el proyecto de creación de una empresa estatal de Software. Algo así como un “unicornio de bandera”, en palabras del economista Nicolás Gadano. Es el sector que generó, a fuerza de innovación y riesgo –sin ningún auxilio del Estado– construyó al menos once compañías globales que facturan más de 1.000 millones de dólares al año.

Todo sea por el intento nada liberal ni ortodoxo de afirmar algo así como la “soberanía programadora”. El fracaso del Correo Argentino en la pretensión de arrebatarle a Mercado Libre el liderazgo del comercio electrónico no es un buen augurio.

Fuente: Carlos Sagristani para Radio Mitre