La semana próxima tomará estado parlamentario en la Legislatura un proyecto de ley que busca disminuir esa brecha digital, a través de un marco normativo que integre a los sectores público y privado, a fin de mejorar la conectividad en las regiones y poblaciones desfavorecidas por su situación geográfica y socioeconómica.

Un informe del ENACOM reveló que en la provincia, menos del 40% de los hogares cuentan con conectividad a la red. Los problemas estructurales se acentúan más en las comunidades alejadas de las grandes urbes departamentales, que se presentan como mercados poco atractivos para los proveedores y oferentes del servicio.

La iniciativa, prevé que todo licenciatario de yacimientos de hidrocarburos o de otra fuente natural de energía situada en suelo mendocino, esté obligado a facilitar la conectividad y acceso a internet a la comunidad próxima de donde desarrolle sus actividades. «La propuesta surge tras una reunión con el titular de la DGE (José Thomas), quien comentó sobre la existencia de escuelas y comunidades educativas muy próximas a un yacimiento petrolífero o minero, que no tienen acceso a Internet pero hay viabilidad de conectividad, porque estos emprendimientos cuentan con la infraestructura», explicó la legisladora autora del proyecto. Además Mercedes Rus aclaró que el proyecto se complementa con la Ley N° 8.488 de Responsabilidad Social y Empresaria, que promueve ese tipo de acciones y otorga beneficios a las compañías y organizaciones que implementen políticas socialmente responsables.

La senadora destacó que -de ser sancionada la ley- la reglamentación será clave para definir el alcance práctico de la normativa, en relación a las obligaciones empresariales para la llegada de internet a la comunidad, la distancia respecto a la región para que se active lo dispuesto, y la resolución de situaciones puntuales, como el caso de que el emprendimiento abarque a más de una población.

Las empresas favorecidas con una licencia estatal para explotación deberían compartir sus estructuras pasivas con la población donde estén instaladas, o bien gestionar acciones activas para facilitar la llegada del servicio. La norma contempla que el Gobierno ejecute convenios con los licenciatarios que al momento de su sanción ya cuenten con concesiones, para que cumplan con las disposiciones de la ley, cuyo efecto no es retroactivo.