En las audiencias públicas, la distribuidora de gas, cuyo 70% accionario está en manos de YPF, indicó que los desembolsos se incrementaron en el período 2017 y 2019, en comparación con el de 2002-2016

Desde que el Gobierno anunció que las tarifas de gas y electricidad aumentarán 20%, las audiencias públicas perdieron protagonismo. Sin embargo, las empresas utilizan los 20 minutos de exposición para explicar su situación financiera y para señalar cómo las perjudicó el congelamiento tarifario. El caso que llamó la atención hoy fue el de Metrogas. No solo porque es la distribuidora más grande de Sudamérica, con 2,4 millones de usuarios, sino porque el 70% del capital accionario está en manos de YPF y, por lo tanto, está controlada de manera indirecta por el Estado.

Sebastian Mazzucchelli, director comercial de la compañía, fue el encargado de describir el estado de Metrogas y contradijo al Gobierno al señalar que las inversiones aumentaron durante la administración de Mauricio Macri.

En la filmina de “Inversiones”, la empresa mostró que el promedio de desembolsos creció de US$27,5 millones (en el período de entre 2002 y 2016) a US$76,7 millones, entre 2017 y 2019. Luego volvieron a descender con el congelamiento tarifario a US$40,6 millones, entre 2020 y 2021. El estado de inversión de la compañía está lejos de los niveles de US$106,5 millones, que supo tener entre 1993 y 2001.

Los números van a contramano del argumento oficial: desde el Gobierno suelen afirmar que los aumentos de tarifas del período 2015-2019 no repercutió en mayores inversiones. “Durante cuatro años se aplicó ese criterio mercantil y ya vimos lo que pasó: en vez de impulsar las inversiones, creció exponencialmente la pobreza energética y se puso en jaque a toda la cadena”, aseguró, por caso, Federico Bernal, interventor del Enargas, en una entrevista con Página 12.

“Metrogas realizó inversiones por montos superiores a lo que sus ingresos tarifarios le permiten, sin repartir dinero a sus accionistas y destinando todos los recursos a la operación del sistema”, dijo el director comercial de la firma durante las audiencias, y añadió: “Mientras tuvo los incrementos tarifarios correspondientes, Metrogas pudo realizar las inversiones necesarias para mantener y mejorar la eficiencia de su sistema, cosa que en los años de congelamiento tarifario no ha podido hacer al mismo nivel, por ende, tendió a un paulatino deterioro de los activos”.

La compañía solicitó un incremento de 76,23% para los usuarios residenciales, que, para el 79% de ese universo (hasta 1000 m3/año) significa un aumento de $598,1 en promedio con impuestos a partir del 1° de marzo, según explicó la empresa.

El segmento de distribución tiene un peso de 25% en las boletas finales de los usuarios de Metrogas. El resto del costo del servicio está determinado por el precio del gas en sí (32%), el transporte (12%) y los impuestos (31%).

Según el último balance publicado de la distribuidora, al 30 de septiembre de 2021, tiene un resultado negativo acumulado de $10.508 millones, lo que implica un incremento en relación con el mismo período de 2020, cuando tenía un rojo de $1493 millones.

¿De dónde sale entonces el dinero de la empresa para invertir? La distribuidora manifestó que acumula una deuda con YPF (petrolera privada controlada por el Estado) y con Ieasa (exEnarsa, empresa del Estado) de $11.737 millones al 30 de septiembre de 2021. Este pasivo se generó durante los meses de agosto a septiembre de 2019 y de junio a agosto de 2020, cuando no le pagó la compra de gas que había hecho para abastecer a sus clientes.

De esta manera, empieza a darse una dinámica que ya se convirtió en la regla en el sistema eléctrico: como a las distribuidoras no les alcanzan los ingresos de las tarifas, se financian con empresas controladas por el Estado, como son YPF, Ieasa y Cammesa (la compañía encargada de los despachos de energía eléctrica). Las dos últimas empresas, a su vez, subsisten con aportes del Tesoro.

La distribuidora española Naturgy (exGas Ban) admitió hoy el mismo proceso de financiamiento, al señalar un “deterioro relevante en el margen de distribución y en el resultado de las operaciones, por falta de actualización tarifaria”.

Según el gráfico que presentó en la audiencia pública José Luis Fernández, director de Regulación y Tarifas de la compañía, la deuda de Naturgy cayó de $4104 millones, al 30 de septiembre de 2018, a $3207 millones, en el mismo período de 2019, para luego volver a crecer a $3529 millones, a septiembre de 2020, y a $4278 millones, en 2021.

“En los últimos 20 años, en 17 hubo congelamiento tarifario. Esto provoca la grave situación que atraviesa al sector, que afecta la cadena de pagos y se profundiza en el corto plazo con riesgo de impactar en la calidad del servicio”, dijo Fernández.

Naturgy también hizo una advertencia sobre el aumento de los índices de mora e incobrabilidad, una preocupación que también es compartida por Metrogas. Este porcentaje ronda el 12%, cuando históricamente fue del 6%.

“Para esta adecuación transitoria, la distribuidora solicitó un incremento del margen de distribución del 82,9%, cuyo impacto final en factura promedio del sector residencial sería del 29% aproximadamente. En términos reales, para el 85% de nuestros clientes, la actualización solicitada promedio no supera los $256 mensuales, o $9 diarios con impuestos incluidos”, dijo Naturgy.

La cámara que agrupa a todas las distribuidoras, Adigas, directamente publicó un gráfico donde señala que la inversión promedio de todas las empresas entre 2016 y 2019 fue de $213 millones al año. Esto es muy superior a los $70 millones que se invirtieron en promedio por año entre 2002 y 2015, y los $84 millones promedios de los últimos dos años.

En el caso de las transportistas, TGN y TGS enfatizaron que sus ingresos no se actualizan desde abril de 2019, mientras que desde ese entonces, la inflación mayorista fue 205% a noviembre pasado; la inflación minorista, 186%; la evolución del tipo de cambio oficial a diciembre, 133%, y el coeficiente de variación salarial hasta septiembre pasado, 149%.

Por lo tanto, TGN solicitó “un aumento transitorio en la tarifa de transporte del 87,4%, que representa entre un 4,6% y un 10,6% para el usuario final residencial según la zona del país”. TGS, por su parte, solicitó “una adecuación tarifaria aplicada en dos etapas, la primera de ellas, con un incremento de transición del 80% con vigencia 1° de marzo de 2022, y una segunda etapa con vigencia 1° de septiembre del mismo año, con un incremento tarifario de transición del 25%”.

Fuente: La Nación