La Reforma Eléctrica es la más importante para el proyecto de Nación que ha presentado hasta ahora el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Anteayer durante su conferencia mañanera, la secretaría de Energía, Rocío Nahle, inició la campaña de promoción de la Reforma Eléctrica que permitirá -según dicen- alcanzar la soberanía energética y dotar de energía más barata a todos los mexicanos.

Por alguna razón, el Jefe del Ejecutivo decidió desde hace muchos meses que el camino para lograr la contrarreforma energética, es decir, para echar atrás la reforma que heredó del gobierno de Enrique Peña Nieto, será a través de una Reforma Eléctrica.

No es público por qué escogió el sector eléctrico, en lugar del de hidrocarburos. Aunque en éste último, neutralizó la reforma cuando, aún sin ser formalmente el Presidente de la República ordenó la suspensión de las Rondas Petroleras.

El análisis general de la Reforma Eléctrica del presidente López Obrador deja ver que es mucho más que eso.

Y lo es, no sólo en términos técnicos y operativos. Es más que una reforma eléctrica en la medida en que la iniciativa presidencial abarca además de la electricidad parte de los hidrocarburos y de la minería.

Es mucho más que una reforma eléctrica porque en realidad lo que plantea es un modelo económico diferente.

Implica la abolición de una parte central del modelo neoliberal al que tanto se refiere en sus conferencias mañaneras y discursos públicos.

La reforma en materia de industria eléctrica que presentó el presidente López Obrador es una reforma de gran calado, por sus alcances para toda la industria energética.

La iniciativa de ley en materia eléctrica “busca modificar el modelo de la industria energética” en el país, ya que pretende regresar al país a un “modelo de monopolios” en el que la “Comisión Federal de Electricidad (CFE) decidirá cómo, dónde y cuándo generar electricidad, cómo transportarla y cómo distribuirla (…) desaparece el mercado eléctrico”.

Así lo describe Lourdes Melgar, una de las coautoras de la reforma que liberó al sector eléctrico mexicano en el año 2013, desde su posición como subsecretaria de Electricidad.

Será la CFE -advierte- la que decidirá cuánto cobrar por la distribución y las tarifas al consumidor, ya que la propuesta presidencial desaparece a los organismos reguladores como la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH).

Melgar Palacios, actualmente es consejera fundadora en Voz Experta e investigadora afiliada al Centro de Inteligencia del Instituto MIT.

Advierte que la extinción de los reguladores constituye una mala señal para la economía mexicana, ya que se perderán instituciones técnicas y autónomas, que regulan la producción de electricidad e hidrocarburos, que supervisan a CFE y a Pemex, y que administran a nombre del Estado mexicano los contratos petroleros derivados de la reforma energética, realizada por la pasada administración.

Esto es delicado, porque la regulación pasa de un ente técnico a un ente político, lo que implica el riesgo de que los privados pierdan sus contratos lo que provocará demandas internacionales, que pueden perder las autoridades mexicanas, refiere la experta.

“Regresaremos a un modelo que surgió en 1960, con la nacionalización de la industria eléctrica, pero es un mundo que ya no existe, máxime cuando se habla de la cuarta revolución industrial”.

Esa es la perspectiva de una experta en energía.

En lo que coinciden la mayoría de los analistas y organismos privados es que de aprobarse la iniciativa para reformar la Ley Eléctrica implica un fuerte golpe a las inversiones privadas nacionales e internacionales, representará un enorme reto para las finanzas públicas que respaldarán a la CFE, además de Pemex y que al final no se contará con mayor capacidad de generación eléctrica, y la energía será más cara para los industriales y el consumidor final y más sucia para el medio ambiente.

Se registró el primer conato de violencia entre los comisionistas de gas LP y representantes policiales. Los comisionistas, cuya figura desconoce legalmente el gobierno mexicano, piden que aumente en un peso el precio tope para que puedan obtener una mayor ganancia. La secretaría de Energía les dijo que no y que actuará conforme a la ley.

Fuente: Marco A. Mares para El Economista