La minería se consolidó como el sector con mayor participación dentro del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), al presentar 17 proyectos por un monto cercano a US$ 39.000 millones, de los cuales 12 ya fueron aprobados por el Gobierno nacional.
Las iniciativas autorizadas representan compromisos de inversión por aproximadamente US$ 21.000 millones, mientras que cinco proyectos permanecen bajo evaluación.
Con estas cifras, la actividad minera reúne 12 de los 22 proyectos aprobados hasta el momento en el marco del RIGI, convirtiéndose en el sector con mayor cantidad de iniciativas admitidas dentro del régimen. Desde la industria advierten, sin embargo, que la aprobación constituye solo el primer paso y que las inversiones deberán atravesar distintas etapas antes de transformarse en obras, infraestructura y producción.
Durante su exposición en el Senado, el presidente de la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM), Roberto Cacciola, sostuvo que el RIGI fue determinante para atraer inversiones de gran escala, especialmente en los proyectos de cobre. Según explicó, uno de los principales cambios introducidos por el régimen fue la mejora en la competitividad tributaria: antes del RIGI la carga impositiva total superaba el 50%, mientras que con el nuevo esquema se ubica entre el 38% y el 40%, acercándose a los niveles de países como Chile, Perú, Australia y Canadá.
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Las proyecciones del sector muestran un crecimiento sostenido de las inversiones durante los próximos años. Para 2026 se esperan desembolsos de entre US$ 2.400 y US$ 2.500 millones, cifra que aumentaría hasta alrededor de US$ 4.500 millones en 2027. A partir de 2028, la expectativa es alcanzar un ritmo de inversiones de entre US$ 7.000 y US$ 7.500 millones anuales, impulsado principalmente por el desarrollo de nuevos proyectos.
El cobre aparece como el principal motor de esta nueva etapa. De acuerdo con la CAEM, existen seis grandes proyectos cupríferos en condiciones de avanzar hacia su desarrollo, acompañados por emprendimientos de litio que ya producen o se encuentran en procesos de ampliación.
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Desde el sector también destacan que el RIGI aporta mayor previsibilidad para inversiones de largo plazo, al contemplar mecanismos de acceso progresivo a las divisas generadas por los proyectos y la posibilidad de recurrir a instancias internacionales para la resolución de controversias.
Cacciola recordó que, pese a la existencia de la Ley de Inversiones Mineras desde la década de 1990, distintos incumplimientos en materia de estabilidad jurídica afectaron históricamente la llegada de capitales para emprendimientos de gran escala. La cámara considera que recuperar la confianza de los inversores será clave para transformar los proyectos aprobados en desarrollos concretos que incrementen la producción minera argentina durante la próxima década.
Finalmente, el crecimiento de la actividad demandará nuevas inversiones en infraestructura, energía, transporte, proveedores y mano de obra especializada para acompañar el avance de los proyectos. Con una cartera cercana a US$ 39.000 millones y el respaldo del RIGI, la minería busca consolidarse como uno de los principales motores de inversión del país, apoyada en el desarrollo del cobre y el litio y en un escenario que apunta a posicionar a Argentina entre los grandes productores mundiales de minerales estratégicos.
