En las elecciones de 2023 se votarán dos modelos de país, ambos en materia de política energética: mantener el actual sistema estatista o pasar a uno privatizado.

En 2023 se elegirán dos modelos políticos, ambos por su impacto en el sector energético: mantener el actual sistema socialista o pasar a uno privatizado, lo que tendría efectos negativos en el crecimiento de la economía, la inflación y el acceso a los recursos. .

En oposición a la posición de la coalición oficialista de que YPF debía mantener su condición de sociedad anónima con participación mayoritaria del Estado desde su nacionalización en 2012, la propuesta de privatizar la petrolera nuevamente provino de la izquierda política.

No obstante, la primera opción tendría una serie de consecuencias adversas. En primer lugar, el modelo privatista no asegura el pleno desarrollo de los recursos energéticos de la nación. YPF asumió lo que en el argot de la industria se conoce como «riesgo petrolero». Sobre todo, esto se vio en relación a Vaca Muerta en los últimos años.

Básicamente, esto significa que solo YPF tiene la capacidad de invertir en volumen y tiempo suficiente para iniciar la exploración y posterior explotación de las reservas potenciales de gas o petróleo que pueda tener el país.

Lo mismo sucedió en Vaca Muerta

Debido a una inversión inicial de $1.500 millones de dólares, en 2013 solo operaba allí la estatal petrolera. Las diez empresas privadas que actualmente operan en la cuenca neuquina recién comenzaron a llegar cinco años después, y no se habrían arriesgado inversiones comparables si el negocio ya se hubiera establecido y se hubieran tomado las medidas necesarias con anterioridad.

Es un punto crucial, ya que ahora hay al menos dos proyectos importantes que requieren un importante capital de riesgo inicial: el Centro Juvenil Palermo Aike en Santa Cruz y la exploración costa afuera frente a las costas de Mar del Plata.

El mismo riesgo petrolero está relacionado con el desarrollo de la instalación GNL en el sur de Bélgica para la exportación de gas Vaca Muerta. Mientras el proyecto de YPF, en sociedad con Petronas, prevé una exportación anual de 25 millones de toneladas de metros cúbicos, proyectos privados como el de Techint prevén una exportación cinco veces menor.

Un poco de historia

De hecho, durante los 13 años que YPF estuvo en manos de Repsol, el riesgo ya estaba evitado. La producción de petróleo en el país alcanzó un récord de 49.000.000.000 metros cúbicos en 1998.

A partir de 1999, cuando se completó la privatización con la venta del último paquete de valores adquiribles del Estado a la empresa española, la producción fue decreciendo paulatinamente hasta alcanzar un mínimo de 31.000 millones de pies cúbicos en 2012, cuando se produjo la renacionalización.

Debido a esto, YPF incrementó en 20% su producción diaria de barriles en 2015 y triplicó su inversión, que alcanzó un máximo de $6.250 millones ese año.

Números

Los números utilizados en el juego son sustanciales. Para 2030, Argentina espera exportar bienes por valor de $35.000 millones utilizando únicamente el complejo de gas y petróleo. Esta cifra inflada, que equivale al complejo oleaginoso, exige inversiones riesgosas y estaría sujeta a la gestión privada de la empresa. Pero en todo caso, permite comprender la importancia estratégica de YPF para los capitales privados.

Lo que significa que ahora, la estatal petrolera posee 12.000 de los 30.000 kilómetros cúbicos de yacimientos que se explotan en Vaca Muerta, o alrededor del 45% del total.

La forma más rápida y económica de que el mercado haga frente a las reservas totales de la empresa, que se estiman en 310.000 millones de dólares según cálculos de CEPA, sería privatizar el 51% de las acciones que posee el gobierno.

Pero además, YPF tiene un sentido geográfico capilar que los actores privados no tienen por qué apoyar. En este sentido, las gasolineras privadas son pocas fuera del AMBA y de los grandes centros metropolitanos, sin mencionar las áreas más pequeñas y alejadas del país.

Hay otro ámbito en el que la estatal petrolera ha jugado un papel clave en los últimos años:

la política de precios del sector energético. El precio de los combustibles lo fija YPF desde que el ministro de Energía de Mauricio Macri, Juan José Aranguren, liberalizó los precios en 2017.

Esto se debe a que YPF mantuvo constantemente los precios más bajos del mercado. Como resultado, las compañías petroleras privadas generalmente solo aplicaron sus aumentos hasta que YPF lo hizo.

Esta es una de las dos formas en que mantener la refinería de petróleo en manos controladas por el estado podría ayudar a prevenir la inflación. El otro es en realidad el productivo. Según el gobierno, dado que se espera que Vaca Muerta esté en su apogeo en los próximos años, los precios locales del gas y la luz deberían disminuir en un 30% y en un 80% en comparación con sus precios de importación actuales.

Esto permitiría a los usuarios residenciales de alto nivel, así como, lo que es más importante, a las industrias electrointensivas acceder a tarifas más asequibles, brindándoles la capacidad económica de contener aumentos significativos en sus costos de producción.