Se trata de las centrales hidroeléctricas Planicie Banderita, El Chocón y Arroyito (administrada por la italiana Enel); las presas Portezuelo Grande, Loma de la Lata y El Chañar (Orazul Energy), la planta hidroeléctrica Alicurá (AES) y el complejo hidroeléctrico Piedra del Águila (Sociedad Energía Sadesa Central Puerto) y Pichi Picún Leufú (Pampa Enegía).

“La discusión hay que darla ahora para que después no haya sorpresas, porque es un tema donde se tironea de un lado y del otro. El debate tiene que ser serio y tenemos gente sumamente capaz y profesional, tanto en Neuquén como en Río Negro, y estamos capacitados”, sostuvo a +e la diputada nacional por el MPN, Alma “Chani” Sapag.

Un punto a tratar es la seguridad de las presas en un contexto complejo, donde en junio de 2019 hubo un apagón nacional, donde se producen crecidas en el río Neuquén y también donde hay unas 80 mil hectáreas bajo riego en el Alto Valle. “La pregunta obligada es ¿por qué? ¿Por qué ellos y no nosotros, que somos los principales interesados en dar seguridad a nuestros coterráneos?”, indicó Sapag en un documento.

El tema central de la controversia pasa también por una cuestión legal. El artículo 124 de la Constitución Nacional establece, en forma textual, que “corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio”.

La concesiones vencen en 2023 y 2029, y fueron entregadas por Menem antes de la reforma constitucional de 1994, donde se introdujo especificó que las provincias tiene el dominio originario del recursos hídrico.

Hay empresas que por lo bajo afirman que están interesadas en seguir con las concesiones, si bien por ahora no lo afirman públicamente con un camino importante por recorrer todavía hasta la caducidad de las concesiones.

“Nosotros tenemos un proyecto 100% neuquino. Queremos que Neuquén se haga cargo de las concesiones”, indicó a +e el diputado provincial por el Frente de Todos, Mariano Mansilla.

El proyecto plantea la creación de un comité para la recuperación de los aprovechamientos hidroeléctricos del Comahue. Desde Juntos por el Cambio, el diputado nacional por Neuquén, Francisco Sánchez, está en la comisión de Energía y dijo: “Es bueno plantearlo con mucho tiempo. Así se evita que esto llegue en tiempo de elecciones; ahí creemos que se va a confundir y es importante para el desarrollo estratégico argentino”.

Seguridad: un pedido por las fallas y el estado de las presas

El gobierno neuquino también puso el foco en el estado de los edificios y las obras civiles de las hidroeléctricas en estos 30 años de concesión. Uno de los puntos de la discusión, de acuerdo con un documento que presentó la legisladora nacional Alma Sapag (MPN), será realizar una auditoría pormenorizada de los seis complejos que están operativos.

“Para sentarnos a discutir sobre las concesiones, también tenemos que tener toda la información sobre el estado en el que se encuentran las presas por parte de la AIC y el Organismo Regulador de Seguridad de Presas (ORSEP)”, indicó la diputada.

“Debemos saber cómo están el edificio, la obra civil, la electromecánica. Y, asimismo, realizar una auditoría de la eléctrica, de las turbinas, que son el motor productivo de la hidroeléctrica. Esto, a los efectos de que no nos entreguen un peso y una carga que después las provincias no podamos soportar. Las concesiones de la próxima administración de estas represas las tienen que tener las provincias, pero tenemos que ver en qué concepto y en qué estado lo vamos a hacer”, indicó. La discusión sobre el estado de las presas es una de las patas de la concesión.

Fuente: Más Energía.