Oficial. Designaron a dos asesores cercanos a Cristina Kirchner para revisar los aumentos tarifarios de gas y luz
Un baldazo de agua fría». Así describieron en una empresa energética los nombramientos de Federico Basualdo y de Federico Bernal como interventores del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), respectivamente. Hoy, a través de los decretos 277/2020 y 278/2020, se hicieron oficiales.
La designación de Basualdo y Bernal , dos asesores cercanos a la vicepresidenta Cristina Kirchner, también confirmó una sospecha del sector: que la expresidenta tiene mucha más injerencia en la política energética de lo que se esperaba.
Cristina Kirchner ya había influenciado para que nombraran a Andrés Cirnigliaro, un exfuncionario de Alicia Kirchner en Santa Cruz, como presidente de Ieasa (que recuperará su nombre original, Enarsa), la empresa encargada de la importación de gas y de supervisar las construcciones de las represas hidroeléctricas Cóndor Cliff y La Barrancosa.
En relación al ENRE y el Enargas, la ley de Solidaridad, publicada en el Boletín Oficial el 23 de diciembre pasado, facultó al Gobierno a intervenir los entes de electricidad y gas hasta fin de año. La explicación que dieron para hacerlo fue que se trató de un tema político: los entonces presidentes, Andrés Chambouleyron y Mauricio Roitman, respectivamente, eran subsecretarios del exministro de Energía Juan José Aranguren cuando fueron designados por concurso para los cargos. Sus pliegos luego pasaron por el Congreso, donde no hubo objeción de la comisión bicameral.
El actual Gobierno también tuvo el visto bueno del Poder Legislativo, pero para volver a intervenir los entes, aunque sin concurso previo. El Ministerio de Desarrollo Productivo asegura que la normativa se limitará a un año y que no será como en el pasado, cuando tras un decreto del expresidente Néstor Kirchner en 2007, se intervino el Enargas durante 10 años.
Las tarifas de los servicios de electricidad y gas están congeladas hasta fines de junio. Es el plazo que estableció la ley para llevar adelante una revisión tarifaria. Hasta antes de las designaciones de los interventores, se estimaba que se aplicarían aumentos muy por debajo de la inflación acumulada y de forma segmentada por usuario. Pero esas proyecciones serán revisadas ahora por los interventores.
Según señalan los decretos publicados hoy, «la tarifa del servicio público ha dejado de ser justa, razonable y accesible», y «se deberá resolver la iniciación de un proceso de renegociación de la revisión tarifaria vigente o de una revisión de carácter extraordinario que alcance todo lo pretérito actuado y sucedido en esta materia para volver a determinar una tarifa del servicio público de electricidad que sea justa y razonable».
«El interventor deberá realizar una auditoría y revisión técnica, jurídica y económica que evalúe los aspectos regulados por la ley N° 27.541 [de Solidaridad] en materia energética. En caso de detectarse alguna anomalía, el interventor deberá informar al Poder Ejecutivo los resultados de la misma, así como toda circunstancia que considere relevante y deberá aportar la totalidad de la información de base y/o documentos respectivos, proponiendo las acciones y medidas que en cada caso estime corresponda adoptar», señalan los textos.
Tanto Basualdo -sociólogo, investigador del Conicet y miembro de Flacso- como Bernal -bioquímico y biotecnólogo- hicieron públicos sus críticas al aumento de tarifas de electricidad y gas aplicados en el mandato de Maurico Macri. Ambos comparten la idea de que las empresas obtuvieron «ingentes» y «multimillonarias» ganancias «que garantizó la política tarifaria».
Basualdo, quien estará a cargo de regular el sistema eléctrico y a las empresas de distribución Edenor y Edesur, criticó los «ingresos extraordinarios registrados por las empresas durante los últimos años» en sus artículos de opinión publicados en el portal «El Cohete a la Luna», dirigido por el periodista Horacio Verbitsky. Basualdo ya había sido parte del directorio del ENRE en 2014, cuando la actual vicepresidenta lo nombró como primer vocal.
«Conocemos al licenciado Basualdo. Hemos trabajado muy bien y a partir de su designación nos sentaremos a conversar y le entregaremos los trabajos que tenemos», afirmó la semana pasada Juan Carlos Blanco, gerente general de Edesur. El comentario estuvo acompañado de una advertencia de Nicola Melchiotti, country manager en la Argentina de la italiana Enel, controlante de Edesur: «La sociedad es la que debe decidir qué quiere. Nosotros podemos dar un buen servicio, pero para eso necesitamos recursos».
Bernal, por su parte, tiene varias columnas de opinión en los diarios Ámbito Financiero y Página 12, en las que señaló el año pasado que «las multimillonarias ganancias registradas por un conjunto de empresas energéticas -incluyendo la propia familia del primer mandatario [por Mauricio Macri]- no se expresaron en mejoras en la accesibilidad y asequibilidad de los servicios públicos del gas y la electricidad».
Bernal además asesoró a la vicepresidenta en su paso por el Senado, pero antes de eso trabajó con el exministro de Planificación, Julio De Vido, por quien siente simpatía y una valoración positiva de su gestión, aunque en el último tiempo se alejó de algunas de sus convicciones en materia tarifaria.
«Se mira con recelo el nombramiento. Será difícil para las empresas, y para él, romper el prejuicio mutuo con una persona que cree que el servicio debería estar estatizado», señalaron en una compañía, en estricto off .
«Queda como interlocutor alguien que escribió y piensa que las empresas se la ‘llevaron’ en pala y no invirtieron. Habrá que ver cómo el albertismo logra el sano equilibrio para hacer pesar su opinión de que no se puede volver a un esquema de tarifas congeladas en el largo plazo», indicaron en otra empresa del sector energético.
Fuente: La Nación.