En un informe difundido ayer dijo que no hacerlo implicaría un costo fiscal de $132.963 millones, mucho más de lo previsto en el presupuesto 2021. 

La Secretaría de Energía difundió un informe en el que argumenta que las tarifas de gas deberían subir por lo menos entre 26 y 35% para que los subsidios no aumenten este año. El análisis fue elaborado para presentar en la audiencia pública que se desarrollará el próximo 15 de este mes. 

Según señalaron, el Estado financia actualmente alrededor del 60% del costo total del gas necesario para satisfacer la demanda prioritaria. “La continuidad de esta situación implica un costo fiscal anualizado para 2021 de $132.963 millones y determinaría una necesidad de partidas adicionales no previstas en el presupuesto nacional 2021, que generará un faltante de $56.087 millones. Esto requeriría de mayores ingresos fiscales o de una reestructuración presupuestaria que derive fondos actualmente asignados a otras erogaciones”, se explica en el informe. 

En este sentido, indicaron que el precio del gas en sí, que representa la mitad del costo de la tarifa final que pagan los usuarios (ya que incluye también los valores de transporte y distribución), “debería ser corregido en un 63%, que se traduciría en una adecuación tarifaria del orden de entre el 26% y el 35%”. 

En los cálculos de la Secretaría de Energía, este año se consumirán 46.579 millones de metros cúbicos (m3) –24.114 millones en el período estival y 22.466 millones entre mayo y septiembre–. Del volumen total demandado, la producción local de gas aportará 38.455 millones, lo que representa el 82% de la oferta total; el gas importado de origen boliviano aportará 4450 millones, el 10%, y para completar el abastecimiento se requerirá gas natural licuado (GNL) importado equivalente a 3674 millones de m3, que implica el 8% de la oferta total.

La audiencia pública del 16 marzo, que tiene por objeto el tratamiento de los márgenes de transporte y distribución, respetará la instrucción del Presidente de tener tarifas justas, razonables y asequibles, que permitan la sostenibilidad productiva y la justicia distributiva, tal como señaló en su discurso del 1º de marzo.