El rol estratégico de las empresas nacionales en países con grandes recursos petroleros. La necesidad de una política integral entre el Estado y el sector privado.

Actualmente el mundo consume 100 millones de barriles diarios, la perspectiva para 2040 es que este consumo podría tanto bajar a 80 millones como subir a 130. A pesar de esta diferencia, cualquiera de estos escenarios desafía al sistema de abastecimiento petrolero global. Si las inversiones futuras se limitan al desarrollo de los yacimientos existentes y no se invierte en el desarrollo de nuevas áreas productivas, se calcula que la producción global declinará en promedio alrededor de un 4,5% anual (según la Agencia Internacional de Energía), lo que implicaría que para 2040 el mundo produciría sólo 35 millones de barriles diarios. Para evitar este escenario, se necesitarán varios billones de dólares de inversión en los próximos veinte años y desarrollar nuevas áreas productivas, entre las cuales está Vaca Muerta. Este desafío es un proyecto político, no sólo económico.

Tradicionalmente, se desarrollaron tres tipos de empresas petroleras, que actuaron y actúan como empresas políticas. Por un lado están las llamadas Internacional Oil Companies (IOCs), entre las cuales ubicamos a Exxon Mobil, Shell, BP y Chevron, entre otras. Estas empresas son totalmente privadas y tienen como objetivo principal incrementar el valor de sus acciones y toman sus decisiones de inversión en función de factores económicos, aunque también reconocen que tienen un mandato político de los países de donde provienen y una responsabilidad global. Hoy, las IOCs tienen sólo el 15 por ciento de las reservas petroleras mundiales, pero producen un poco menos del 40 por ciento del petróleo a nivel global.

Luego, están las denominadas Nacional Oil Companies (NOCs), las cuales funcionan como una extensión de los gobiernos y con objetivos estratégicos que trascienden la lógica económica. En general, estas empresas nacieron con el objetivo de defender los recursos petroleros y apropiarse de su renta. Entre estas encontramos hoy a Saudi Aramco (Arabia Saudita), PEMEX (México, PDVSA (Venezuela), NIOC (Irán) y el resto de las empresas estatales de los países pertenecientes a la OPEP. Estas empresas funcionan adecuadamente en los países con grandes recursos petroleros. También tenemos dentro de esta categoría a las empresas nacionales chinas y rusas. Hoy, las NOCs poseen el 85 por ciento de las reservas y producen casi el 60 por ciento del petróleo a nivel mundial.

En tercer lugar están las empresas mixtas, las cuales, si bien tienen participación accionaria mayoritaria estatal, no funcionan como una extensión del gobierno y poseen una autonomía estratégica y operativa que le permite una gestión dinámica y acceso al mercado de capitales. Entre este tipo de compañías se destacan Petrobras, Ecopetrol, Equinor (ex Statoil) de Noruega y nuestra YPF actual. En los últimos años, en EEUU ha surgido un nuevo tipo de empresa petrolera, que no tienen un mandato político sino sólo la búsqueda de rentabilidad de los fondos de inversión que le proveen del capital necesario para su funcionamiento. Este nuevo tipo de empresas fue fundamental para el desarrollo del shale en EEUU, pero como contrapartida, no tienen una visión de mediano y largo plazo y ante cualquier dificultad, falta de rentabilidad o controversia coyuntural revisan su plan de inversiones. En EEUU hay cientos de estas empresas. En nuestro país se destaca Vista Oil.

En un encuentro petrolero en Houston, Raoul LeBlanc, director ejecutivo de IHS Markit, una de las consultoras energéticas más importantes a nivel mundial, expresó: “Vaca Muerta es hoy lo que es gracias a YPF”. En 2012, el mundo se acercaba a una posible crisis petrolera porque la oferta de crudo estaba llegando a su máximo y la demanda global aumentaba alrededor de 1,3 millones de bpd por año. El barril estaba cercano a los 100 dólares y el gobierno de entonces decidió acelerar el desarrollo de los recursos de Vaca Muerta, aunque en un principio no fueran rentables y fuera necesario establecer subsidios para impulsar este desarrollo. En una decisión política de seguridad energética, Cristina Kirchner decide la expropiación del 51 por ciento de las acciones de YPF y que el Estado retome el control de la empresa.

Podemos pensar que una empresa petrolera, en tanto empresa política es un oxímoron, figura retórica cultivada por Borges donde dos enunciados contrarios en una misma oración generan un nuevo sentido: La política busca el bienestar general, la empresa sus propios intereses. Beatriz era alta, frágil, muy ligeramente inclinada; había en su andar (si el oxímoron es tolerable) una como graciosa torpeza… Tal vez este fragmento de Borges de El Aleph defina mejor que nadie los problemas que puede llegar a tener el andar de un plan energético sustentado sólo en criterios económicos y sin conducción política. Confiamos en el nuevo gobierno. Sin YPF no se puede, con YPF no alcanza.

(*) Director del Centro de Estudios de Energía, Política y Sociedad (Ceepys).

——————————————————————————————————————————–

Mayor coordinación

Por Arturo H. Trinelli**

Pareciera que hay cierto consenso en destacar que la explotación de hidrocarburos, suelo o minerales puede ser un flujo de ingresos que permita oxigenar las cuentas públicas, siempre y cuando se respete el medio ambiente y se priorice el desarrollo local. El problema radica en que no siempre los intereses públicos en ese plano son convergentes: por ejemplo, la decisión de congelar el precio de los combustibles motivó el desconcierto de las empresas y un encendido repudio de las provincias productoras mostrando, por si hacía falta otra señal, que la explotación de recursos naturales en un país federal suele ser bastante más compleja de lo que se supone.

Frente a la finalización de dicho período de congelamiento dispuesto por el Poder Ejecutivo vía DNU, que fijó el precio del barril a un tipo de cambio arbitrario- deconstruyendo su propio relato de dar confianza al sector privado minimizando la intervención del Estado en el sector- asoman dos alternativas inmediatas: aplicar el aumento del 15% que falta de una sola vez, o diferirlo en tramos para que la medida impacte menos en la inflación y el bolsillo de los usuarios. Lo más sensato sería que la próxima gestión reciba un esquema de precios ordenado donde el valor de los combustibles sea representativo del tipo de cambio vigente, y de ahí en adelante buscar mecanismos compensatorios que atenúen toda posible suba de valor.

La inestabilidad cambiaria de los últimos años en el país, sumado al creciente déficit fiscal y a la pérdida de soberanía en materia de política económica por imposición de las restricciones del FMI, enseñan una vez más que una política pública siempre debe analizarse en contexto: no es lo mismo subir el valor de los combustibles en un contexto recesivo y de sistemática pérdida del poder adquisitivo, que hacerlo en un escenario de recomposición del salario y del consumo que reconstituyan, de a poco, el tejido social deteriorado en todo este tiempo.

Es en ese punto donde el balance de Cambiemos en materia energética aporta una mirada singular: los esfuerzos se encaminaron a recomponer ingresos de empresas en desmedro de usuarios para disminuir subsidios y, sin embargo, los constantes saltos en el tipo de cambio dejan como corolario problemas en la cadena de pagos y tarifas exorbitantes. Moraleja: ninguna política pública es lo suficientemente efectiva si no se enmarca en un conjunto de políticas que la expresen y le den sentido dentro de un proyecto de país.

Otro gran desafío con que asumirá el nuevo Gobierno es devolverle a la gestión de la política energética cierta coordinación institucional. Se sabe que conducir el Estado exige desandar las conexiones entre las modalidades mayoritarias de funcionamiento de nuestro sistema político, el carácter fragmentario y particularista de la articulación de las demandas empresarias en la arena corporativa con las estrategias de política económica. Gestionar lo más eficientemente posible estos intereses cruzados constituye un vector de gobernabilidad, donde también se reconozca la trascendencia de la energía como insumo para el resto de la actividad económica evitando, como le pasó a Cambiemos, el absurdo de pretender bajar la inflación aumentando exponencialmente tarifas.

Recuperar la energía como derecho humano básico y fundamental permite entonces redefinir la agenda de prioridades, donde el foco no solamente esté puesto en el incremento de saldos exportables sino también en el desarrollo de infraestructura básica para promover la inclusión energética de miles de argentinos que, por ejemplo, actualmente no tienen acceso a gas natural de red o a redes de distribución. Se imponen así líneas de alta tensión para el transporte eléctrico y construcción de nuevos gasoductos que evacúen el gas, sin los cuales cual es poco probable que la producción se incremente. Estas obras iban a estar financiadas con el régimen de Participación Público Privada (PPP) pero frente a las constantes subas de riesgo país no consiguieron promover el interés de oferentes.

En suma, ambas orientaciones- producir para exportar y producir para garantizar la demanda interna- pueden ser absolutamente complementarias y son prioritarias en un país expuesto a la restricción externa y con necesidad de retomar la agenda de la inclusión social.

Fuente: Página 12.