Una nueva licitación acabó fracasando porque nadie quiere asumir la pérdida de tener que comprar gasolina a 13 dólares y venderla a 4. El gobierno les prohíbe repercutir el precio a los usuarios.

En el sector energético está a punto de estallar una nueva guerra. Cuatro días después de que el sistema comenzara a requerir gas natural líquido (GNL), las licitaciones seguían secas y no había distribuidores dispuestos a comprar el gas a los precios establecidos por el gobierno.

Por primera vez desde que se introdujo el GNL, el Tesoro optó por no cubrir la diferencia de precio entre el gas nacional y el extranjero con sus propios fondos.

El problema es que no permite trasladar ese precio más alto a la demanda. Por lo tanto, el Poder Ejecutivo espera que las empresas compren GNL a $12,99 y lo vendan en algo más de $4.000.

El primer intento tuvo éxito el 19 de abril de este año. En rigor, las subastas realizadas en MEGSA resultaron ser un fracaso, pero en la industria esto fue visto como la primera señal del gobierno para proceder con una negociación arancelaria.

En cuanto a mes después, las autoridades mantienen la misma mecánica sin ningún tipo de negociación en el medio. En este caso, la meta era instalar 15 millones de metros cúbicos de concreto por día para el período del 17 al 31 de mayo.

El frío llega y la demanda de gas aumenta

Esta vez ningún distribuidor respondió, pero a diferencia del último intento, ahora nos acercamos a la primera ola polar de la temporada invernal, lo que nos obliga a tener un volumen extra para poder cubrir la demanda.

El propósito de la importación de GNL es satisfacer el pico de consumo causado por la calefacción de los hogares al llegar del frío, esto cual se multiplica por seis veces en promedio en el sector residencial en relación a la demanda de verano.

La importación de GNL es la solución más eficiente debido a la propia característica del sistema argentino, que evita el desarrollo de pozos y la construcción de infraestructura de transporte necesaria para operar apenas unos cuatro meses al año.

El desacuerdo es sobre quién soporta la carga de los gastos generales: si los cubren los subsidios o los propios usuarios. Alternativamente, como parece que querría el Secretario de Energía, los distribuidores tendrían que aceptar la pérdida.