La continuidad del contrato firmado entre la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) y Voith Hydro para el suministro de las turbinas y otros equipamientos para la central hidroeléctrica Aña Cuá pende de un hilo que podría cortarse en cualquier momento y acabar con su recisión.

Las autoridades de la compañía argentino-paraguaya están preocupadas por las consecuencias que tendrá la pandemia de coronavirus tanto en el desarrollo del proyecto en la provincia de Corrientes como en el incremento de costos extras que esto le generará.
Para esta altura del año, el consorcio Astaldi-Rovella Carranza-Tecno Edil, encargado de la obra civil, debería estar trabajando “a pleno y Voith Hydro con los encargos a las usinas y fundiciones”, afirma una fuente cercana la central hidroeléctrica que conoce de cerca los detalles de la licitación.
Nada de esto se ha hecho. La cuarentena ha paralizado la actividad de las empresas en Alemania por lo que la fabricante de turbinas ha realizado “pocos avances”, pese a haber cobrado los 10 millones de dólares correspondientes al 10% de anticipo que estipulaba el contrato.
“Voith Hydro ya presentó documentos con contrataciones de insumos y materias primas, pero no pudo avanzar mucho más porque su planta y la de sus proveedores están cerradas por el coronavirus”, explica la misma fuente.
Si bien este tipo de situaciones están contempladas en el contrato como “cuestiones de fuerza mayor”, lo que preocupa a la EBY son los efectos que podría tener la pandemia en los costos de la empresa alemana, ya que cuando se levanten las actuales restricciones, serás más caro movilizar al personal desde el extranjero, transportar los equipamientos, entre otros factores.
“Va a ser inevitable sentarse a revisar los números de la parte electromecánica. Vamos a tener que barajar y dar de nuevo porque se han incrementado los costos laborales, de los fletes, seguros, y componentes”, explica la misma fuente y agrega que “aún es imposible saber de qué monto se está hablando ya que no existen precios de referencia en el mercado”.
La empresa alemana está preocupada por las consecuencias que podría traer esto en la continuidad del contrato, por lo que ya ha comenzado a hacer contactos con las autoridades de la EBY para saber cuáles serán los pasos a seguir.
Debido a lo delicado de la situación actual, la entidad binacional deberá recurrir a una interpretación de una de las cláusulas de documento de contratación de la obra para recalcular los costos de fabricación.
Según el texto, los valores de los componentes nacionales, calculados en pesos, se ajustan por inflación, debido a la inestabilidad de la economía argentina, algo que no está contemplado para los que ítems fabricados en el exterior ya que están denominados en dólares.
Sin embargo, la EBY está analizando reinterpretar esta cláusula y permitir que los productos producidos en el extranjero también puedan actualizarse, debido al impacto que tendrán los costos del equipamiento y la mano de obra debido a la pandemia.
“Hay que aplicar la redeterminación de los precios que está estipulado para los locales a los internacionales. Si hay variaciones se reconoce las diferencias – explica la misma fuente -. Antes, esto solo se hacía con los componentes argentinos que tenían su ajuste por inflación, pero, ahora, hay que realizarlo también con los internacionales. Hay que analizar los precios de los 80 ítems del contrato”.
Desde la entidad binacional, señalan que Voith Hydro aún no ha solicitado este reajuste, pero es algo que habrá que hacer al inicio de la obra. A su vez, resaltan que este proceso lo iniciará la actual conducción y lo van a tener que definir las nuevas autoridades cuando asuman”.
Hasta el momento, los directivos argentinos de la EBY siguen siendo los mismos que había nombrado el gobierno de Mauricio Macri ya que la administración de Alberto Fernández aún no designó a sus remplazantes.
Más allá de esto, lo que preocupa a las autoridades de la central hidroeléctrica es la magnitud que podría tener el ajuste de los costos, ya que si se incrementaran demasiado podría poner en riesgo la continuidad del proceso.
“Si hubiera algunos ítems que se fueran de los márgenes, podemos tener que replantear la situación. Si fueran de una dimensión mayor a un 30% podría llevar a una recisión del contrato de mutuo acuerdo. El problema es qué pasaría si no nos ponemos de acuerdo. Es todo un interrogante”, explica la fuente.
Si los costos se incrementaran demasiado, la entidad binacional se vería en un aprieto ya que IMPSA podría reclamar que sus valores son mucho más bajos, incluso actualizándolos con las fórmulas para inflación y cotización del dólar que están incluidas en las cláusulas, como viene haciéndolo desde la adjudicación de la obra, ya que el 63% de su precio es en pesos y guaraníes.
Desde la empresa mendocina, calculan que su oferta es como mínimo un 20% más barata que el de Voith Hydro, ajustada según las especificaciones del contrato a diciembre de 2019, montos que bajarían aún más si se las tomara al mes de mayo.
“Esto sin considerar la generación extra de las máquinas que en la vida del proyecto generarían ingresos adicionales a la EBY de 40 millones de dólares, que representan aproximadamente 10 millones a valor presente – resalta una fuente cercana a IMPSA -. Además, la Argentina y Paraguay se ahorrarán divisas por un 63% del valor contractual. Se utilizarían más de 12 millones de horas hombre entre los dos países, solamente para el equipamiento electromecánico. A esto, hay que agregarle la importante contribución a los fiscos que recibirán por el cobro del IVA, del IVA derivado, ganancias, etc.”.
En la licitación, la propuesta de Voith Hydro fue de 99,70 millones de dólares, mientras que la del consorcio Araverá, conformado por la empresa mendocina, la paraguaya CIE y PowerChina Guizhou Engineering, de 116,38 millones.
Las autoridades de la EBY son conscientes de esto y de que IMPSA hará todo lo posible para forzarlos a la recisión del contrato, como lo viene haciendo desde que los alemanes fueron adjudicados con las obras en julio de 2019.
“Están haciendo mucho lobby y si los costos se incrementan va a ser difícil poder justificar las diferencias en los precios”, explica la fuente cercana la central hidroeléctrica argentino-paraguaya.
Como adelantó Desarrollo Energético, IMPSA está intentando frenar en la Justicia la construcción de la represa Aña Cuá ya que considera que la entidad binacional cometió irregularidades durante la licitación para la provisión y el montaje del equipamiento electromecánico.
Los alemanes son conscientes de esta situación y están preocupados por la presión que podría ejercer el gobierno para que se anule el contrato y se lo entreguen a una compañía local, en tiempos en que la economía argentina está paralizada y la desocupación en continuo crecimiento.
Por esa razón, el gerente general del Voith Hydro en Brasil tenía planeado viajar al país a fines de marzo para reunirse con las autoridades nacionales y de la entidad binacional y asegurarse la continuidad del proceso, explica una fuente cercana a la empresa germana.
Sin embargo, tuvo que suspender todo cuando la administración de Alberto Fernández decretó el aislamiento preventivo y obligatorio el 20 de marzo. Desde ese momento, mantiene un contacto fluido con los directivos de la EBY, explica la fuente cercana a la central hidroeléctrica argentino-paraguaya.
“El gobierno no va a hacer caer el contrato mientras necesite del apoyo alemán en las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Si eso termina pronto o decide no pagarle, esta realidad podría cambiar”, coinciden las fuentes cercanas a Voith e IMPSA.
En lo que respecta a la obra civil, las autoridades de la EBY descartan que se produzca una situación similar, pese a que José Cartellone Construcciones Civiles solicitó en agosto de 2019 una medida cautelar para frenar el contrato para la obra civil de la represa Añá Cuá, que le fue denegada en dos instancias por la Justicia.
“No veo un desequilibrio comparativo entre la primera y la segunda oferta porque a ambos los afecta lo mismo ya que gran parte de los ítems son en moneda local para los dos consorcios”, explica la fuente cercana a la entidad binacional.
Otra de las preocupaciones que tienen las autoridades y que podría paralizar el proyecto es la caída que han sufrido en los ingresos de la EBY por la venta de la energía producida en Yacyretá, luego de que la Secretaría de Energía de la Nación decidiera reducir el precio que le pagaba por la electricidad, mediante la resolución 31/2020 del 27 de febrero.
“Vamos a estar con un presupuesto acotado por el recorte de precios tarifarios, ya que tendremos un 30-40% menos de ingresos para este año y el que viene. Hay que ver qué va a hacer el gobierno para cubrir lo que falta y si Aña Cuá seguirá siendo una prioridad como habían dicho hasta ahora después de la pandemia – explica -. Con nuestro presupuesto no lo podemos bancar el año que viene. Aún no está el hecho cálculo de cuánto vamos a necesitar, porque no hay precios de referencia”.
Desde IMPSA señalan, incluso, que la EBY carece de un financiamiento asegurado para las obras ya que éste es uno de los puntos incluidos en las cartas reversales que firmaron la administración de Macri y su par paraguayo, Horacio Cartes en 2017 y que nunca fueron giradas al Congreso Nacional para su ratificación, paso necesario para que entren en vigencia.
La entidad binacional planea invertir 292,94 millones de dólares para la construcción de la central hidroeléctrica Aña Cuá durante los cuatro años que durarán los trabajos. Hasta el momento, lleva desembolsados 29 millones correspondientes a los adelantos del 10% estipulado en los contratos firmados con los consorcios que resultaron ganadores de la licitación en 2019.
La EBY planea financiar las obras con su propio flujo de caja, proveniente de la venta de la electricidad que genera Yacyretá. Antes de la pandemia, estimaba que necesitaría desembolsar al menos 50 millones de dólares durante 2021.

Problemas en los tribunales
IMPSA debió recurrir a la justicia luego de reclamarle reiteradamente a la EBY que suspendiera el proceso porque consideraba no utilizó las fórmulas de reajuste para calcular el monto final de su oferta, con lo que hubiera resultado más barata que la de la compañía alemana, sumado a que hubiera generado mano de obra local e ingresos al fisco por los impuestos pagados en el país.
Sin embargo, hasta el momento, no ha logrado convencer a los magistrados para frenar la continuidad del contrato adjudicado a Voith Hydro para construir la represa Aña Cuá. Fracasó las dos veces que pidió abrir la feria, para que trataran el tema y evitaran que siguieran avanzado con los trabajos.
La primera fue cuando presentó una “medida cautelar inaudita” el 23 de diciembre de 2019, en el Juzgado Contencioso Administrativo Federal 8, de la ciudad de Buenos Aires, a cargo de Cecilia Gilardi Madariaga de Negre.
En esa oportunidad, el magistrado Esteban Carlos Furnari, del Juzgado Contencioso Administrativo Federal 2, que estaba a cargo durante las vacaciones de verano, consideró que esto no era necesario habilitar la feria y postergó cualquier decisión hasta febrero cuando la titular volviera a estar al frente de la causa.
A partir de allí, la causa siguió avanzando y ambas partes presentaron la documentación y los descargos que les iban requiriendo, hasta que el 20 de marzo la Corte Suprema decretó un nuevo receso en las actividades, debido a la cuarentena que estableció el gobierno nacional y se paralizó el proceso nuevamente.
Pese a esto, el abogado de IMPSA Arturo Alejandro Stanic, volvió a solicitar la habilitación de la feria el 27 de abril. “La iniciación de la medida cautelar (autónoma), tiene por objeto evitar un daño irreparable a los derechos de mi parte, dado que el proceso licitatorio y la adjudicación efectuada de manera manifiestamente amañada e irregular, a la empresa de origen alemán Voith Hydro, comenzará a ejecutarse dado que la Entidad Binacional Yacyretá al ser una empresa generadora de electricidad, esta excepcionada de cumplir la cuarentena y se encuentra todo su personal trabajando a pleno”, sostuvo en su fundamento.
El expediente fue girado ese mismo día al Juzgado Contencioso Administrativo Federal, a cargo de Enrique Lavié Pico, que estaba a cargo durante la feria. El magistrado, a instancias del fiscal Miguel Angel Gilligan, rechazó la petición el 29 de abril y volvió a girarle el expediente a Madariaga de Negre.
De esta forma, IMPSA deberá esperar hasta que se reanuden las actividades en los tribunales para que la causa vuelva a reactivarse y esperar a que la jueza se expida. Esto sin contar la apelación que realizará cualquier de las partes si el fallo le resulta adverso. “Los cambios de la economía no deberían influir en el fallo de la Justicia”, concluye la fuente cercana a la EBY.

Fuente: Desarrollo Energético.