En los procesos de consulta que promueve Perupetro, a través de talleres informativos, para lograr la licencia social, ha quedado demostrado la débil institucionalidad y flexibilización de normas. Esto sucede con el reglamento de participación ciudadana en hidrocarburos, que busca lograr la imposición de proyectos extractivos y concesiones para la exploración y explotación de petróleo en el mar. Específicamente, en el Lote Z-69 de Piura que amplía el área ipso facto.

El doce y trece de Julio se programaron los talleres en Piura, de manera paralela en diez lugares diferentes como para “dispersar a los pescadores”. No se entregó información previa ni estudios técnicos básicos, negando así a las comunidades el derecho de acceso a la información.

Esta falta de transparencia y prisa infieren que podrían existir acuerdos previamente bajo la mesa, que requieren de aparentes «talleres informativos» para consolidarse. Sin embargo, no se toma en cuenta que la región Piura tiene 3 089 pasivos ambientales de petróleo (89% a nivel nacional), registros de derrames de este combustible fósil y la contaminación del fondo marino y especies hidrobiológicas, así como de ecosistemas marino costeros. De esta manera, se pone en riesgo la salud de sus habitantes y precariza la economía de los pescadores artesanales del norte del país.

Nada de esto tiene importancia para Perupetro, pues las opiniones de los asistentes a los talleres que organiza no son vinculantes ni determinantes en la toma de decisiones. Pareciera que lo importante es solo cumplir con la formalidad para seguir adelante.

Pese a lo anterior, los talleres desarrollados durante la segunda semana de julio tuvieron un duro revés. El reclamo del 90% de los asistentes en Paita, la bocana de Vichayal, Talara (La Brea y Pariñas) , El Alto, Lobitos y Los Órganos fue unánime: ratificar su vocación pesquera y un rotundo rechazo a las concesiones de extracción y explotación de petróleo; además de dos paros en Sechura y Yacila con bloqueos de carreteras (lugares donde no se realizaron los talleres) y movilizaciones contundentes en Paita y Sechura.

Los procedimientos de Perupetro demuestran la necesidad de modificar su reglamento de participación ciudadana en hidrocarburos. Lo que implica definir los mecanismos de acceso a la información que constituyan un derecho legítimo, previo a la toma de decisiones de cualquier proyecto de inversión en el mar y el territorio. Pero, principalmente, de hacerlos efectivos a través de instituciones que resguarden los derechos de las y los ciudadanos como la Defensoría del Pueblo. Además, de impugnar la validez de las consultas realizadas en Piura que son ilegítimas.

Lo que ha sucedido debe ser el parteaguas que frene de una vez por todas las prácticas antidemocráticas e irresponsables que pretenden -al caballazo- imponer las concesiones de extracción y exploración de petróleo. Las opiniones de las comunidades costeras y pescadores artesanales sí son determinantes en el proceso participativo.

No se trata de detener la inversión privada sino de poner reglas claras que reconozcan que no es compatible la exploración y explotación de petróleo en zonas de alta diversidad, como la Amazonia y zona marino costera, reconociendo los derechos preexistentes de quienes allí habitan y tienen poder de decisión.

Esperamos salidas institucionales que eviten conflictos y reafirmen el acceso a la información, participación ciudadana y justicia ambiental en un estado de derecho. Sin ceder a los lobbys empresariales y negociados de la industria petrolera.

*María Elena Foronda Farro pertenece al Instituto Natura y fue excongresista de la República