Perú consolidó en la última década uno de los flujos de inversión minera más altos de la región, con proyectos de cobre, oro y zinc que integran carteras de miles de millones de dólares. La minería representa cerca del 9% del PBI y más del 60% de las exportaciones, lo que ubica al país entre los principales productores globales de metales.
Sin embargo, la expansión del sector no modificó la estructura social ni productiva del país, que mantiene niveles de informalidad superiores al 70% y una marcada fragmentación territorial.
La estabilidad macroeconómica peruana, sostenida por un Banco Central con fuerte independencia y políticas fiscales prudenciales, permitió que los flujos de inversión se mantuvieran incluso en contextos de inestabilidad política.
La continuidad de las reglas macro facilitó la ejecución de proyectos de gran escala como Quellaveco, Las Bambas y Toromocho, que explican buena parte del crecimiento de la producción de cobre y del ingreso de divisas.
El desempeño del sector minero no se trasladó al resto de la economía. La estructura productiva peruana continúa concentrada en actividades extractivas con escasos encadenamientos locales.
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La capacidad de los gobiernos subnacionales para transformar la renta minera en infraestructura, servicios y capital humano sigue siendo limitada, lo que genera brechas persistentes entre regiones con alta actividad extractiva y zonas con baja integración económica.
La informalidad laboral, que alcanza a más de dos tercios de la fuerza de trabajo, constituye uno de los principales indicadores de la falta de desarrollo estructural.
La expansión minera no redujo este nivel ni impulsó una diversificación productiva que permita absorber empleo formal en sectores industriales o de servicios avanzados. La economía peruana combina así un sector exportador dinámico con un entramado interno de baja productividad.
El caso peruano muestra que la magnitud de la inversión minera y la estabilidad macroeconómica no garantizan por sí mismas un proceso de desarrollo.
La ausencia de políticas de articulación productiva, la debilidad de los encadenamientos locales y la limitada capacidad institucional para administrar la renta extractiva explican por qué un país con ingresos sostenidos de divisas no logró consolidar mejoras estructurales en su economía ni en su mercado laboral.
