La cámara que nuclea a las principales petroleras del país defendió la ley en el Congreso. Aseguran que la libertad de precios y de exportación crea las condiciones que necesita el sector, y anticipan inversiones millonarias.

Las empresas petroleras más importantes del país realizaron un fuerte apoyo a la ley ómnibus que se debate en el Congreso. Así lo hicieron saber este martes con la presencia en la Cámara de Diputados de Carlos Ormachea, presidente de la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos (CEPH). Ormachea, quien a su vez es CEO de Tecpetrol, la petrolera del grupo Techint, defendió la libertad en los precios de los hidrocarburos y la libertad de exportaciones para el sector que plantea el proyecto, y prometió que, de aprobarse, las compañías realizarán mega inversiones de u$s 15.000 millones por año.

Este martes, Ormachea se presentó en la reunión informativa de la comisión de legislación general, donde asisten distintos invitados para opinar sobre el proyecto de ley llamado formalmente “Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos”. En su introducción, realizó un fuerte apoyo a la ley ómnibus: “La Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos, que representa a los productores de gas y petróleo de la Argentina, quiere manifestar su apoyo a las modificaciones a la Ley 17.319, tendientes a liberalizar el sector hidrocarburífero, que se incluyen en el capítulo 9”.

Sobre el por qué del apoyo, el presidente de la cámara que nuclea a las principales petroleras del país afirmó: “Consideramos que la libertad de precio, la libertad de comercio, la eliminación de posibles discrecionalidades en las decisiones políticas relativas al sector, van a impactar positivamente en el proceso de inversión”.

“Habrá una mejora de u$s 29 mil millones en la balanza comercial de la Argentina, pasando de un déficit de u$s 4.000 millones que tuvimos en el año 2022, a un superávit de u$s 25 mil millones”.

Promesa de inversiones

La semana pasada también estuvo en el Congreso el secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, uno de los cerebros detrás de la ley ómnibus. Allí afirmó que Vaca Muerta, pese a ser la segunda mayor reserva del mundo en shale gas, “solo explota el 6% de todo su potencial”.

En esa línea, Ormachea afirmó: “Para transformar este potencial en una realidad necesitamos solo tres cosas. Una regla de precios alineada con lo vigente en el mundo, la posibilidad de exportar sin restricciones, y un acceso a la divisa para poder repagar las inversiones. Este proyecto aporta sustancialmente para que se resuelvan los dos primeros problemas”. La parte de las divisas no está contemplada en el proyecto, y para eso dependerá de que el Banco Central levantara el cepo cambiario.

El titular de la cámara que nuclea a empresas como YPF, Vista, PAE, Tecpetrol y Pampa Energía enumeró las proyecciones que podría tener el sector de cara al 2030: “Si se crean las condiciones, y este proyecto contribuye significativamente a ello, consideramos nosotros, para el año 2030, que es un plazo bastante corto, el sector de la producción de gas y petróleo puede multiplicar por dos veces y media la producción de petróleo que tenemos hoy en Argentina, llegando a un millón y medio de barriles por día”.

Para eso, aseguró que habrá “una inversión a régimen anual de unos u$s 15.000 millones todos los años”. Además, aseguró que tendrá impactos fiscales y cambiarios: informó que esto generará ingresos adicionales al fisco de unos u$s 5000 millones por año. En materia de dólares, anticipó: “Habrá una mejora de u$s 29 mil millones en la balanza comercial de la Argentina, pasando de un déficit de u$s 4.000 millones que tuvimos en el año 2022, a un superávit de u$s 25 mil millones”.

Ormachea afirmó que esas cifras no son “una fantasía”, sino que son “perfectamente factibles”, debido al aumento mundial de la demanda de energía, donde la Agencia Internacional de Energía pronostica un crecimiento de un 47% para el 2050. Y además, porque dijo que Argentina no solo tiene los recursos naturales que podrían abastecer el consumo doméstico por 90 años, sino que dijo que el país “tiene empresas petroleras con capacidad y con decisión de invertir, como quedó demostrado cada vez que las condiciones estuvieron dadas”.

Carta de apoyo al Gobierno

La CEPH, cámara que también nuclea a otras compañías como Total Austral, Chevron, Pluspetrol, Equinor, Shell o Exxon, le enviaron una carta al Gobierno para dejar por escrito su apoyo al proyecto de ley.

El sector ve con muy buenos ojos la ley ómnibus, por los artículos que terminan con la lógica del autoabastecimiento del mercado interno primero y con el desacople de los precios locales de los hidrocarburos versus los internacionales. Así, ponderan de la nueva ley:

El artículo 255, que cambia el objetivo del Poder Ejecutivo de “satisfacer las necesidades de hidrocarburos del país” a “maximizar la renta obtenida de la explotación de los recursos y satisfacer las necesidades de hidrocarburos del país.”

El artículo 258, que quita “sobre bases técnico-económicas razonables que contemplen la conveniencia del mercado interno”. Agrega: “El Poder Ejecutivo no podrá intervenir o fijar los precios de comercialización en el mercado interno en cualquiera de las etapas de producción. En el caso de empresas estatales estas podrán vender únicamente a precios que reflejen el equilibrio competitivo de la industria, esto es a las correspondientes paridades de exportación o importación según corresponda”. Sin mencionarla, se refiere a la intervención que hicieron los gobiernos kirchneristas con YPF.

Además, el proyecto agrega: “Los permisionarios, concesionarios, refinadores y/o comercializadores podrán exportar hidrocarburos y/o sus derivados libremente, conforme la reglamentación a dictar por el Poder Ejecutivo, quien establecerá las condiciones para su efectiva entrada en vigencia.”
El artículo 300, que deroga ventajas a empresas estatales frente a las privadas
Sin embargo, hay algunos puntos que objetan, sobre todo, el artículo 268, que “quita la posibilidad de extender concesiones por 10 años infinitamente”. Además, el artículo 277 dice que “si vence la concesión de explotación, tiene que haber una nueva licitación”.