Argentina tiene uno de los porcentajes de mezcla de biocombustibles más altos del mundo: 12 por ciento en naftas y 10 por ciento en gas oil, solo superado por Brasil y Paraguay en etanol (25) para las naftas, e Indonesia y la India en Biodiesel (20) para el gas oil.

Esta premisa deviene de la ley 26093, sancionada en 2007, que dispuso el corte en los combustibles fósiles y otorgó incentivos fiscales a la producción de biocombustibles. En aquella época, en un contexto de altos precios internacionales de petróleo, había además un beneficio económico sobre el valor final del combustible al utilizarse otro producto (biocombustible) de menor valía al tradicional. Al poco tiempo, esa utilidad, a partir de la baja del precio del petróleo y el alza de los productos agropecuarios, se revirtió.

La legislación en cuestión promueve – hasta el año 2021- ventajas fiscales a proyectos de construcción de nuevas plantas, asegurando un mercado cautivo y un precio fijado por el Estado. Asimismo, el biocombustible agregado a la nafta y al gas oil no paga el impuesto a los combustibles y al dióxido de carbono.

De igual forma, establece que solo quienes se dediquen a la actividad agropecuaria pueden producirlos. Las petroleras están obligadas a comprar biocombustible a los productores locales, mezclarlo en sus derivados y distribuir y comercializar la mezcla; con lo cual el productor de biocombustible no tiene costo de distribución y comercialización, ni tiene que operar y mantener una red de Estaciones de Servicio para su actividad.

En este contexto, las compañías plantean firmemente su oposición a la extensión de la Ley tal como proponen diversos proyectos presentados en el Congreso Nacional, la mayoría de los cuales proponen elevar el corte del 15 al 27 por ciento en los próximos 15 años. Aseguran que el precio al consumidor termina siendo mayor, ya que el costo en puerta de refinería del combustible fósil es menor al del biocombustible.

Afirman además, que el Estado perdería más dinero con YPF, compañía de la que tiene el 51 por ciento de las acciones. La propuesta de aumentar el porcentaje de biocombustibles en el litro de combustible automotor redundaría en una reducción de los ingresos de YPF, ya que por cada litro de nafta que venda, sus ingresos se reducirían del 88 por ciento actual (dado que el 12 por ciento del litro de nafta es biocombustible de otra empresa) al 70 por ciento propuesto por los productores, con el consiguiente impacto en las finanzas de la compañía, ya hoy fuertemente endeudada. Lo mismo sucedería con cada litro de gas oil que se distribuya al mercado.

Estos argumentos fueron explicitados en una nota enviada ayer por sus directivos al ministro de Economía, Martín Guzmán y al de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, entre los que se destacan:

• No aumentar el porcentaje actual de biocombustibles en la nafta y el gasoil, actualmente entre los índices más altos del mundo.
• Acotar el volumen de biocombustible con exenciones impositivas para que, después de 15 años, aporten a las cuentas públicas, manteniendo el segmento hoy abastecido por el sector azucarero.
• Acotado el volumen con exenciones impositivas se podrá aumentar los ingresos fiscales y cobrar retenciones por las exportaciones que deberían fomentarse para los derivados del maíz y soja.
• Mejorar el balance de divisas, al exportar el biodiesel y reemplazarlo por gas oil local.
• Incrementar el control de calidad de los biocombustibles, que generan diversidad de problemas en motores, que finalmente afectan a las compañías petroleras por ser ellas quienes venden el producto al consumidor.
• Eliminar el régimen de promoción para construcción de nuevas plantas, ya que hay suficiente capacidad para el mercado interno.