La Cámara Argentina de la Energía (CADE), que representa a las grandes productoras y refinadoras de hidrocarburos con YPF
a la cabeza, sorprendió esta semana con su decisión de promover una acción de amparo para que se declare la inconstitucionalidad del congelamiento de precios en el sector.

Ya lo había hecho la petrolera de Miguel Galuccio, uno de los principales jugadores de Vaca Muerta, por lo tanto muy afectado por la medida, sobre la cual las provincias ya pusieron el grito en el cielo y denuncian que sus regalías cayeron en conjunto unos $1.800 millones en septiembre por las medidas del Gobierno de Mauricio Macri. Sin embargo, lo llamativo esta vez de la acción conjunta de las petroleras es lo extemporáneo de la misma. Hay motivos, y en ellos es donde entra la dupla Fernández-Fernández.

El malestar tanto de las empresas como de las provincias por las medidas del gobierno de Mauricio Macri, posPASO, era conocido, sin embargo, lo que llamó la atención fue la decisión de las petroleras de avanzar, a menos de una semana de las elecciones, desde la cámara que comanda la empresa controlada por el propio Estado Nacional, y a 16 días hábiles del final del congelamiento, el 13 de noviembre según lo establecido en el Decreto 556, contra las medidas que «afectan en forma directa el normal desarrollo del mercado de hidrocarburos y combustibles en el país», según afirman en el comunicado con el cual confirmaron la presentación ante el Juzgado Federal de Neuquén.

Desde hace al menos tres semanas varios de las empresas asociadas en la CADE (Pan American Energy, Shell, ExxonMobil, Raízen, Total y Pluspetrol, entre otras), donde la representación de cada miembro está definida en función del peso específico de cada compañía en la industria, venían sosteniendo la necesidad de dejar asentado en la Justicia una posición formal contra el congelamiento de precios. Es en efecto, lo que hicieron, en los hechos, las gobernaciones de Neuquén y Río Negro y algunas empresas como ‘Vista Oil&Gas’ ni bien se anunció el congelamiento.

Según publicó el sitio especializado ‘EconoJournal’, «la mayoría de los socios de la CADE estaba a favor de avanzar en el plano judicial. Incluso el Gobierno dejó entrever que esa sería una buena opción para salir del congelamiento. Lógicamente, YPF pidió algún tiempo más para validar la acción en términos políticos. Sin el aval de la petrolera controlada por el Estado, la medida no podría haberse materializado».

Luego, a solo 5 días de las elecciones presidenciales y cuando el tema ya no generaba interés público, YPF dio luz verde y la CADE presentó el recurso de amparo en la Justicia.

Ocurre que la «recomposición del precio interno del petróleo» es uno de los primeros temas que introducirá la industria en la agenda del próximo gobierno. Y la inacción de las petroleras hasta ahora, no había caído bien en el Frente de Todos: «Tratándose de una medida irracional sin antecedentes en el país, tendrían que haber cuestionado más enfáticamente la decisión», dijero cerca del búnker de Alberto Fernández, según el mencionado sitio.

Y en ese sentido es que el amparo presentado ayer busca subsanar esa cuestión, sobre todo con vistas a disipar un eventual intento del nuevo gobierno de prorrogar en el tiempo el congelamiento que finaliza el 13/11.

«Es una cuestión de principios», admitieron desde una de las empresas.

Más perdedores

Mientras, las provincias petroleras que fueron de las primeras en entrar en «guerra» judicial, reportaron que dejaron de recaudar en conjunto unos $1.800 millones en septiembre por las medidas del Gobierno.

En agosto mismo, Neuquén, Río Negro, La Pampa, Tierra del Fuego y Chubut habían presentado amparos en la Corte Suprema de la Nación para dejar sin efecto el DNU de Macri que fijó el barril en u$s59 y el dólar petrolero en $45, aunque luego subió hasta orillar los $50.

Luego se sumó Vista y ahora la CADE a la escalada judicial, que refleja el fracaso de la mesa de negociación que había inaugurado la Casa Rosada, comandada por el secretario de Energía, Gustavo Lopetegui, ni bien provincias y empresas hicieron notar el malestar por las medidas del Gobierno.

Esta semana, Neuquén, cabecera de Vaca Muerta, reportó que en septiembre las regalías hidrocarburíferas cayeron $600 millones. El distrito gobernado por Omar gutiérrez (MPN) totalizó $3.100 millones el mes pasado versus $3.700 millones que había recaudado en agosto, según informó el medio local ‘La Mañana’.

Gutiérrez fue justamente uno de los gobernadores que encabezó el reclamo por la vía judicial. El otro fue su vecino Alberto Weretilneck, del partido Juntos Somos Río Negro. Días atrás, el Ministerio de Economía rionegrino informó que recibió en septiembre cerca de $341 millones en concepto de renta petrolera, unos $51 millones menos que en agosto, lo que representa una caída de 15% en las regalías. El pampeano Carlos Verna, en tanto, fue el tercero en llegar a la Corte, y manifestó que la provincia cedería unos $200 millones en los tres meses de freezer que dispuso el DNU.

El ministro de Economía de Chubut, Oscar Antonena, se refirió también a las pérdidas de recursos de la provincia, que atraviesa una grave crisis financiera: «El DNU significa una merma de ingresos para nuestra provincia de $1.900 millones en los tres meses de su aplicación», dijo el funcionario de Mariano Arcioni. Con lo cual, el recorte supera los $600 millones mensuales.

Santa Cruz, gestionada por Alicia Kirchner, estimó por su parte en $300 millones mensuales la caída mensual en ese concepto; mientras que en Tierra del Fuego la administración de la peronista Rosana Bertone no proporcionó datos precisos sobre la recaudación en regalías del último mes, aunque cálculos extraoficiales ubican la merma en torno a los $35 millones, según informó el medio ‘Diario del Fin del Mundo’.

Por su parte, en Mendoza el gobernador radical Alfredo Cornejo decidió no sumarse a la escalada judicial. El distrito cuyano tiene yacimientos convencionales y también una porción de la formación Vaca Muerta. Pero, así como los distritos gestionados por Cambiemos no se sumaron a las demandas de las provincias opositoras al Gobierno contra los decretos por la reducción del IVA y aportes personales (entre otros) que impactan en una menor coparticipación, Mendoza siguió el mismo camino en la cuestión petrolera.

Aunque funcionarios de Cornejo no descartaron iniciar reclamos formales a Nación para ser compensados por ambos temas.

El subsecretario de Energía y Minería de Mendoza, Emilio Guiñazú, calculó en $360 millones la pérdida por regalías durante los tres meses de congelamiento.

Fuente: Urgente 24.