«Son descuentos que las empresas aplicaron. Pero son aportes que no fueron girados para el funcionamiento de la obra social con la que le damos cobertura a miles de trabajadores», agregó el sindicalista, uno de los que viene negociando con las empresas petroleras en el contexto del conflicto que se profundizó en la última semana.

El viernes pasado, luego de la reunión que había mantenido el sindicato con la Cámara de Empresas Productoras de Hidrocarburos (CEPH) y la de Servicios Petroleros (CEOPE), el gremio le había dado «libertad de acción» a sus afiliados. En los hechos, se esperaba una seguidilla de medidas de fuerza en áreas de Vaca Muerta.

Pero luego de semanas sin intervenir, el ministerio de Trabajo lanzó una convocatoria a todos los sindicatos del sector petrolero del país. Ese mismo día, por la tarde, Pereyra sostuvo que irían a la mesa de negociación, que prevé un ámbito de discusión de 15 días en los que no pueden realizarse medidas de fuerza.

Sin embargo, puso de relieve un reclamo que ya le había realizado a las petroleras en la jornada previa: la deuda millonaria en aportes a la obra social, que le pide discutir a Trabajo en la misma conciliación.

Puertas adentro del sindicato aseguran que es un planteo que ya le habían realizado a las empresas de servicios meses antes. Con todo, no formó parte del debate público hasta que la cuerda terminó tensándose.

En rigor, es un capítulo más en los dos últimos meses en los que la relación empezó a complicarse en medio de una crisis sobre Vaca Muerta y toda la industria petrolera que no cuenta con antecedentes.

Luego de dos acuerdos para dar respuestas a unos 20.000 trabajadores que permanecían en sus viviendas por el aislamiento preventivo en los yacimientos, algo que impactó en una caída del 40% de sus salarios, los gremios del sector empezaron a dialogar nuevamente con las dos cámaras.

Las petroleras, con YPF a la cabeza, comenzaron a pedir una mejora del 30% en la productividad como una condición necesaria para atenuar el impacto de la crisis del sector, algo que buscan para establecer un plan paulatino de crecimiento de la actividad, que de todos modos quedará vinculado a las condiciones de la cuarentena en el país.

Los sindicatos vieron en ese posicionamiento empresarial un avance en el convenio colectivo de trabajo. Y el escenario se complicó aún más. En ese contexto surgieron dos nuevos elementos en el debate: el reclamo del 16,2% de incremento que impulsan los gremios de la Cuenca Neuquina, y en las últimas horas, cuando las empresas se negaron a dar ese aumento, la millonaria deuda que el sindicato afirma que es de 800 millones de pesos.

Las petroleras, de acuerdo a lo que plantean los gremios, expresaron en las últimas negociaciones un contexto de “incertidumbre” en el sector energético como principal argumento para no otorgar el aumento salarial, en rigor, una actualización salarial vinculada a la inflación incluida en el acuerdo paritario del 2019, algo que también iba a impactar como un posible parámetro para el resto de las cuencas productoras.

Es lo que también puede leerse en la convocatoria a una docena de sindicatos del sector en todo el país que hizo Trabajo, en una jornada en la que también organizaciones sindicales con representación en el sector de la refinación buscaron impactar en la cadena de suministro de combustibles.

Fuente: Más Energía.