El Gobierno puso en marcha una de sus grandes apuestas de este año: el programa con el que busca incentivar la producción de gas para así evitar un aumento desmedido de las importaciones en un escenario de escasez de dólares, como ya le ocurrió al kirchnerismo entre 2008 y 2014. El gasto fiscal no será barato, según cálculos oficiales se destinarán solo US$600 millones el año próximo.

En un acto en la Casa Rosada, y con fuerte presencia de empresarios, sindicalistas y gobernadores, el presidente Alberto Fernández volvió a lanzar de manera oficial el Plan Gas. El primer anuncio había sido en Vaca Muerta, la joya energética que tiene el país y que todavía no logra desarrollar a pleno; solo alrededor del 6% es utilizado para la producción de gas y petróleo.

El Presidente basó su discurso en la sinergia que hubo con el sector privado para lanzar el programa. «Si eliminamos los odios y las venganzas y nos ponemos juntos a mancomunar esfuerzos, las posibilidades de salir adelante son infinitamente mejores. No nos podemos dar el lujo de postergar estas posibilidades. Hubo meses de debate, de escucharnos, entendernos y respetarnos. Este programa representa más gas para la Argentina y más divisas», dijo, acompañado del ministro de Economía, Martín Guzmán, y del secretario de Energía, Darío Martínez.

Lo escuchaban sentados de frente, los empresarios Paolo Rocca y Carlos Ormachea (Techint y Tecpetrol), Alejandro y Marcos Bulgheroni (Pan American Energy), Marcelo Mindlin y Gustavo Mariani (Pampa Energía), Hugo Eurnekian (CGC), Sergio Affronti (YPF), Marcelo Asis (Shell), Eric Dunning (Chevron), Daniel De Nigris (ExxonMobil), Dominique Marion y Carlos Seijo (Total), Pablo Vera Pinto (Vista Oil), Germán Machi (Pluspetrol) y Carlos Magariños, de la Cámara Argentina de la Energía. También se encontraban los jefes gremiales Guillermo Pereyra, Jorge Ávila y José Llugdar.

El Plan Gas se pondrá en funcionamiento pasado mañana, cuando se realice la licitación para subastar 70 millones de metros cúbicos de gas por día (m3/d) -aumenta a 100 millones de m3/d para los meses de invierno- para fijar los contratos de la oferta por los próximos cuatro años. Se trata de una proporción importante del mercado, que abastece la demanda residencial y las usinas eléctricas. Para comparar, este año entraron al sistema alrededor de 110 millones de m3/d promedio.

El mismo día se espera que se abran los sobres para conocer las empresas productoras que cubrirán estos volúmenes. La idea es tener nuevos contratos de precios de gas para el 15 de diciembre, dos días antes de que venzan los que están vigentes. Antes de esa fecha también se dará inicio a la revisión tarifaria, que podría aumentar el valor del servicio entre 30 y 35% en promedio a partir de marzo.

La Secretaría de Energía estableció un precio tope para las subastas de US$3,70 el millón de BTU (medida inglesa que se utiliza en el sector, que equivale a 27,08 metros cúbicos). Es un precio pactado en dólares, a pesar de que el presidente Alberto Fernández diga que «la dolarización de las tarifas de los servicios públicos se terminó en la Argentina».

El Gobierno luego debe establecer qué proporción del precio promedio que surja de la subasta lo pagarán los usuarios de manera directa y cuánto deberá cancelar el Estado a través de subsidios. Actualmente, las tarifas residencial de gas representan un valor de US$2,30 el millón de BTU, pero decrece cada mes con la devaluación. Según Martínez, la idea es mantener este valor, lo que explica que los incrementos de tarifas aumentarán en línea con la suba del tipo de cambio.

Además, falta definir los incrementos que le corresponden a las transportistas (TGN y TGS) y a las distribuidoras de gas (Metrogas, Naturgy y Camuzzi, entre otras), que representan alrededor del 40% del precio final de las tarifas, aunque se estima que se compensará a las empresas con la posibilidad de hacer menos inversiones de las obligatorias.

Las críticas que le hacen al programa los exministros de Energía Jorge Lapeña y Daniel Montamant es justamente sobre el costo fiscal. Un informe del Instituto Mosconi, que preside Lapeña, dice que se «subestima el verdadero costo fiscal del Plan Gas, al otorgarle un crédito de aproximadamente US$200 millones para el año 2021, mientras el Gobierno ha estimado un costo fiscal directo de US$1491 millones para el año siguiente».

Y agrega que además hay que sumarle «las mayores erogaciones fiscales indirectas a través de los subsidios a Cammesa [la compañía con control estatal encargada del despacho de energía eléctrica] vía un incremento en el precio del gas para la generación eléctrica, que podría llevar el costo fiscal total del plan a superar los US$2000 millones en el año 2021″.

Montamat, por su parte, dijo que el Plan Gas es un programa «para evitar mayores importaciones, no para desarrollar todo el potencial que hay en Vaca Muerta». Según calculó, este año, la producción de gas caerá 7,5% en comparación al año pasado: 135,2 millones de m3/d promedio en 2019 contra 122 millones de m3/d de 2020.

«Queda también la incógnita de cuáles son los precios que van a pagar las demandas: la residencia y las usinas. ¿Todo eso quedará planchado? Parece que no. Desde marzo aumentaría el precio de gas. En el proyecto de presupuesto figuran como subsidios US$200 millones y una cláusula que dice que, si se necesitan más transferencias, saldrán de las reasignaciones presupuestarias de Jefatura de Gabinete. Si el Estado se atrasa con los pagos, las empresas además podrán deducir esa deuda de los impuestos», explicó Montamat.

Fuente: La Nación.