La industria petrolera se caracteriza por activos que por su naturaleza quedan inmovilizados antes de que las empresas comiencen a recuperar su inversión.

El gobierno pareciera haber descubierto que no puede hacer lo que se le ocurra y cuando quiere, si pretende revertir la curva decreciente de producción de gas.
Por eso viajó el presidente Fernández a Neuquén, sin estar definida la estructura de la cartera energética ni todos los aspectos de lo que iba a anunciar. Lanzó en Vaca Muerta el nuevo “Plan de Promoción de la Producción de Gas Argentino”, conocido como Plan Gas 4, luego de innumerables idas y vueltas, amagues, marchas erráticas, cambio de interlocutores, contradicciones y tantos meses de “vamos viendo”.

En la coyuntura y la urgencia se presentó con metas más modestas que en versiones anteriores: mantener la producción o evitar el declino en lugar del crecimiento de la producción de gas y con cifras estimadas sin conocerse sus hipótesis y cálculos: “hasta 2024 se prevé sustituir importaciones por u$s 5.629 millones, un ahorro fiscal de u$s 2.574 millones, aumentar la recaudación en u$s2.525 millones y atraer inversiones privadas por u$s 5.000 millones”.

Se anuncia finalmente a las apuradas por dos cuestiones, quizás no reconocidas, pero sí implícitas. No podemos patear la pelota indefinidamente hacia adelante ni podemos desconocer cómo reacciona la industria frente a determinados desequilibrios.

Surge el interrogante si se tiene el cabal entendimiento del funcionamiento de estos procesos. Si habrá aprehendido por la fuerza, o fue una mera reacción inconsciente ante al abismo de vislumbrar la no disponibilidad de los dólares suficientes para importar gas el próximo invierno de no revertirse la tendencia.

Entendemos que han hecho una lectura que, de no implementarse el Plan Gas en forma urgente, sus resultados no llegarán a tiempo. Las operadoras deben conocerlo en detalle, para poder analizarlo y evaluarlo, proponer las inversiones a sus accionistas y algo más complejo en aquellos joint venture (JV: Unión Transitoria de Empresas) poder acordar en los joint operations agreement (JOA: acuerdos de operación conjunta) los diversos, y muchas veces contrapuestos, intereses y posibilidades de sus miembros. No es para nada inmediato. Lleva su tiempo, máxime en la situación de grave inestabilidad macroeconómica del país y en un ambiente de un estado endeudado y un gobierno que ha mostrado señales adversas a la propiedad, al pago de deudas y compromisos, al capital y la inversión privada. “El tiempo es oro” y lo hemos dilapidado.

El otro nuevo concepto que aparece con la llegada del shale de Vaca Muerta, es la corta y estrecha relación entre el regulador y las empresas. Un vínculo casi de siameses, entre el administrador y los administrados para poder avanzar sin sacarse ventajas unos a otros.

La industria petrolera y gasífera se caracteriza por la presencia de altos costos hundidos, es decir, activos que por su propia naturaleza quedan inmovilizados antes de que las empresas comiencen a recuperar su inversión. Los gobiernos pueden tener incentivos a renegar de sus compromisos adquiridos una vez que el grueso de la inversión se ha hecho y cuando la producción está en marcha.

El Obsolescing Bargain Model, fue desarrollado por Raymond Vernon en 1971, y explica la naturaleza cambiante de las relaciones de negociación entre empresas (en general multinacionales) y los gobiernos de un país anfitrión. La negociación inicial favorece a las empresas (capital, inversiones, tecnología), pero el poder de negociación relativo se traslada al gobierno anfitrión a medida que los activos de las empresas se transforman en rehenes. En nuestro caso las inversiones para desarrollar el gas.

“Uno puede hacer cualquier cosa, salvo evitar las consecuencias”. Antes, esos desenlaces se daban a largo plazo o en el siguiente gobierno; ahora con la brusca caída la producción de los pozos no convencionales en contraposición de la prolongada declinación de los yacimientos convencionales implica que al gobierno no le resulte, ni siquiera en el corto plazo, la implementación del modelo de ganga o negociación obsoleta y debe escuchar y atender a los reclamos de las empresas. Y es lo que sucedió.

Se debió incluir dentro del plan, para que no fracasara de antemano, las exigencias de la industria, entre otras, las garantías frente a eventuales incumplimientos por parte del Estado. La presentación lo define como “Sinergia Público-Privada”.

Los principales objetivos esbozados del plan son detener el declino de la producción del gas convencional, sustituir importaciones de GNL y el consumo de combustibles líquidos, disminuir la salida de dólares por energía, potenciar el empleo en el sector y garantizar el gas para el invierno 2021. Todo muy loable. Faltan aún los cómos y los detalles.

Habrá tomado el gobierno conciencia de estas dos cuestiones claves: tiempo y acción-reacción, o fue sólo un impulso ya que una semana después del anuncio, aún no se ha publicado el decreto para implementarlo. Esperemos no se demore. El gobierno sigue procrastinando (“estoy muy ocupado haciendo cosas que no necesito para evitar hacer todas las cosas que debería estar ahora haciendo”). La industria sigue en modo “wait & see”, esperando…

Fuente: Más Energía.