La Cámara Argentina de Energías Renovables (Cader) presentó un estudio en el que propone extender al 30% para el 2030 la obligación de cubrir el consumo eléctrico con fuente renovables para asegurar un sendero de transición en cumplimiento con el Acuerdo de París pero también para «dar señales de largo plazo para la toma de decisiones de inversión en el sector».

El trabajo realizado por Cader y la consultora internacional KPMG Argentina dio a conocer hoy el informe «Energía Renovables en Argentina. Desafíos y oportunidades en el contexto de la transición energética global», un documento que cuenta con el apoyo institucional de la embajada británica en Buenos Aires.

El análisis sectorial plantea que en medio de la crisis pandémica del Covid-19, Argentina se enfrenta al desafío de avanzar aceleradamente en la transición energética impulsada por el cambio climático a nivel global, pero a la vez necesita llevar a cabo una transformación de su sector energético que posibilite articular crecimiento económico, inclusión social y cuidado medioambiental.

En ese contexto el documento considera necesario «un plan nacional de largo plazo que brinde una hoja de ruta para la transición energética del país en cumplimiento con los objetivos nacionales y los compromisos asumidos ante la comunidad internacional».

Así, entre los puntos principales de la propuesta se planteó que «el horizonte de los objetivos de la Ley 27.191 debería ser extendido a una cuota del 30% a 2030 a fin de asegurar un sendero de transición en cumplimiento con el Acuerdo de París», lo que sería «especialmente relevante para dar señales de largo plazo para la toma de decisiones de inversión en el sector».

La ley 27.191 estableció como objetivo una contribución de las fuentes de energía renovables hasta alcanzar hasta el 20% del consumo de energía eléctrica nacional, al 31 de diciembre de 2025.

También se destaca que el país tiene «una base de capacidad industrial instalada que le otorga el potencial necesario para desarrollar segmentos de fabricación de partes, ensamblado y prestación de servicios para las distintas tecnologías renovables durante todo su ciclo de vida, incluyendo los servicios de operación y mantenimiento».

De esta manera, la participación de insumos producidos por la industria nacional sumado a la mano de obra local en proyectos solares fotovoltaicos de baja y mediana escala «puede significar cerca del 65% de la estructura de costos», y en proyectos bioenergéticos, los proveedores de origen nacional pueden significar «hasta el 80% de la estructura de costos totales».

En cuanto a la capacidad de generar empleo de calidad, el documento de Cader asegura que en el país «se crearon alrededor de 17.500 puestos de trabajo directos en energías renovables a partir de la implementación del régimen de fomento de la Ley 27.191», mientras que la generación distribuida establecida «tiene un alto potencial de empleo asociado a proyectos de pequeña y mediana escala».

En ese sentido, el desarrollo de la generación distribuida «es incipiente en el país y necesita acelerarse para cumplir el objetivo de 1 GW a 2030», y se consideró que «la autogeneración en hogares y empresas es un vector clave para la incorporación de fuentes renovables a la matriz energética nacional».

El informe resalta que las energías renovables representan «una oportunidad para mejorar la balanza energética del país a mediano plazo, incluso considerando la salida de divisas inicial por la importación de equipamiento, ya que existe una sobrecompensación de ingresos de divisas a mediano plazo por ahorro de importaciones o aumento de exportaciones de hidrocarburos».

«Estimaciones indican que el punto de recupero de divisas puede encontrarse entre 4 y 7 años desde la inversión en proyectos con una vida útil mínima de 20 años», refirió.

El trabajo dedica un capítulo a señalar la necesidad de que «las tarifas eléctricas estén basadas en un esquema eficiente de subsidios segmentados que respeten la equidad y eviten errores de inclusión o exclusión de manera que existan los incentivos necesarios para el consumo racional de la energía eléctrica, mejorando la competitividad sistémica».

Y también aborda el problema del financiamiento, sobre el cual destaca como «una barrera principal al crecimiento de las energías renovables de gran escala y del sistema de generación distribuida».

«Argentina sólo ha recibido el 5% del volumen de inversiones realizadas en Latinoamérica entre 2008 y 2019. Teniendo en cuenta su peso relativo en la región, en términos de producto bruto y población, los niveles de inversión deberían ser significativamente mayores. Argentina debe restablecer sus equilibrios macroeconómicos para que los proyectos renovables puedan acceder a las fuentes de fondos actualmente disponibles en el mundo para financiar activos renovables, tales como préstamos climáticos y bonos verdes». reseñó.

Fuente: Télam