Quienes pretenden la estatización de Edesur buscan librarse de las deudas que ellos mismos generaron, perjudicando a la población

Tener luz es mágico. Todo funciona con electricidad: desde la máquina de coser hasta los celulares. Pasando por las computadoras, los televisores, las estufas, los lavarropas, las planchas, las heladeras y el modesto timbre de la puerta.

Lo damos por sentado. Para algunos es un «derecho humano», como la salud y la vida. Pero no se trata de un recurso gratuito: para producir electricidad y llevarla a los hogares se necesitan enormes inversiones. Desde la generación (usinas de ciclo combinado, centrales nucleares, represas hidroeléctricas, parques eólicos), pasando por las líneas de alta tensión, hasta las subestaciones transformadoras y las líneas de media y baja tensión que llegan a las industrias, los comercios y los hogares.

El mayor costo para dar luz es el costo de obtener capital, no la mano de obra. Un país que carece de capitales no puede tener luz, aunque su Constitución lo declare un derecho humano, aunque lo disponga un Ministerio de Energía (o de la Felicidad, si fuera el caso) y se amenace con paredón a quienes provoquen las tinieblas.

Quienes entonan «combatiendo al capital» sin enrojecerse, y además cumplen su promesa, nunca podrán ofrecer los servicios eléctricos que la justicia social demanda. Como tampoco proveer de agua potable y cloacas a los barrios carenciados ni brindar salud en los hospitales, ni seguridad en las calles, ni buena educación en las escuelas.

Desde 1992, Edesur es la distribuidora de electricidad del sur de la ciudad de Buenos Aires y 12 partidos bonaerenses, que se encuentra hoy en la mira del kirchnerismo, como fueron los casos de YPF, Aerolíneas Argentinas, Ciccone, las AFJP, Aguas Argentinas y Vicentin. Desde 1999, pertenece a Endesa (España), ahora subsidiaria de Enel, empresa que cotiza en la Bolsa de Milán y cuyo principal accionista continúa siendo la República de Italia, luego de su privatización por vía bursátil.

Un novísimo marco regulatorio establecía un régimen tarifario predecible, sobre la base de costos competitivos, con incentivos a la eficiencia y controles de calidad de servicio. El sistema era autosuficiente y sustentable. Los usuarios pagaban tarifas que incluían las tres etapas: remuneración de la generación, el costo de transmisión y el valor agregado en la última etapa: la distribución. En el medio, se creó la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) como un gran intermediario informático que compra energía a los generadores al menor precio de cada momento y la vende a los distribuidores, según la demanda de cada uno. Luego, despacha las cargas, cobra a estos y paga a aquellos (y a la transmisión). La clave era que los ingresos de la población permitían abonar las cuentas, como en los países vecinos.

La ley de emergencia económica (2002) pesificó y congeló las tarifas de energía eléctrica. Se fracturó el marco regulatorio original y esa hibernación sirvió para ganar votos, pero restando recursos al sistema. Nada más parecido que Carlos Menem y Néstor Kirchner. Se salió del corset de la convertibilidad, para reemplazarlo por el corset del subsidio.

Ambos regalaron lo que no había, postergando la explosión para adelante. Ya vivimos el 2001; ahora vamos hacia el 2021. Néstor Kirchner desaprovechó el tiempo cuando «el yuyito» tenía precios astronómicos para restablecer el régimen de 1992 en forma racional e indolora. Después fue tarde. La población se habituó a gastar aprovechando la baratura de la tarifa, a costa de «despatarrar» el sistema: desde entonces, los ingresos no alcanzaron y las distribuidoras dejaron de pagar toda la cuenta del transporte y la generación. Para mantener dichos eslabones en funcionamiento, el Estado debió subsidiarlos, mientras las distribuidoras acumularon una deuda hacia Cammesa por los suministros impagos.

A partir de 2006, el gobierno autorizó algunos aumentos para evitar quiebras, pero la brecha entre tarifas y el costo real de la energía eléctrica continuó profundizándose, lo que obligó a incrementar, en forma simétrica, los subsidios federales. Al beneficiarse a los usuarios del AMBA con fondos nacionales se perjudicó al interior del país: cuando se trata de agradar al conurbano, se pisotea el federalismo.

En 2015, el subsidio estatal a la generación constituía uno de los principales factores del déficit fiscal, superior al 4% del PBI. Esas sumas siderales, en realidad eran (y son) una monumental transferencia del Tesoro nacional a todos los clientes de Edesur y Edenor, pobres o ricos, que pagan las facturas de luz sin aumentos.

Sin normalización tarifaria durante 14 años se deterioraron las finanzas de las concesionarias, se restringieron prestaciones y se desmejoró la calidad del servicio. Los habitantes del AMBA pagaban las tarifas más bajas de América Latina y más baratas que el resto del país.

En 2016, durante la gestión de Mauricio Macri, se intentó restablecer el equilibrio previsto en el marco regulatorio original (Revisión Tarifaria Integral, 2017) y reducir los subsidios para bajar la inflación. Pero ya la población se había acostumbrado a pagar monedas por un servicio caro en todo el mundo, había alterado su patrón de gastos y, en el contexto de la crisis, hubo un fuerte rechazo a los aumentos. Ello contribuyó al descenso de su popularidad y, eventualmente, a su derrota eleccionaria.

Las tarifas están congeladas desde marzo de 2019, con una inflación de 54% ese año y aún mayor el actual. Por efecto de la cuarentena y la caída de la actividad, la situación se ha agravado. Cayó la demanda, aumentó la morosidad y también el robo mediante empalmes clandestinos. Edesur atiende 81 barrios carenciados con medidores comunitarios en la entrada, a nombre de los municipios. Estos deben llevar la electricidad hasta las viviendas, donde suelen hacerse instalaciones precarias, provocando fallas por malas conexiones o exceso de cargas, que la empresa no puede subsanar.

En décadas, ningún intendente les proveyó de cloacas ni de agua ni de gas. En aquellos 81 asentamientos solo llega el cable de Edesur, la denostada empresa privada, para sostener con luz y calor la vida de las familias, en forma gratuita. Pues los municipios, cuyos jefes comunales la cuestionan, no pagan los consumos registrados en esos medidores, como deberían. A pesar de ello, la compañía no corta el servicio, como tampoco a los hospitales, escuelas, guarderías, comisarías u otros organismos de la provincia de Buenos Aires que son morosos. Lo mismo puede decirse de Edenor y demás distribuidoras en el resto del país.

Esos intendentes ahora promueven estatizar Edesur para librarse de las deudas y dar solución política al tema de los cortes, aspirando a una gestión en manos de militantes y confiando en la magia de la emisión monetaria.

Pero todo el sistema eléctrico es intensivo de capital y esos costos son en dólares. En cuanto a los insumos locales y mano de obra, ajustan por la inflación. La estatización de Edesur no podrá superar esas restricciones de la realidad. El aumento de la pobreza y la expansión de los asentamientos en el AMBA son resultado de 30 años de gobiernos peronistas (1987-2015), tanto en la provincia como en los municipios del conurbano. Como bien dijo Gabriel Katopodis, actual ministro de Obras Públicas y exintendente de San Martin: «Esta pandemia puso al desnudo problemas estructurales. Siete millones de argentinos sin agua potable y 20 millones sin cloacas».

Hasta el momento, a pesar de la congelación de tarifas y la caída de ingresos, Edesur cubre sus gastos operativos e invierte sin requerir fondos del Estado. Desde 2019, su accionista mayoritario Enel ha aportado 100 millones de dólares para cubrir ese déficit.

Si Edesur entrase en la órbita política, cooptada por intendentes, militantes y sindicalistas, ¿cuáles serían sus ingresos si se inmovilizan o se retrotraen las tarifas?; ¿cuáles serían sus gastos si el propósito es mostrar que el «Estado presente» es más efectivo que los privados, aun sin recursos? Con seguridad, pedirá subsidios (que ahora no recibe) para atender sus gastos operativos e inversiones.

Actualmente, el Tesoro nacional subsidia la generación eléctrica. En el escenario de la estatización, también deberá proveer de ingresos a la «nueva» Edesur nacional y popular. Pero surgen preguntas inquietantes: ¿cómo se sostendrá el sector eléctrico cuando la inflación se desboque y el Banco Central, bajo nuevo acuerdo con el FMI, contraiga la emisión de dinero y suprima los subsidios?; ¿cómo se financiará entonces la «nueva» Edesur?; ¿cómo mantendrá sus redes y estaciones? Y aun asumiendo que no realice ningún pago a Cammesa por generación y transmisión eléctricas, ¿cómo cubrirá los sueldos de sus empleados, el combustible de sus vehículos, el alquiler de sus inmuebles, sus impuestos?; ¿quién atenderá los llamados con quejas de los usuarios?; ¿tendrá cuadrillas para emergencias?; ¿cómo evitará los apagones?; ¿dónde se esconderán los intendentes?

En ese momento, quienes ahora creen que la emisión monetaria todo lo resuelve se darán cuenta de lo que implica tener accionistas privados (tanto en Edesur como en Edenor) que han podido sostener la compañía en marcha aun en el peor contexto, realizando aportes de capital y sin pedirle fondos al Tesoro.

A menos que se pretenda forzar otra confiscación, una recomposición transitoria es indispensable para todas las distribuidoras. Como en otros países de la región, también enfrentados con la emergencia sanitaria, debe distinguirse entre quienes tienen capacidad económica para abonar las tarifas plenas, de los más vulnerables, que requieren subsidio. Y exigir que los municipios cumplan con sus obligaciones, pues quien no paga no tiene derecho al pataleo.

La solución duradera es la recuperación económica y la creación de empleo genuino, para que la mejoría en los bolsillos de toda la población permita abonar tarifas reales que compensen las tres etapas de la provisión de energía eléctrica, como fue al comienzo. Ese objetivo sería posible en uno de los países más dotados del planeta si el presidente Alberto Fernández adoptase un programa económico que genere confianza, alentando el empleo y la inversión.

En cuanto a los intendentes y activistas del despojo, más vale que, en lugar de protestar, recen para que Enel continúe como accionista de Edesur y no se harte de la Argentina. Pues, de lo contrario, la mitad del AMBA pasará del electrón a la vela.

Fuente: La Nación.