La actividad representa más del 30% del producto provincial. Licencia social, compre provincial y reparto de la renta entre los municipios, las claves.

La minería en Santa Cruz representa el 37 por ciento de su producto bruto geográfico y emplea a más de 6.000 trabajadores en forma directa, sumado a un andamiaje jurídico de “compre provincial” que repercute en toda la zona centro y norte de la provincia. En los últimos años, el promedio de las exportaciones de oro y plata, que tienen como destino principal Suiza, Estados Unidos, Alemania y Corea del Sur, rondó los 1.200 millones de dólares anuales.

A diferencia de Chubut, donde el gobernador Mariano Arcioni intenta infructuosamente desde hace meses habilitar la actividad extractiva, hay licencia social para su producción. El esquema de captación de la renta minera para distribuirla de manera federal entre todos los municipios que el distrito implementó en 2016 es otra de las claves que explican por qué en territorio santacruceño prospera una industria que sus vecinos patagónicos combaten a brazo partido.

De hecho, la minería se declaró actividad esencial en abril del año pasado, tras un pedido formal de la gobernadora Alicia Kirchner. Fue uno de los pocos sectores, además de los hidrocarburos y la ganadería, que no dejó de generar un movimiento continuo de trabajadores. En plena pandemia, el precio del oro y la plata se disparó. Eso motivó que algunos proyectos abandonados dos años atrás fueran reflotados. La empresa canadiense Patagonian Gold obtuvo este año el permiso para el proyecto de oro Cap Oeste y otro de plata en Lomada de Leiva.

“En su momento, la empresa dijo que ese proyecto no valía nada, pero como el precio internacional se fue para arriba, ahora vuelven. No hay que hablar de un nuevo emprendimiento sino de la reconversión de algo que ya existía. Lo abandonaron hace dos años luego de haber mandado a toda la gente a su casa”, sostuvo Javier Castro, dirigente de la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA).

“Los niveles gerenciales de las empresas se borraron, como eran gente de afuera manejaron todo con control remoto. No hubo un reconocimiento por parte de ellos hacia los trabajadores”, se queja.

En 2007, Patagonian Gold (comandada por Carlos Miguens, vicepresidente de AEA, Tim Hunt y Christopher Van Tienhoven) adquirió la infraestructura que pertenecía originalmente a la Barrick y en 2011 llegó a un acuerdo con la estatal Fomicruz que pasó a tener el 10 por ciento de los activos de la firma internacional.

Hay una lectura histórica de por qué esta actividad posee cierta licencia social en Santa Cruz, a diferencia de Chubut. Habría que remontarse a los años 90, durante la primera gobernación de Néstor Kirchner.

“La minería empieza a desarrollarse durante los primeros años de la década del ‘90, donde había una crisis estructural de empleo. Ese primer gran proyecto fue Cerro Vanguardia, que al principio era de capitales nacionales (Grupo Rocca) y que luego, por la escala misma del proyecto, tuvo que venderse”, explica Rubén Zárate, investigador de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral.

Cerro Vanguardia se vendió a la sudafricana AngloGold Ashanti. Esa fue la oportunidad para que la estatal Fomicruz comenzara a participar del proyecto con el 7,5 por ciento de las acciones. “La participación estatal parece clave para la licencia social en la provincia. En Chubut, en cambio y más allá de ser otro tiempo histórico, lo que hay es un rechazo al actual modo de conducción del Estado”, agrega Zárate.

La otra experiencia que hace ver con buenos ojos a la minería en Santa Cruz es Yacimientos Carboníferos Fiscales (YCF), el proyecto minero del primer peronismo que le dio vida a dos pueblos y que luego del desfalco del empresario Sergio Taselli y el desfinanciamiento macrista sigue en pie junto a una central de energía térmica.

Las principales empresas que operan en la provincia son la norteamericana Newmont (Cerro Negro), la canadiense Yamana Gold (Cerro Moro) y Minera Santa Cruz (MSC), que nació en 2001, a través de un joint venture entre Hochschild y Minera Andes, hoy McEwen Mining. Luego están Patagonia Gold, Triton y la mencionada Cerro Vanguardia.

“Además de las empresas que producen, hay otras ocho que están en exploración. El Macizo del Deseado, en el centro y norte de la provincia, posee un 18 por ciento de exploración. Hay mucho potencial todavía”, afirma la ministra de Producción provincial, Silvina Córdoba.

Consultada acerca de por qué en Santa Cruz se puede sostener la actividad sin la conflictividad que existe en otras zonas de la Patagonia, la funcionaria sostiene que “la política minera fue constante a través de los años, y eso se pudo sostener con el respeto de todas las normas ambientales, sumado al fortalecimiento económico de las empresas santacruceñas y el empleo local como pilares”.

La Ley de Zonificación de 2011 marca una línea recta que simula bordear la Ruta Nacional 40 que divide el Macizo del Deseado –que abarca las localidades de Puerto Deseado, San Julián y Gobernador Gregores– de la cordillera, área que busca preservarse teniendo en cuenta que el turismo es otra de las principales actividades económicas de la provincia.

No es sencillo que todas las multinacionales que operan en la provincia cumplan con los porcentajes de empleo local, fijado en una proporción de 70/30. Algunas apenas arañan el 40 por ciento, pero la pandemia aportó información donde antes había opacidad. Como cada compañía tuvo que brindar los datos de cada uno de sus empleados para los controles sanitarios, la provincia consiguió una estadística más o menos fiable sobre el cumplimiento de esta normativa.

“Con esa información, el año pasado reemplazamos más de 600 trabajadores de otras provincias por mineros santacruceños”, agrega Córdoba.

Otra herramienta que contribuyó a generar consenso entre todas las localidades fue la constitución de un Fideicomiso de Responsabilidad Social Empresaria pensado como fondo de desarrollo. Así, el Estado capta parte de la renta minera, entre el 1 y 2 por ciento del precio del oro –al margen de las regalías–, para hacer una distribución federal de recursos.

Esta herramienta fue clave entre 2016 y 2019, cuando la administración nacional de Mauricio Macri suspendió todas las obras públicas en la provincia. Durante los primeros dos años de vigencia de este Fondo, los recursos contribuyeron a cubrir el ahogo financiero. Una vez estabilizada la cuestión fiscal, parte de la renta minera empezó a volcarse hacia el fomento y promoción de las inversiones productivas en la provincia. “De esta manera se logró incidir en la reorientación de la renta minera con el objetivo de mejorar el desarrollo de toda la provincia y no sólo de las localidades que cuentan con explotaciones de estas características”, concluye Córdoba.