La norma, que autoriza a no pagar impuestos a las firmas que puedan demostrar una situación de quebranto o pérdida, está pensada para favorecer casi exclusivamente a YPF.

El miedo de la competencia es que esa concesión le permita al gobierno utilizar a la petrolera de bandera como herramienta para postergar el aumento de precio de los combustibles más allá de fin de año.

El proyecto de ley de Hidrocarburos, todavía no presentado oficialmente, contempla en su Título VII un Régimen especial de cancelación para grandes inversores hidrocarburíferos que genera preocupación entre varias refinadoras, según informaron fuentes del sector privado.

El acuerdo implícito que cerró YPF con el gobierno en marzo contempló un ajuste de precios del 15 por ciento y un posterior congelamiento al menos hasta después de las elecciones de noviembre. En un escenario de inflación mensual del 3% esa situación va generando un atraso de precios que en algún momento debería corregirse.

El tema precios de combustibles no está en la agenda oficial, pero después de las elecciones tampoco va a ser fácil aumentar ya que la inflación no cesa y la gente está realmente complicada, pese al congelamiento de los precios regulados y la estabilidad del dólar oficial.

Lo que buscarían con YPF es que aumente sus precios por debajo de sus requerimientos autorizándola, como compensación, a no pagar ciertos impuestos. De esta manera, el aumento en el surtidor podría terminar siendo menor al esperado, incluso en un escenario de aceleración del dólar oficial como el que se prevé para luego de las elecciones.

El problema es que YPF pareciera ser la única petrolera en condiciones de calificar para este beneficio impositivo, pero al tener el 55% del mercado de ventas de combustibles el precio que le pone a sus combustibles opera como un techo para el conjunto del mercado. Si en ese contexto, alguna firma decidiera poner un precio en el surtidor muy por encima de YPF, automáticamente perdería mercado a manos de la petrolera controlada por el Estado Nacional.

El artículo 75 del proyecto oficial reza que “podrán cancelar sus obligaciones tributarias correspondientes al Impuesto sobre los Combustibles Líquidos y al Dióxido de Carbono (…) con un crédito fiscal correspondiente al monto de las pérdidas netas de todas sus actividades, acumuladas, no absorbidas, y que resulten compensables a la fecha de sanción de la presente Ley”.

Pasado en limpio, aquellas empresas que estén en condiciones de demostrar una situación de quebranto o pérdida se las autoriza a no pagar el ICL y el Impuesto al Dióxido de Carbono.

Además el artículo 73 aclara que “hayan invertido en el bienio 2019-2020 más de mil millones de dólares estadounidenses (USD 1.000.000.000) cada año, (…) exclusivamente en los casos en que sean empresas que refinen, produzcan, elaboren, fabriquen y/u obtengan combustibles líquidos y/u otros derivados de hidrocarburos en todas sus formas, directamente o a través de terceros”.

Con un piso de 1000 millones de dólares de inversión anual, la lista de potenciales beneficiarios se reduce casi exclusivamente a YPF. Tal vez PAE también supere los 1000 millones de inversión, pero en el segmento de refinación y venta de combustible opera con otra sociedad denominada Axion. Por ende, habría que ver si se la considera como grupo económico o se la deja afuera por no ser una misma empresa la que produce y refina el combustible.