Con la inclusión de un listado en el proyecto de Ley de Presupuesto 2021, el Congreso habilitaría dos importantes inversiones para el transporte de gas, destinándole a ambas el equivalente a US$1000 millones en el próximo ejercicio.

Una es la finalización del Gasoducto del Noreste, obra controvertida en su origen, ejecución y destino. La otra sería un gran ducto para exportar gas a Brasil desde Vaca Muerta, ciclópeo emprendimiento que activó a la Cancillería, mientras inversores chinos lo miran con codicia.

La historia presupuestaria local muestra que las proyecciones pueden resultar sólo una declaración de intenciones, en particular si aún no cuentan con el aval formal de la secretaría de Energía. En cualquier caso, muestran la intención política de fogonear las obras.

A instancias del oficialismo, al darle media sanción a la ley alumbrada el martes 17, Diputados reservó 40.000 millones de pesos para concluir el Gasoducto del Noreste, equivalente a unos 435 millones de dólares (al tipo de cambio oficial de 92,75 pesos por dólar), y otros 50.000 millones para un ducto que lleve el gas de Neuquén a Porto Alegre por Uruguayana. Unos 539 millones de dólares adicionales.

Senado también avaló una extensa planilla de gastos extra liderada por los energéticos, que fue y vino de una cámara a otra porque, en la primera sanción de la ley, por un error formal se omitió ese detalle completo.

Tal como consignaron expresamente los legisladores, no se podrá aumentar el nivel de gastos total que había estimado el Ejecutivo. Eso obligará a la Jefatura de Gabinete a reasignar fondos, recortando de algún otro lugar para concretar aquellas iniciativas. Lo mismo para pagar subsidios a los productores del Plan Gas 4, entre otras erogaciones agregadas que hizo el Congreso. Duro desafío económico y político para la administración de Alberto Fernández.

El GNEA es una enorme y lenta obra inconclusa, parcialmente operativa bajo la órbita de Transportadora de Gas del Norte, TGN, sociedad liderada por el grupo Techint. Fue concebida para incrementar las importaciones desde Bolivia e impulsada por el decreto 267 del 2007, pero los trabajos se iniciaron recién en 2014 y resultaron paralizados en 2018. Tanto por la escasez de fondos como por las dudas de la gestión de Mauricio Macri de avanzar en un emprendimiento formalmente objetado por la Sindicatura General de la Nación.

La Sigen alertó sobre la falta de antecedentes de algunos contratistas, la adjudicación a empresas que cotizaron por arriba de los topes oficiales y la falta de análisis previos que justificaran una obra cuyo valor se había estimado en US$1.300 millones que ya insumió más de US$2.300, sin que esté terminado el trecho salteño, nexo con Bolivia.

El emprendimiento se ejecutó en varios tramos y con una metamorfosis permanente de diseño. El segmento de Salta fue encomendado a Vertúa, que suspendió los trabajos con 48% de avance sin salvar la dificultad de eludir con la traza un cementerio sagrado para un pueblo originario de la zona y luego de cobrar anticipos por millonarias tareas no ejecutadas.

La empresa — investigada por presuntos pagos irregulares a funcionarios públicos– ahora demanda al Estado para recuperar su contrato rescindido. Así como el conjunto de contratistas exigen 83 millones de dólares por pagos atrasados.

A pesar de las cuestiones irresueltas, el segmento que enlaza los más de 3.000 kilómetros de caños ya hundidos (técnicamente denominado EPC1) fue relicitado durante la gestión macrista y la única precalificada resultó la constructora de Techint, en sociedad con Peneville. El concurso quedó freezado, aunque la idea que despabila en el Parlamento obligaría a definir el tema.

El holding de Rocca fue el mentor de esta iniciativa en el 2003, cuando el gas no convencional no figuraba en el horizonte argentino. Propuso hacerlo bajo el régimen de iniciativa privada, pero Julio de Vido adoptó la idea para ejecutarlo como obra pública convencional bajo la órbita de Enarsa (Ieasa). Finalmente, el Grupo pudo resarcirse no sólo como operador sino como único proveedor de caños, otro dato de cuidado para la Sigen.

Terminar el tramo 1, nexo con el país vecino, costaría 66 millones de dólares, según una estimación oficial. Pero el plan es extender el tendido a la Mesopotamia para llevar el servicio a quienes dependen de garrafa, ampliando la traza de un gasoducto que tiene amantes y detractores.

El kirchnerismo lo defiende como una herramienta para llevar gas por redes a las provincias del norte y nordeste, apuntalando su desarrollo.

Para las empresas productoras no representa gran cosa, salvo en la medida que ayuda a canalizar el fluido de la cuenca neuquina. La verdad es que la limitada demanda de provincias cálidas y pobres no les eriza la piel.

La administración albertista vino analizando qué hacer con los más de 3.000 kilómetros de caños hundidos, a sabiendas que la producción boliviana viene en declive y que lo mejor es usarla para evacuar el gas de Vaca Muerta. Mientras, el Parlamento cimentó otra obra aún mayor en monto.

Al darle media sanción al Proyecto de Ley de Presupuesto 2021, los diputados incluyeron 406 nuevas obras, algunas con impacto en ejercicios futuros. La mayor parte de los recursos serían destinados a energía, para inversiones centradas en el área trasporte, función tan clave como la existencia de demanda para que Vaca Muerta no quede en promesa.

El listado de inversiones no especifica la obra para aumentar “la capacidad de transporte”, pero el único proyecto en ciernes para el área es otro gasoducto, que permita abastecer al sur de Brasil con el gas no convencional que puede sobrar en el país. Así, al GNEA y a recursos para subsidiar la producción a través del Plan Gas 4, el Parlamento añadió la previsión de fondos para una iniciativa que, en estado germinal, prevé un tendido para unir Neuquén con Porto Alegre por Uruguayana.

La propia vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, puso sobre la mesa nexos con petroleras chinas dispuestas a involucrarse en el emprendimiento que el Gobierno analiza seriamente. El canciller Felipe Solá y el embajador Daniel Scioli ya iniciaron contactos con industriales brasileños para evaluar si existen condiciones de compra que justifiquen la obra, bajo el supuesto de que el gas boliviano irá declinando y Argentina puede sustituirla como proveedor de Brasil.

Luego, debería decidirse bajo qué ley se llevaría a cabo, algo clave para los potenciales inversores de una obra concebida exclusivamente para la exportación. Eso supone, por ejemplo, resolver si el servicio tendrá o no tarifas reguladas y otras condiciones que lo hagan o no viable desde la perspectiva del negocio privado.

El Gobierno prefiere no hablar públicamente de estos temas y puede que la orden parlamentaria no se acate al pie de la letra, pero sin duda alimentará el debate político sobre esos proyectos, obligando decisiones demoradas.

Fuente: Clarín.