El Proyecto de Presupuesto 2027, enviado por el Gobierno nacional al Congreso el 15 de septiembre, no dedica un capítulo específico a la minería, pero sí la ubica como uno de los motores esperados de exportaciones e inversión privada.
La estrategia oficial se apoya en incentivos fiscales, marcos de promoción y capacidad técnica del Estado, mientras que el grueso del capital para nuevos proyectos se espera del sector privado.
En el mensaje económico, el Ejecutivo destaca que la producción de litio creció 44,4% en 2025, con exportaciones cercanas a USD 1.000 millones, y que las ventas mineras totales (oro, plata y litio) alcanzaron USD 6.000 millones, el doble del promedio anual registrado entre 2013 y 2023.
Uno de los instrumentos centrales es el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que ya cuenta con 22 proyectos aprobados y otros 23 en evaluación, con compromisos por casi USD 50.000 millones en todos los sectores. En minería, se mencionan iniciativas de extracción y procesamiento de oro, plata, cobre y litio. Sin embargo, el proyecto reconoce que todavía no puede estimar el costo fiscal del RIGI, ya que la mayoría de los proyectos se encuentran en etapas iniciales.
Distinta es la situación de la Ley de Inversiones Mineras 24.196, cuyo gasto tributario sí está cuantificado: $89.820 millones en 2027, frente a $71.971 millones en 2026, un aumento nominal de 24,8%. Aunque el peso del régimen se mantiene en 0,01% del PIB, constituye la señal fiscal más concreta para el sector.
El SEGEMAR recibirá $19.054 millones, un incremento nominal de 24,3% respecto de 2026. De ese total, $15.358 millones se destinan a remuneraciones, reflejando su perfil científico y técnico. La partida de inversión real directa asciende a $1.096 millones, un aumento de 42% nominal frente al año anterior.
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En contraste, la función “Energía, Combustibles y Minería” suma $6,97 billones, equivalente al 3,4% del gasto nacional, pero está dominada por subsidios energéticos y política hidrocarburífera. No discrimina partidas específicas para minería, lo que evita sobredimensionar su participación en el gasto público.
El proyecto tampoco asigna partidas nacionales para infraestructura minera —rutas, energía, agua, logística—, trasladando esa responsabilidad a provincias y empresas mediante esquemas público-privados o financiamiento compartido.
Con este esquema, la minería aparece como motor exportador y de inversión, pero sin un capítulo propio ni gasto directo en infraestructura. Las señales más claras son los $89.820 millones de la Ley 24.196, los $19.054 millones del SEGEMAR y la expectativa de proyectos bajo el RIGI, cuyo costo fiscal aún es incierto.
