El proyecto de gas y petróleo ha generado una migración de miles de personas en búsqueda de empleo bien remunerado, pero la necesidad de una transición energética justa abre interrogantes.

Para el gobierno argentino, la extracción de petróleo y gas en Vaca Muerta, la vasta formación geológica del oeste de la provincia de Neuquén que alberga algunos de los mayores yacimientos de shale gas del mundo, representa una oportunidad para resolver los problemas de abastecimiento energético, aumentar las divisas y crear puestos de trabajo.

Argentina gastó más de 6.000 millones de dólares en los primeros seis meses del año en importaciones de energía, un 50% más que en el mismo periodo de 2021, un aumento que se explica en parte por las interrupciones en el sector energético debidas a la guerra de Ucrania. Esto ha provocado la caída de las reservas del Banco Central, hoy en 42.000 millones de dólares y que sólo en octubre se han reducido en 100 millones.

“El proyecto puede convertirse en uno de los generadores de materias primas más importantes del país, algo que se necesita urgentemente”, afirma Lara Bernstein, investigadora de la consultora Economía y Energía. En otras palabras, la explotación de Vaca Muerta podría resolver algunos de los problemas del país. Pero la ventana de oportunidad se está cerrando rápidamente en medio de la crisis climática y los compromisos del país para enfrentarla.

Argentina se comprometió a reducir el 19% de sus emisiones de gases de efecto invernadero para 2030 y a alcanzar la neutralidad del carbono -un equilibrio entre las emisiones capturadas y las emitidas- para 2050. Cumplir estos objetivos requiere una transición para abandonar los combustibles fósiles: el sector energético es actualmente responsable de más del 50% de las emisiones del país.

Para Cecilia Nicolini, secretaria de cambio climático del país, Vaca Muerta es una solución a corto y medio plazo, pero no a largo plazo. El gobierno aboga por utilizar el gas natural como combustible de transición en lugar de dar el salto a las renovables, un argumento rechazado reiteradamente por ambientalistas y expertos en cambio climático.

“Desarrollar el gas nos permitirá dejar de importar combustibles líquidos, y exportarlo a países con mezclas energéticas contaminantes, como Chile, que todavía usa carbón”, dijo Nicolini en una reciente entrevista con Diálogo Chino.

Pero, aunque las actividades en Vaca Muerta pueden ofrecer oportunidades a corto plazo para impulsar la economía, el país se enfrenta a un acto de equilibrio en su transición energética a largo plazo.

Dado que los yacimientos de petróleo y gas han atraído a miles de inmigrantes de toda Argentina con la promesa de empleo, los expertos advierten de la necesidad de garantizar una “transición justa” que ofrezca oportunidades sostenibles a aquellos cuyos puestos de trabajo en el sector de los combustibles fósiles puedan desaparecer.

Vaca Muerta y sus trabajadores
Después de que el país llegó a la cifra más baja en la producción de gas y de petróleo en 2014, Vaca Muerta surgió como un sustituto de los hidrocarburos convencionales en el país.

“A partir de Vaca Muerta se ha mantenido el volumen de producción, tanto de gas como de petróleo, y los no convencionales cada vez tienen más participación”, explica Bernstein. “Nosotros calculamos que para 2025 se podrían llegar a producir un millón de barriles al día”.

Para alcanzar dicha producción, será necesario desarrollar más proyectos en la formación de 30.000 km2, que ya alberga cientos de pozos y está dividida en bloques que son propiedad y están operados por la empresa estatal de petróleo y gas YPF, en asociación con varias empresas internacionales. El gobierno espera explotar los yacimientos en la medida en que sea tecnológicamente posible, y ha tratado de subvencionar a las empresas de combustibles fósiles a través de programas como el Plan GasAR, recientemente prorrogado hasta 2028.

Vaca Muerta ofrece ahora salarios que duplican la media nacional, lo que atrae a miles de personas, en su mayoría hombres, que han llegado a la ciudad de Neuquén y a otras localidades de la provincia homónima desde toda Argentina en los últimos años. Los trabajos, aunque bien pagados, son también muy riesgosos, como demuestran los numerosos accidentes de los últimos años.

“En boca de pozo [los trabajos menos especializados y más riesgosos], la paga ronda entre los $300.000 y $400.000 (2.000-2700 dólares) al mes”, asegura Sebastián Cortez, gerente de la Cámara Empresarial Industria Petrolera y Afines de Neuquén (CEIPA), la cual agrupa a empresas de servicios de petróleo y gas. Cortéz cuenta que él comenzó, así, en boca de pozo, y que “si bien el trabajo es duro, la paga es incomparable”.

En 2021, el sector del petróleo y la minería en Argentina empleó directamente a más de 84.000 personas, según el informe del gobierno sobre la dinámica salarial, sin contar la industria de servicios indirectos. La mayoría de los puestos de trabajo en el sector del petróleo y el gas se concentran en la provincia de Neuquén.

Allí, el crecimiento poblacional ha doblado la media del país. En 12 años, se registró un incremento de casi 200.000 personas, algo que algunos medios nacionales han denominado como “el efecto Vaca Muerta”.

“Llegan sin un lugar dónde quedarse”, sostiene Vilma Castro, empleada de la municipalidad de Neuquén. Sobre la avenida Argentina [la calle principal en la ciudad de Neuquén] podes ver de 10 a 20 personas por día de fuera que vienen a buscar trabajo”, sostiene. “Sobre todo he visto gente de Formosa, Chaco, Salta; del norte. Generalmente vienen hombres solos, sin familia. Muchos llegan sin saber qué hacer. Nosotros los asistimos en eso”.

Entre las ciudades con mayor incremento demográfico en la provincia están Rincón de los Sauces, Zapala y San Martín de los Andes. Sin embargo, según Castro, la mayoría de las personas que buscan trabajo en el proyecto se instalan en la capital provincial.

Sindicatos y organizaciones ecologistas como el Observatorio Petrolero Sur (OpSur) denuncian que las condiciones de trabajo en el proyecto son volátiles y están ligadas al precio internacional del petróleo, lo que hace a los trabajadores muy vulnerables a las fluctuaciones.

“Cuando Vaca Muerta comenzó, empleaba a 5.000 trabajadores petroleros. Un año y medio después, 3.500 habían sido despedidos. Esta situación de contratar y luego despedir es recurrente”, dijo Martín Álvarez Mullaly, investigador de OpSur.

¿Una transición energética justa?
En la reciente cumbre del clima COP27, Argentina presentó su plan para cumplir su compromiso climático para 2030. Entre las más de 250 medidas enumeradas en el documento, el gobierno hace una mención explícita a la transición energética desde los combustibles fósiles, que se logrará mediante el desarrollo del sector de las energías renovables.

En su hoja de ruta, el gobierno también incorpora el concepto de “transición energética justa”. Esto se refiere a la consideración de las implicaciones de la equidad y la justicia al abandonar los combustibles fósiles; por ejemplo, los efectos sobre los trabajadores del petróleo y el gas actualmente empleados, a los que habrá que formar y proporcionar apoyo para la transición a trabajos más limpios.

Una economía baja en carbono en América Latina puede generar hasta 15 millones de empleos netos y un 1% de crecimiento neto adicional, según un informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) a partir de 2020. Aunque se perderían puestos de trabajo en la ganadería y los combustibles fósiles, se calcula que se añadirían más en las energías renovables, la agricultura, la construcción y la silvicultura.

Conseguir una transición energética “no consiste en cerrar el grifo del gas y ya está”, como afirma Enrique Maurtua Konstantinidis, consultor argentino en cambio climático. Aun así, confía en que la “oferta de puestos de trabajo que proporcionaría una transición justa podría ser mucho mayor que la que proporciona hoy Vaca Muerta”.

“El gobierno cree que para que el país salga adelante es necesario tener dólares. Y esos dólares se generan con la venta de commodities. Esos commodities son: barriles de petróleo, gas y vacas. Son tres cosas que no forman parte de la solución climática”, añadió Maurtua Konstantinidis.

Para Joaquín Etorena Hormaeche, coordinador de la Alianza para la Acción por una Economía Verde (PAGE), un programa de la Organización Internacional del Trabajo que apoya a los países en su transición hacia economías verdes, son muchas las variables que hay que tener en cuenta a la hora de establecer la velocidad y la dirección de una transición energética justa.

“Tenemos que saber qué tipo de puestos de trabajo pueden generar las distintas fuentes de energía renovables. Por ejemplo, la eólica y la solar requieren, sobre todo, puestos de trabajo en la fase de instalación, pero después el número de puestos de trabajo disminuye significativamente”, ha señalado Etorena Hormaeche.

En 2018, había más de 8.800 personas trabajando en el sector de las energías renovables en Argentina, según las últimas cifras divulgadas por el gobierno nacional, de las cuales 8.329 eran empleos en la construcción -es decir, temporales- y 488 puestos fijos.

Etorena Hormaeche ha trabajado en los últimos años con diferentes actores de los sectores productivos para fomentar el diálogo mutuo sobre la transición energética de Argentina. “Trabajamos directamente con tres grupos: los trabajadores, las empresas y el Estado”, dijo. Sin embargo, cada grupo tiene una idea diferente sobre cómo debe ser la transición energética

Hasta ahora, la prioridad del sector sindical ha sido la seguridad laboral, sobre todo teniendo en cuenta las arriesgadas condiciones de trabajo que suelen darse en el sector del petróleo y el gas. Algunos sindicatos, como la Unión Obrera de la Construcción de Argentina (UOCRA), han empezado a debatir lo que buscan en una transición energética justa, pero no es el caso de la mayoría de las organizaciones de trabajadores más cercanas al sector petrolero.

La Confederación Sindical de las Américas, organización regional latinoamericana de la que forma parte la UOCRA, presentó un documento de posición en la COP27, en el que pide avanzar en una “transición verdaderamente justa”. El documento aborda cinco áreas: transición justa en la región, mitigación, colonialismo, adaptación, pérdidas y daños, financiación y justicia social.

El párrafo final del documento da que pensar: “Sólo cuando la crisis climática se aborde bajo la premisa de la justicia climática, dejará de ser un problema de contabilidad y de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y podrá entonces abordarse en toda su magnitud, considerando su dimensión social e histórica”.

Fuente: Economis