El proyecto enviado por el Ejecutivo al Congreso prevé cambios profundos y la modificación leyes vigentes, que implicarían fuertes aumentos.

El proyecto de Ley Ómnibus que el presidente Javier Milei envió al Congreso Nacional tiene un capítulo completo dedicado a reformas en el sector de la energía. En el texto se prevén cambios en la Ley de Hidrocarburos, en el marco regulatorio del gas natural y la energía eléctrica, la unificación de los entes reguladores, la liberación del precio de las tarifas, la derogación del concepto que indica que autoabastecimiento energético es «objetivo prioritario», la privatización de YPF y la continuidad en las retenciones que paga el sector.

También contempla una nueva normativa para los biocombustibles y en la legislación ambiental que incluye un mercado de derechos de emisión de Gases Efectos Invernadero (GEI).

Entre los principales cambios, la norma modifica el artículo N° 3 de la Ley de Hidrocarburos que preveía como objetivo principal «satisfacer las necesidades de hidrocarburos del país con el producido de sus yacimientos manteniendo reservas que aseguren esa finalidad». Ahora los objetivos principales serán «maximizar la renta obtenida de la explotación de los recursos y satisfacer las necesidades del país».

Por otro lado, el proyecto contempla que el Estado no podrá tener control sobre los precios internos, industrialización y comercialización de los hidrocarburos que extraigan las empresas. Eso incluye a todas las etapas de la producción, por lo que, por ejemplo, no podría volver a fijarse un tope al valor de las naftas. “En el caso de empresas estatales éstas podrán vender únicamente a precios que reflejen el equilibrio competitivo de la industria, esto es a las correspondientes paridades de exportación o importación según corresponda”, añade la norma en línea con la visión oficial sobre lo que deberá hacer YPF con sus precios.

«Los permisionarios, concesionarios, refinadores y/o comercializadores podrán exportar hidrocarburos y/o sus derivados libremente, conforme la reglamentación a dictar por el Poder Ejecutivo, quien establecerá las condiciones para su efectiva entrada en vigencia», reza el texto.

El proyecto pide además la derogación de la Ley 26.741, que había sido sancionada en 2012 por el Congreso, por la cual se había declarado de interés público nacional el «autoabastecimiento de hidrocarburos» a través de la expropiación del 51% de las acciones de YPF. Milei pretende privatizar la petrolera argentina, dando uno de los pasos más importantes en ese sentido. En la misma línea se agrega: «Las provincias y el Estado nacional, cada uno con relación a la exploración y explotación de los recursos hidrocarburíferos de su dominio, no establecerán en el futuro nuevas áreas reservadas a favor de entidades o empresas públicas o con participación estatal, cualquiera fuera su forma jurídica».

En cuanto a las tarifas, habrá un nuevo marco regulatorio para el gas natural y la electricidad. En ambos casos lo que se busca es liberalizar los precios, acelerar inversiones y el desarrollo de infraestructura privada. En enero, de todos modos, comenzarán las audiencias públicas para comenzar con los aumentos en ambos servicios.

El proyecto contempla a su vez la creación del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad, que asumirá las funciones que ahora llevan por separado el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas).

En tanto, el Gobierno busca tener hasta el 31 de diciembre la facultad de crear, modificar, transformar o eliminar los fondos fiduciarios del sector energético, «inclusive los destinados a subsidios, revisando procedencia y destino de los mismos, con el fin de garantizar una mayor eficacia y eficiencia en la asignación de los recursos que los integran y en el control al momento de su implementación y aplicación».

Por otra parte, la norma también prevé cambios en la Ley de Biocombustibles, como el biodiesel y el bioetanol, que son derivados de origen vegetal como el maíz, la soja y la caña de azúcar; con el que se realizan cortes con los combustibles fósiles. «Las empresas encargadas de llevar a cabo las referidas mezclas mínimas obligatorias podrán adquirir libremente biocombustibles pactando en tal caso el precio y el aprovisionamiento de los productos con las empresas elaboradoras de los mismos, al igual que en los casos en que se lleve a cabo la comercialización de biocombustibles que no tenga por destino la mezcla mínima obligatoria con combustibles fósiles», consigna el proyecto. El Gobierno argentino quiere que las petroleras puedan negociar sin interferencia del Estado.

El Gobierno también hizo mención a la transición energética. El artículo N° 320 del proyecto prevé que el Poder Ejecutivo podrá asignar los derechos de emisión de Gases de Efecto Invernadero (GEI) a cada sector de la economía, en el marco de lo comprometido por la Argentina en el Acuerdo de París. «Facúltase al Poder Ejecutivo a establecer anualmente límites de derechos de emisión de GEI, compatibles con el objetivo comprometido, de cumplimiento anual y obligatorio para todos los sujetos del sector público y privado, de forma tal que quienes contaminan sean responsables, en la medida que les corresponda, de cumplir con las metas de emisiones de GEI comprometidas por el país y asumiendo que existirá un porcentaje de nueva capacidad/producción/demandantes a los que también se les deberá asignar derechos de emisión sin costo para que este mecanismo no represente una barrera de ingreso ni discriminatorio», reza el N° 321.

El Gobierno quedaría habilitado a establecer «un mercado de derechos de emisión de GEI, en el cual quienes hayan sobre cumplido su meta puedan vender los servicios a aquellos que los necesiten para lograr su objetivo y evitar la penalización». Asimismo, deberá generar las reglas del mercado de derechos de emisión de GEI, la plataforma de registro de las transacciones y resguardar que no existan posiciones dominantes u oligopolio.

Fuente: 0221